Daniel Ortega promueve impunidad y repetición de violaciones, señala Alta Comisionada de Naciones Unidas

A tres años del estallido social en abril 2018, el régimen de Daniel Ortega ha perpetuado la impunidad y repetición de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, señala el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a cargo de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.

Según OACNUDH, el hecho de que el régimen no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas a partir de abril 2018 provoca impunidad y fomenta la repetición de dichas violaciones. Este último informe comprende entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, recoge las constantes, ilegítimas y graves restricciones a sus derechos y libertades que enfrentan los nicaragüenses al tratar de expresar sus opiniones políticas y defender los derechos humanos.

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“Fundamentalmente, la persistencia de la crisis sigue enraizada en la fragilidad de las instituciones y del Estado de derecho que se han erosionado progresivamente a lo largo de los años, mientras las violaciones de derechos humanos perpetradas desde 2018 siguen impunes y el espacio cívico se ha restringido aún más”, señala el informe.

El hecho de que el Gob. de #Nicaragua no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de #DDHH ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de dichas violaciones – informe al @UN_HRC

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El informe de la Alta Comisionada señala que los ataques, el acoso y la persecución por parte de la sancionada policía sandinista y elementos progubernamentales (paramilitares) han persistido en los últimos 18 meses contra opositoras y opositores políticos, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, estudiantes, campesinos, medios de comunicación y cualquier persona que el régimen perciba que tiene opiniones discrepantes.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado 83 casos de persecución, acoso y amenazas, incluidas represalias contra personas que cooperaron con la ONU, entre ellas familiares de víctimas.

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Además, el organismo reiteró que los periodistas y medios de comunicación también siguieron siendo blanco de estas acciones “34 casos de intimidación, amenazas y campañas de desprestigio, así como casos en los que se allanaron oficinas de medios de comunicación, se destruyeron sus equipos y se impusieron sanciones administrativas por su labor periodística”.

Hasta el 7 de diciembre de 2020, al menos 110 personas que participaron en protestas o colaborado con grupos de la oposición se encuentran detenidas arbitrariamente, entre ellas 13 que permanecen detenidas desde 2018 “algunas de las personas detenidas habrían sido presuntamente sometidas a torturas o malos tratos”

“Hago un llamado al Gobierno para que libere a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes”, insistió la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Legislaciones represivas

El informe también hace referencia a la aprobación de tres leyes, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y Ley de defensa de la independencia, la soberanía y la autodeterminación que podrían desencadenar acciones negativas para las libertades de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación política, especialmente de cara a las próximas elecciones.

Igualmente preocupante es la reforma de la Constitución para sancionar con cadena perpetua los denominados “delitos de odio”, así como la reciente reforma del Código de Procedimiento Penal que retrasa hasta 90 días la revisión judicial efectiva de una detención. Dado el debilitamiento del Estado de derecho y el deterioro de la separación de poderes en Nicaragua, existe un riesgo significativo de que estas leyes se apliquen de forma selectiva para reprimir aún más las voces disidentes.

“Aunque me alienta ver que ha habido algunas señales recientes de apertura por parte del Gobierno en la colaboración con las agencias de la ONU en la respuesta a la pandemia del COVID-19 y a la destrucción causada por los dos huracanes, lamento que las autoridades no hayan aceptado nuestras reiteradas ofertas de acceso al país y de asistencia técnica para mejorar la situación de los derechos humanos en el país”, dijo Bachelet.

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“El Gobierno debe adoptar urgentemente reformas electorales efectivas y establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad, para allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el próximo 7 de noviembre, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie quede atrás”, subrayó Bachelet.