Daniel Ortega realiza espionaje a opositores destaca informe de Estados Unidos

Tomada de El 19 Digital

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo realizó prácticas de espionaje y violó la privacidad de ONG nacionales, representantes de la Iglesia católica, periodistas y miembros de la oposición, destaca informe sobre derechos humanos divulgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. 

“Hubo informes creíbles de que el gobierno monitoreó las comunicaciones privadas en línea sin la autoridad legal apropiada y, en algunos casos, restringió o interrumpió el acceso a Internet o censuró el contenido en línea”, indica el informe.

Washington reporta que varias ONG reportaron que el régimen sandinista monitoreaba su correo electrónico y su actividad en línea sin la autoridad legal correspondiente. “Los partidarios pagados del gobierno utilizaron los espacios de comentarios en las redes sociales y sitios web para acosar a miembros destacados de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas de renombre”

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Además, el documento resalta que los representantes de la iglesia también declararon que sus sermones fueron monitoreados. 

“Como parte de una campaña continua en las redes sociales contra las protestas a favor de la democracia, los miembros del partido gobernante y los simpatizantes utilizaron las redes sociales para publicar información personal de los defensores de los derechos humanos y los miembros de la sociedad civil” señalan.

A partir de la información privada que reveló el régimen, los partidarios sandinistas marcaron las casas de los miembros de la sociedad civil con insultos o amenazas despectivos y luego publicaron fotografías de las casas marcadas en las redes sociales. 

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“En varias ocasiones, las marcas fueron acompañadas o condujeron a la destrucción de propiedad privada. Aunque la ley prohíbe el uso de drones, algunos miembros de la oposición afirmaron que los partidarios del FSLN usaban drones para espiar sus casas”, indican.

En abril de 2018, Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron a la policía y a las fuerzas parapoliciales reprimir con violencia las protestas pacíficas que comenzaron por el descontento con la decisión del gobierno de reducir los beneficios de la seguridad social. 

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A finales de noviembre de 2018, el conflicto resultante había dejado al menos 325 personas muertas; más de 2.000 heridos; cientos detenidos ilegalmente, torturados y desaparecidos; ya noviembre, más de 100.000 exiliados en países vecinos.

Drones y escuchas telefónicas

(France 24) Dora María Téllez, exguerrillera y disidente sandinista, afirma que este informe es “demoledor” para el Gobierno sandinista y demuestra que las fuerzas del orden están comprometidas con la familia gobernante.

“Se ha acusado al Ejército de proveer armas, información de inteligencia y oficiales a la represión realizada por paramilitares del régimen orteguista en los meses de junio, julio y agosto de 2018, donde fueron asesinados una enorme cantidad de jóvenes”, afirma Téllez y agrega que “la sanción contra el jefe del Ejército (Julio Avilés) es exactamente por haber convertido a las fuerzas armadas en un instrumento más de la familia Ortega, alejándolo de su papel constitucional”.

La disidente asegura que la policía de Nicaragua se ha convertido en una “fuerza de persecución política” y tiene como principal objetivo la “represión, el asedio, la persecución y el espionaje político”. El informe detalla que las oenegés nacionales, miembros de la Iglesia católica, periodistas y opositores alegaron que el Gobierno supervisa sus conversaciones telefónicas y de correo electrónico.

 

Así mismo, “los representantes de la Iglesia también dijeron que sus sermones fueron monitoreados” y miembros de la oposición denuncian el uso de drones para espiar sus actividades, pese a que estos son prohibidos oficialmente.

El Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a 27 funcionarios nicaragüenses cercanos a Daniel Ortega, incluidos el jefe del Ejército, Julio César Avilés, y varios mandos policiales, acusados de participar en violaciones a los derechos humanos.

Hace unos días fue presentada en el Congreso de Estados Unidos una iniciativa de ley nombrada ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, impulsada por demócratas y republicanos, cuyo objetivo es ejercer mayor presión al Gobierno de Nicaragua para aprobar reformas electorales que permitan elecciones “libres y transparentes” en noviembre de este año.

 

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