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Reportan en Nicaragua 128 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en noviembre

El documento señala que, de los 128 casos registrados, estos recayeron en 32 víctimas (21 personas naturales y 11 medios de comunicación).
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El informe de violación a la Libertad de Prensa del diario La Prensa ha documentado 128, aumentando 21 más las agresiones contra periodistas y medios de comunicación independientes por parte de la dictadura y de fanáticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes mantienen hostigamiento sobre los comunicadores críticos al gobierno.

“En el mes de noviembre se emitieron un total de 20 alertas y se dio seguimiento a 2 alertas generadas en el mes de agosto de 2021. En total se documentaron 128 casos de violaciones a la Libertad de Prensa; 99 fueron perpetrados contra medios de comunicación (77.3 %) y 29 contra personas naturales lo que corresponde a (22.7 %)”, indica el informe de violaciones a la Libertad de Prensa publicado por el diario La Prensa.

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El documento señala que, de los 128 casos registrados, estos recayeron en 32 víctimas (21 personas naturales y 11 medios de comunicación).

De los 128 casos registrados en noviembre, ocurrieron 48 agresiones y ataques a la Libertad de Prensa, 2 detenciones arbitrarias, 8 discursos estigmatizantes de parte de la dictadura contra periodistas independientes, 1 indicador de género, 6 restricciones al acceso a la información, 1 restricción en internet y 62 abusos de poder estatal contra los hombres y mujeres de prensa.

Reporteo peligroso

La situación para ejercer el periodismo en Nicaragua se hace cada vez más peligrosa y quienes se atreven a informar, sufren de constante asedio, amenazas y hostigamientos de parte de fanáticos de la dictadura, quienes han manchado las paredes de las viviendas de algunos periodistas independientes con el objetivo de callarlos.

“Es necesario señalar que la práctica periodística en Nicaragua cada día se ejerce en condiciones más adversas y ambientes más hostiles. Durante noviembre logramos comprobar que 5 comunicadores fueron víctimas de agresiones en más de 2 oportunidades.”, añade el extenso documento.

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En cuanto al asedio y hostigamiento a los periodistas de Nicaragua, el informe indica que “de los 5 comunicadores, 3 son periodistas mujeres, lo que reafirma que en el país ha crecido la represión, el asedio, el hostigamiento estatal y otras formas de intimidación en contra de las mujeres periodistas. En relación al mes de octubre las agresiones contra mujeres periodistas aumentaron en un 10 % lo que representa una tendencia altamente preocupante”, se lee en el documento.

El informe detalla que en noviembre dos periodistas sufrieron varias agresiones, “uno es el caso del periodista del medio digital Artículo 66, Wilmer Benavides, fue víctima de 4 agresiones. Otro caso a resaltar es el corresponsal de Radio Corporación en Jinotega, el periodista Denis Alaniz, que fue víctima de 3 agresiones en el mes”, indica el documento de las violaciones a la Libertad de Prensa.

Periodistas exiliados

En el mes de noviembre La Prensa conoció que 4 comunicadores se vieron forzados a exiliarse para salvaguardar sus vidas; lo que sumado desde mayo hasta noviembre 2021, se contabilizan 45 casos de exilios, “para muchos periodistas es su segundo exilio en los últimos 3 años”, añade el documento.

El informe logró documentar 5 casos de violaciones a la Libertad de Prensa en los cuales las víctimas solicitaron que no se hicieran públicos sus casos por temor a mayor represión estatal.

En conversaciones que este diario sostuvo con algunos periodistas independientes, coinciden que en Nicaragua se está regresando al periodismo de “catacumbas” que se vivió en la dictadura de Somoza.

Proceso electoral sin Libertad de Prensa

Otro de los puntos que denuncia el informe de violaciones a la Libertad de Prensa es que durante las cuestionadas elecciones del pasado mes de noviembre, los periodistas independientes sufrieron asedio y hostigamiento por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Al menos 5 equipos periodísticos internacionales denunciaron la negativa de las autoridades de migración del país para que ingresaran a cubrir las votaciones. En tanto los periodistas independientes nacionales fueron excluidos de la acreditación que brinda el Consejo Supremo Electoral (CSE), y durante las votaciones en la mayoría de los casos se les negó el acceso a los Centros de Votación, en otros casos los periodistas fueron expulsados de las diferentes instancias del Poder Electoral y además imposibilitados de realizar consultas a los funcionarios electorales, en todos los niveles (municipal, departamental y nacional)”, denuncia el informe.

Un el equipo periodístico del diario La Prensa, junto al de Divergentes, Artículo 66 y Nicaragua Investiga “fueron objeto de asedio e intimidación de parte de sujetos paraestatales que amparados en el poder político del partido sandinista violentan la ley, los derechos de los ciudadanos a estar informados y el de los periodistas de buscar, recibir y difundir información”, señala el documento.

Por otro lado, durante el mes de noviembre, los medios de comunicación La Mesa Redonda e Intertextual denunciaron ataques cibernéticos a sus plataformas en las cuales se hace cobertura periodística independiente.

Aumenta preocupación por aplicación de Ley de Ciberdelitos

Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta por el gremio periodístico, los medios de comunicación y la ciudadanía que utiliza las plataformas sociales para opinar sobre la situación sociopolítica del país es que en el período que comprende este informe la Fiscalía de Nicaragua acusó al menos a 6 opositores nicaragüenses en base al artículo 30 de la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos.

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La Ley de Ciberdelitos fue aprobada el 27 de octubre de 2020 en un intento del gobierno de Ortega de amedrentar y silenciar a quienes hacen periodismo independiente y a los ciudadanos que ponen en práctica su derecho a opinar.

“Uno de los acusados por incumplimiento a la mencionada ley, es un campesino originario de Pueblo Nuevo en el departamento de Estelí, sus familiares aseguran que no tiene acceso a internet, sin embargo el proceso judicial sigue su curso”, señala el documento.

En casos anteriores al de este campesino, la Fiscalía ha utilizado como prueba de incumplimientos a la oprobiosa ley, mensajes compartidos por los acusados a través de la aplicación de mensajería WhatsApp y publicaciones en la red social Facebook.

El informe también denuncia que las instalaciones del Diario La Prensa y del Hoy, continúan tomadas por agentes de la sancionada Policía.

El documento también denuncia que autoridades de la Dirección General de Aduanas (DGA) mantienen retenidas las bobinas de papel y tintas importadas por el diario y que son utilizadas para la elaboración de periódicos.

“La Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) sigue siendo una región peligrosa para ejercer el periodismo, las víctimas siguen recayendo entre las mismas mujeres periodistas que a pesar de las agresiones se mantienen informando”, finaliza el documento.

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