Régimen de Daniel Ortega ausente en audiencia pública de la CIDH

El régimen de Daniel Ortega estuvo ausente en la audiencia pública sobre la “Situación de los derechos humanos en el contexto de impunidad en Nicaragua”, lo cual refleja la falta de compromisos del Estado por el respeto a la institucionalidad y derechos humanos.

La relatora de la Comisión Interamericana (CIDH) para Nicaragua, Esmeralda Arosemena, lamentó la ausencia de los representantes del Estado de Nicaragua “Me quiero dirigir al Estado de Nicaragua, al gobierno Ortega Murillo es lamentable que no estén presente, qué sus autoridades no puedan estar hoy con nosotros (...) lamentamos que no estén presente e insistido la oportunidad de dialogar de escucharle, pero lamentablemente no hemos obtenido una respuesta”

Arosemena señaló que es responsabilidad de los Estados la búsqueda de una respuesta a la protección de la democracia, Estado de derecho e institucionalidad.

“Hoy nos describen de una manera muy clara y yo puedo hacer enumeración de palabras operación limpieza, criminalización masiva, secuestros exprés, torturas y violencias, una lista de expresiones que recogen esta realidad y que efectivamente tenemos la responsabilidad de atender”, continuó

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En este sentido, la relatora señaló que el sistema de justicia nicaragüense es el principal responsable del no acceso a la justicia, es decir que ese derecho está siendo vulnerado.

“La impunidad en la investigación de los hechos de estas violaciones, pero por otro lado la represión y la criminalización absoluta de las personas que defienden los derechos humanos (...) la situación del sistema judicial es clave, si bien, el órgano legislativo puede aplicar o promover estas leyes y tener un sistema de justicia que frente a esas leyes está obligado por los tratados de derechos humanos a usar ese orden jurídico y no esas leyes represivas”

Arosemena reiteró el compromiso de la CIDH para avanzar hacia una estrategia desde la visión regional “no podemos dejar pasar más tiempo en esta situación”

También el Comisionado de la CIDH, Joel Hernández García hizo hincapié en la ausencia del régimen Ortega Murillo “Una vez más vemos la ausencia del Estado, una ausencia que venimos observando de larga data desde hace más de 4 años, cuando yo ingrese a la comisión el primer mandato teníamos ya una ausencia permanente de Nicaragua en nuestras audiencias, pero el ausencia se ha vuelto aún más grave después del estallido social de abril de 2018, si bien, hubo una ventana de oportunidad para una presencia tanto de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, esa ventana se cerró en diciembre de 2018 y desde entonces hemos padecido de la ausencia del Estado por qué es grave, grave porque no podemos entablar un diálogo (...) la ausencia lleva implícita la negación del estado a la realidad que se viene viviendo en Nicaragua”

Durante la audiencia, Natalia Yaya, expuso que previo a las elecciones generales, el régimen trazó una línea represiva bajo la justificación que se estaba “gestando” un supuesto “golpe de Estado”, por lo cual encarceló a más de 50 opositores, entre ellos 7 candidatos a la presidencia por la oposición.

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Yaya rechazó la aplicación de la Ley Especial de Ciberdelitos, la cual riñe con la convención interamericana “Se ha aplicado de forma totalmente contraria a la convención interamericana, por ejemplo, el pasado 28 de febrero Irving Larios fue condenado a 13 años de cárcel por conspiración y ciberdelitos por publicaciones compartidas en su cuenta personal de Facebook referidas a la pandemia de covid-19 y a la coyuntura sociopolítica del país”

Con esta ley fueron condenados los presos políticos Donald Alvarenga, Samantha Jirón, Nidia Barbosa y Eveling Pinto.

“Lejos de atender las recomendaciones nos preocupa profundamente que se busque profundizar estos instrumentos de criminalización pues desde el pasado 12 de febrero la asamblea la legislativa anunció proceso de revisión y consulta de la normativa penal hasta la fecha se conoce públicamente el Ministerio Público, Policía y la Corte Suprema coinciden en señalar que el marco legal creado en estos últimos años fortalece la labor del poder judicial y que aún puede continuar profundizándose más bajo esa misma orientación” advirtió

Abogan por las 14 presas políticas 

Violeta Delgado del Movimiento Autónomo de Mujeres visibilizó la situación de las 14 presas políticas que sufren aislamiento y tratos crueles e inhumanos.

“La más joven Samantha Jirón con 21 años y Violeta Granera y Nidia Barbosa de 70 y 66 años de edad, ambas con enfermedades preexistentes y desarrolladas durante su encarcelamiento. Las mujeres han sido objeto de mayor ensañamiento, tal es el caso de Tamara Dávila que ha sido sometida a total aislamiento por 9 meses en una celda totalmente sellada sin tener contacto con nadie más que con sus carceleros, sometida a interrogatorios diarios”, resaltó

La activista lamentó que a pesar que la CIDH adoptó medidas de protección a favor de 22 personas privadas de libertad por razones políticas en el marco del ciclo electoral, el régimen desconoce dichas resoluciones. 

Ligia Gómez solicitó medidas extraordinarias para garantizar la rendición de cuentas en Nicaragua sobre las violaciones de derechos humanos. 

“Daniel Ortega no representa la voluntad popular. más bien es el resultado de un sistema ilegítimo que solo refuerza sus medidas coercitivas contra la sociedad (...) hemos denunciado en las últimas semanas y hemos sido testigos de la consolidación de la persecución judicial (...) juicios ilegales, arbitrarios y violatorios del debido proceso, esos hechos que podrían constituir crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos merecen ser investigados y castigados, por esta razón nos sumamos a la solicitud de medidas extraordinarias para garantizar la rendición de cuentas en Nicaragua sobre la violaciones de derechos humanos que el régimen sigue cometiendo en el país incluyendo las relaciones al derecho de votar y ser votado”, manifestó

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María Luisa Gómez del Instituto Raza e Igualdad resaltó que la situación de impunidad estructural es absoluta y tiene consecuencias gravísimas en los derechos humanos de los nicaragüenses.

Gómez pidió la liberación inmediata de los prisioneros políticos, fin de la criminalización, derogación del marco legal y revocación de las sentencias condenatorias.

También restituir la personalidad jurídica de las asociaciones canceladas, así como la evolución de sus bienes. Adicionalmente, solicitaron a la Comisión mantener una estrecha coordinación con el sistema de las Naciones Unidas.

“Impulsar el establecimiento de un mecanismo internacional de investigación y verificación de hechos que permita avanzar hacia la rendición de cuentas y sanción de los responsables, tercero, emita un pronunciamiento conjunto sobre los alcances de la situación de impunidad estructural en el país y la necesidad de avanzar hacia procesos de rendición de cuentas a nivel internacional, cuarto, celeridad a los casos que actualmente se encuentran en trámite bajo su conocimiento para contribuir a los procesos de justicia y reparación al país, insista en su solicitud de realizar una visita in situ al país para verificar las condiciones en las que permanecen las personas presas por motivos políticos”, expresó