Familia de joven asesinado en Estelí huye a EEUU por amenazas
Cuarenta días después que salieron de Estelí a causa de las amenazas del Frente Sandinista en su contra, la familia de Orlando Pérez Corrales llegó a Nuevo Laredo a entregarse a las autoridades fronterizas de Estados Unidos para solicitar asilo.
La profesora Socorro Corrales junto a su hija, su yerno y su nieta pretenden “seguir buscando justicia” desde otro sitio, donde sus vidas no corran peligro.
Desde el 20 de abril, cuando Orlando Pérez fue asesinado por dos disparos certeros en el Parque Central de Estelí, su familia no ha cejado en su exigencia de justicia y castigo para sus verdugos. La profesora Socorro Corrales llevó su reclamo ante la Policía, la Fiscalía (la departamental y la nacional), el Instituto de Medicina Legal (consiguió la exhumación de su hijo para realizarle un análisis forense) ante el palacio municipal y nunca obtuvo, siquiera, una aproximación al esclarecimiento del crimen.
Esta madre, fundadora del movimiento Madres de Abril una de las primeras en protestar sin ambages en abril al inicio de la rebelión cívica, salía a las calles a marchar con el retrato de su hijo en la camiseta. No descansó increpando a los que, según ella, son los culpables por el asesinato de Orlando: “Responsabilizo a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ellos dieron la orden de disparar”. Las amenazas en su contra alcanzaron a su familia. Aracely Pérez, quien también exigía a diario justicia para su hermano, en la calle y en las redes sociales, comenzó a ser perseguida por paramilitares.
El acoso sucedía en su casa y en su trabajo, según Aracely Pérez. Su esposo, Norman Rodríguez, “recibió amenazas de muerte por tranquista”. “Unos amigos que tenemos en los juzgados de Estelí nos advirtieron que estaban preparando órdenes de captura para los tres: para él, mi mamá y yo”, contó Aracely Pérez a Confidencial vía telefónica desde Estados Unidos.
La familia de Orlando ya conocía de las amenazas. La advertencia que les hicieron esas fuentes de confianza en los juzgados les obligó a tomar la decisión que estaba planteada como la última salida: huir hacia Estados Unidos en busca de asilo. Madre, hija y yerno vendieron sus vehículos y empeñaron la casa donde vivía Orlando en el barrio Juana Elena Mendoza para poder costear los gastos del viaje.
Partieron hacia Honduras la madrugada del 12 de julio, donde tenían programada para el primero de agosto una cita en la embajada estadounidense de ese país para solicitar una visa de turista convencional. Les fue negada. En esos días, Aracely Pérez tuvo una emergencia médica. No era a causa de su embarazo. Fue operada de la vesícula. El costo de la cirugía desajustó el presupuesto para llegar a la frontera México-estadounidense. Sin embargo, siguieron el trayecto.
En buses, y pasando las fronteras legalmente, llegaron al límite de Guatemala con México. Allí las asaltaron, pero antes pudieron negociar una visa humanitaria para cruzar México vía área de forma irregular. Pagaron 9 mil dólares. El presupuesto quedó trastocado.
En un centro de detención
En Nuevo Laredo, la profesora Socorro Corrales y su familia se entregaron a inmigración norteamericana. Fueron recluidas en un centro detención donde explicaron la situación de persecución por la que huyeron de Nicaragua. Los procesos de asilo toman alrededor de dos años, y, mientras se dilucidan, un juez debe decidir si esperan el juicio adentro o fuera del centro de detención. Aracely Pérez es la única de la familia que ha salido del centro de detención. Aceleraron su proceso debido a su estado de embarazo y por su hija de siete años de edad, la sobrina que adoraba a Orlando Pérez.
“El gobierno de Ortega quiere callar las voces de quienes protestan y piden justicia. Hay miles de personas en el exilio como nosotros, y eso no es normalidad”, criticó Aracely Pérez. “Yo quería seguir la lucha por mi hermano en mi país, ¿pero qué haría mi mamá con otro hijo muerto? Se muere también…”.
Conseguir el asilo en Estados Unidos será difícil ante la dura política migratoria de Donald Trump. Sin embargo, ellas no pierden “la fe”. Más bien siguen denunciando las “manipulaciones” en torno al caso de Orlando Pérez. La “Comisión de la verdad, justicia y paz”, conocida como la “Comisión Porras”, asegura en su lista de fallecidos que Orlando Pérez murió el 4 de julio “en un tranque”, cuando en realidad el universitario falleció el 20 de abril. En esos días iniciales de protesta, ningún tranque había sido levantado en el país.
“Es una burla total a nuestro dolor. Tenemos pruebas de sobra que mi hermano fue asesinado el 20 de abril. Por eso salimos de Nicaragua, porque queremos llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque eso nos cueste diez años, vamos a luchar y luchar”, aseguró Aracely Pérez.