¿Por qué Rosario Murillo miente al afirmar que asesino de embarazada pagará con prisión perpetua?

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que los autores de dos crímenes atroces en contra de dos mujeres en Bluefields y Jinotega pagarían con cadena perpetua, dicha afirmación es “mentira” aseguran diferentes abogados nicaragüenses consultados por 100%Noticias.

“Desgraciadamente hemos tenido dos crímenes contra mujeres en los últimos días, uno Ayapal y otro en una comunidad que se llama Masayita, cercana a Bluefields, esos son los crímenes de odio, esos son los crímenes atroces que se deben perseguir con las penas máximas que tenemos en nuestro país, a cadena perpetua, prisión perpetua, que es lo que se está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia, que aplique, que envíe a la Asamblea Nacional” manifestó Murillo ayer durante su intervención.

Murillo agregó "Lesiones en la cabeza fueron las que se vieron en el cuerpo sin Vida de Elisa Lourdes Flores Rivera, embarazada de 7 meses. Crimen atroz ! Los que cometieron este crimen, tienen que pagar, los que cometieron el crimen contra la Vida de la Hermana, también allá cerca de Bluefields, tienen que pagar, y con prisión perpetua. Porque no se puede seguir tolerando este flagrante irrespeto a la Vida de las Mujeres, y a la Vida de cualquier Ser Humano en nuestro País"

Para algunos abogados dicha afirmación va en contra de lo que establece el artículo 38 Constitución Política en Nicaragua “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo”.

La Carta Magna también dicta en su artículo 37 “La pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años”.

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Abogado penalista de "Acción Penal" Roberto Funez aseguró a 100%Noticias que si un juez penal impone una pena de cadena perpetua estaría rompiendo el Orden Constitucional del Estado que es la Constitución Política como norma suprema que establecen derechos y garantías a los ciudadanos.

“La persona procesada tiene igualdad de condiciones, tiene derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva regulado en el artículo 14 de la Ley Judicial. Aunque una persona se le encuentra culpable por dos o más delitos, la pena que se le imponga no puede superar los 30 años de prisión regulado en el artículo 37 de la Constitución Política, al desacatarlo se violentaría el principio de legalidad establecido en el código penal y código procesal penal, no se pueden imponer pena indeterminada”, explicó Funez.

Según el abogado, un procesado no puede ser condenado hasta que muera y tampoco se le puede aplicar pena que no estén reguladas con anterioridad a los hechos “si los hechos ocurrieron el día de hoy entonces desde ayer o antes tuvo que haber estado vigente una ley que haya reformado la sanción penal por el delito o los delitos que se estén acusando”, expresó.

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El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, (CPDH), Ebert Acevedo coincidió con Funez al reiterar que es imposible que los autores de los últimos asesinatos paguen con cadena perpetua “existe el principio de legalidad el cual contempla que nadie puede ser penado con una pena que no esté previamente establecida en la ley”.

Para la abogada Wendy Flores del Colectivo de Derechos Humanos Nunca más el régimen Ortega-Murillo tiene un “doble discurso” debido a que desde el ejecutivo aprobó un reglamento que desarticuló la Ley 779 Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres.

“Dicho reglamento desarticuló totalmente el tipo penal al reducirlo al ámbito estrictamente privado, contrario a lo que establece la ley de penalizar el delito tanto en el ámbito público como en el ámbito privado”, explicó Flores a 100%Noticias.

La abogada y defensora de derechos humanos también señaló que el régimen eliminó las Comisarías de la Mujer y aprobaron la mediación para los casos de violencia contra las mujeres “restaron autonomía a las comisarías de la mujer, establecieron consejerías familiares para agregar un peldaño más a la ruta de justicia de las mujeres y desactivaron las medidas pre cautelares para las víctimas de violencia que eran orientadas por la comisaría de la mujer”, detalló.

Para Flores, el “doble discurso” también se evidencia en la liberación de más de 22 mil reos comunes en todo el país “la mayoría cometieron delitos contra niños, niñas, adolescentes, y una buena parte de estas personas cometieron delitos sexuales y femicidios contra mujeres y no cumplieron ni la mitad de las penas que les impusieron”.

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Según Flores, creíble sería que se fomente una campaña de prevención de la violencia y que se fortalezca la autonomía funcional las comisarías de la mujer “que se fortalezcan con los equipos interdisciplinarios y equipo de investigación para la investigación de delitos graves”.