Esposa de Walter Gómez denuncia que Policía no le permite verlo, "quiero ver si me lo golpearon"

"Lavado de dinero cometen quienes están sancionados por EEUU" aseguró Chamorro y defendió que "ningún funcionario de la FVBCH ha cometido lavado de dinero"
Tomada de Twitter

Totalmente en indefensión y con un rosario de al menos diez derechos violentados, se encuentran Walter Gómez y Marcos Fletes, exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, secuestrados por el régimen de Daniel Ortega, a quienes se les llevó a los juzgados ayer domingo para una audiencia de "garantías" donde no tuvieron derecho a su defensa. La audiencia fue secreta y no estuvieron presente los abogados de Gómez y Fletes, denunció Cristiana Chamorro Barrios, la abogada Orieta Benavidez y Consuelo Céspedes esposa de Gómez.

Chamorro denunció posibles "torturas" contra Gómez y Fletes, ya que es una práctica del régimen para presionar a declarar a los presos políticos y opositores a declarar contra si mismo y hasta mentiras contra objetivos del régimen, en este caso Cristiana Chamorro, quien ha denunciado una persecución, una investigación y juicio político bajo la figura de supuesto "lavado de dinero".

                                                   

"Lavado de dinero cometen quienes están sancionados por EEUU" aseguró Chamorro y defendió que "ningún funcionario de la FVBCH ha cometido lavado de dinero"

Consuelo Céspedes esposa de Gómez dijo que le han recibido los tres tiempos de comida en estos días, pero "no lo hemos visto". 

"Mañana hay visita, estoy confiando en cristo de que mañana yo pueda verlo, se lo llevaron de mi casa y quiero ver si no me lo golpearon o que le están haciendo" aseguró Céspedes quien denunció que desde hace 15 días, los estaban asediando en su casa de la colonia el periodista, hombres en un vehículo y motorizados."Alapar de mi casa hay una venta, ahí se llegaban a sentar, descaradamente con teléfono y eso fue durante 3 semanas" reveló Consuelo. Vale destacar que lo mismo ocurrió con Marcos Fletes, según versiones de la familia expresadas en el Diario La Prensa. En esta conferencia no estuvo presente ningún familiar de Fletes, quien era el contador de la fundación.

Cristiana Chamorro destacó los diferentes derechos violentados a Fletes y Gómez, entre los que destacan el derecho a la defensa contemplados en el artículo 34 de la constitución política y el artículo 94 del código procesal penal. 

"Pasaron por encima de la ley y la voluntad de Marcos y Walter al realizar una audiencia de forma secreta, sin la presencia de los abogados defensores a quienes habían nombrado" expresó Chamorro.

"No se ha respetado este derecho, por el contrario, han presumido la culpabilidad de Marcos y Walter aun cuando se presentaron voluntariamente a declarar ante el Ministerio Público y ante la opinión pública han sido presentados como culpables" especificó Chamorro. 

El derecho a ser informado de los cargos en su contra, derecho a ser informado en el momento de su comparecencia o de su detención de manera clara, precisa y circunstanciada y específica acerca de los derechos que se le imputan, también fue violentado por los organismos de represión del régimen. 

Así mismo el derecho a comunicarse con un familiar o abogado de su elección dentro de las primeras 3 horas, también fue transgredido por la policía y el poder judicial. Este derecho está contemplado en el artículo 95 numeral 3 del Código Procesal Penal.

"La Policía Nacional les negó ese derecho desde el 28 de mayo del 2021 en horas de la tarde. Ni sus familiares, ni los abogados defensores han tenido información real de su ubicación, ni de su estatus personal. Se encuentran incomunicados y aislados como mecanismo de presión e intimidación. Cualquier prueba obtenida mediante coacción o intimidación contra en nula por violación de sus derechos fundamentales" reprochó Cristiana durante la conferencia de prensa.

Chamorro denunció la falta de independencia de los poderes del Estado, con la evidencia del comunicado emitido por el Consejo de Comunicación, dirigido por Rosario Murillo, que informó sobre la audiencia de "garantías constitucionales" que realizaron en los juzgados. Una total "subordinación del poder judicial al poder ejecutivo". 

                                                    

El derecho a la dignidad de los dos extrabajadores secuestrados con lujo de violencia, también fue pisoteado por el régimen y agregaron la violación al principio de proporcionalidad establecidos en el artículo 166 del Código Procesal Penal.

"Al prolongar el secuestro bajo la figura de medida cautelar de prisión preventiva hasta por 90 días, con el objeto de “ampliar la investigación” sin ninguna justificación, medida cautelar que riñe con la Constitución y los derechos humanos, cuando la investigación de la fiscalía no requiere ser ampliada. Todas las pruebas siempre han estado en poder del Ministerio de Gobernación y las autoridades del Ministerio Público tuvieron suficiente tiempo para concluir su investigación" reiteraron en la denuncia pública esta tarde.

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