Hija de expresidenta de Nicaragua cree que ley de Ortega "asesina" a las ONG

Managua, 6 feb (EFE).- La controvertida Ley Reguladora de Agentes Extranjeros de Nicaragua, promovida y aprobada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), "asesina legalmente" a las ONG del país, denunció este sábado la periodista Cristiana Chamorro Barrios. 

La comunicadora, hija de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), señaló en un escrito al presidente del país, Daniel Ortega, de estar, con esa ley, "asesinando legalmente a la sociedad civil de Nicaragua con amenazas de multas y otros agravios", y pretender declarar extranjero a un nicaragüense en su propio país. 

Chamorro Barrios, fundadora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que anunció en la víspera el cierre de operaciones como consecuencia de la polémica ley que sanciona a quienes reciben financiación y donaciones del exterior, calificó como un "día de luto cívico para las organizaciones de la sociedad civil, que no estamos dispuestas a aceptar ser agentes extranjeros en nuestro país". 

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La también vicepresidenta de la Junta Directiva del diario La Prensa, recordó que ella personalmente interpuso un recurso por inconstitucionalidad en contra de la "monstruosidad hecha ley del sistema político", que no ha sido fallado por la Corte Suprema de Justicia. 

"Si nos inscribimos como agente extranjero, tácitamente estaríamos renunciando a nuestra ciudadanía nicaragüense, que no lo vamos a hacer nunca", explicó la también hija del periodista y héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por criticar al presidente y dictador Anastasio Somoza Debayle. 

"AGRESIÓN A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL" 

Para la periodista, la ley de agentes extranjeros "es también una agresión más contra la comunidad internacional". 

"De entrada los cataloga de enemigos de Nicaragua y presuntos autores de actos ilícitos por trabajar de la mano de la sociedad civil organizada", alegó. 

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Por tanto, según Chamorro Barrios, las ONG no pueden "claudicar aceptando que nos obliguen a renunciar a ser nicaragüenses y seguir trabajando por nuestro país" y por eso mejor prefirieron el cierre indefinido de la fundación. 

"No aceptamos no porque sea malo ser extranjero en Nicaragua, sino porque es una aberración jurídica que no admitimos en consecuencia con nuestra dignidad ciudadana y honra de ser nicaragüense", sostuvo. 

De haberse inscrito como agentes extranjeros, dijo la periodista, la fundación dedicada a defender la libertad de expresión, el acceso a la información pública, y la existencia de un periodismo libre e independiente, tenía que acodar "la supervisión forzada" de parte de las autoridades. 

TRES ONG HAN CERRADO 

Esa controvertida ley fue aprobada el 15 de octubre pasado por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional (Parlamento). 

Conocida en Nicaragua como "Ley Putin" por los opositores, establece multas, sanciones, y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, así como la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en

"cuestiones, actividades o temas de política interna", un concepto que la legislación dejó abierta a la interpretación de las autoridades. 

Asimismo, clasifica como "agente extranjero" a las personas naturales o jurídicas nicaragüenses o de otra nacionalidad "que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua", según el texto. 

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Además de la fundación, han cerrado operaciones por la ley de agentes extranjeros la ONG sueca We Effect, que apoyaba a campesinos pobres desde hace 35 años, y el capítulo Nicaragua de la organización de escritores PEN Internacional, presidida por la escritora Gioconda Belli. 

En tanto, la organización Ética y Transparencia, capítulo en Nicaragua de Transparencia Internacional y dedicado a la observación electoral, no aceptará ayuda internacional, para no verse afectada por esa polémica ley.