Amnistía Internacional denuncia "el silencio a cualquier costo" tácticas de represión en Nicaragua

Tomada de El 19 Digital

En Nicaragua, Amnistía Internacional denunció un recrudecimiento de la campaña de represión contra las voces disidentes a manos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la utilización de nuevas estrategias, esta vez en colaboración con el poder legislativo y judicial, para generar un ambiente de hostigamiento y violencia en el país.

El informe “En Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión” evidencia las estrategias utilizadas por las autoridades gubernamentales donde cualquier persona que se oponga a las políticas del gobierno puede perder su libertad y hasta su vida.

Entre las principales tácticas se registran las detenciones arbitrarias, cargos falsos y cárcel, aprobación de leyes para acallar las críticas y el descenso, y la muerte civil. 

En la primera táctica, Amnistía Internacional señala que el Poder Judicial es una de sus armas favoritas debido a que desde el inicio de las protestas masivas en abril de 2018, las autoridades han llevado a cabo cientos de detenciones arbitrarias, donde las fuerzas de seguridad ignoraron garantías básicas. Tras ser detenidas, la mayor parte de las personas identificadas como opositoras son acusadas de cargos fabricados y llevadas a centros de detención, donde denuncian abusos.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó que, entre abril de 2018 y octubre de 2020, 1.614 personas fueron encarceladas arbitrariamente por su participación en las manifestaciones.

Al respecto los abogados y abogadas que representan a decenas de personas encarceladas por su activismo dicen que actualmente los crímenes que más frecuentemente se les imputan es la extorsión y el tráfico de drogas.

En la segunda táctica, el régimen de Daniel Ortega utiliza al Poder Legislativo o Asamblea Nacional, controlado por diputados del FSLN, el partido de Daniel Ortega, han aprobado leyes que buscan coartar el trabajo de personas y organizaciones consideradas críticas del gobierno, entre el paquete de leyes represivas está la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, Ley Especial de Ciberdelitos y la reforma constitucional que permitiría la aplicación de la sanción de cadena perpetua.

En la tercera táctica empleada se ejerce “La Muerte Civil”. El documento señala que en junio de 2019 Daniel Ortega aprobó una Ley de Amnistía, para excarcelar 104 personas detenidas por su activismo político. Sin embargo, estos ciudadanos todavía no gozan enteramente de su libertad, a pesar de estar fuera de la cárcel. Tanto ellas como sus familias sufren actos de agresión, intimidación y hostigamiento por parte de la sancionada policía sandinista, de las fuerzas parapoliciales o de redes de control local vinculadas con el gobierno.

El recrudecimiento del hostigamiento contra personas encarceladas es una de las tácticas que han caracterizado la represión estatal. En algunos casos, el acoso ha sido tan grave que la CIDH ha dictado medidas cautelares en favor de personas excarceladas.

Recomendaciones

A pesar de que desde el inicio de la crisis sociopolítica Amnistía Internacional emitió recomendaciones, el régimen Ortega Murillo las ignora, pero la organización insta a respetar los derechos humanos de todas las personas en el país. 

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Entre las recomendaciones están: Poner fin al hostigamiento de personas por razones políticas Incluyendo los ataques públicos, el asedio y la criminalización contra personas activistas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y quienes ejerzan su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, derogar las leyes contrarias a los estándares internacionales, devolver a las organizaciones locales los bienes confiscados, restableciendo a su vez sus registros legales, garantizar la seguridad y la libertad de activistas excarcelados, acabar con las detenciones arbitrarias y liberar a las personas detenidas por ejercer sus derechos, fin de inmediato a la estrategia de criminalización y detención arbitraria de estudiantes y otras personas activistas, desmantelar a grupos parapoliciales, entre otras.

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