Control de la Asamblea Nacional para desmontar al régimen de Daniel Ortega

El poder legislativo, controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo desde hace más de una década, brinda algunas llaves constitucionales que resultan primordiales ante una eventual transición de régimen, sobre todo para desmontar el actual aparato estatal que propicia las violaciones a los derechos humanos y restaurar el estado de derecho en el país. Aunque una mayoría en el Parlamento es clave, los grupos opositores hablan abiertamente de figuras presidenciales y planes de gobierno, pero no de diputados que puedan ganar esos curules.

No existe siquiera un consenso que defina la escogencia de candidatos a legisladores opositores, y la población mira el tema con sobrada suspicacia. Un ejemplo claro de ello fue cuando se filtró una lista de candidatos a diputados de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). La opinión pública, lejos de entablar un debate al respecto, satanizó la lista, aduciendo que los propuestos estaban en busca de cargos. El tema fue sepultado.

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De acuerdo con la lista de atribuciones que la Constitución Política del país delega en el órgano legislativo, la Asamblea Nacional se perfila como un ente crucial para una transición democrática. Para algunos especialistas entrevistados para este análisis, tiene igual relevancia —o mayor en ciertos casos— que el mismo Ejecutivo.

Las 32 facultades del Parlamento

La Constitución del país en su artículo 138 le confiere al Parlamento 32 facultades, en las que sobresale la elección de los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Consejo Supremo Electoral (CSE), el superintendente y vicesuperintendente de bancos, el fiscal general de la República, los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, y al procurador de derechos humanos. Todos estos cargos de contrapesos son elegidos en el plenario. La llave de estos candados se la queda quien obtenga una mayoría del 60%, es decir, 56 diputados.

Si la oposición perdiera la oportunidad de convertirse en una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, «habría una suerte de ingobernabilidad», según especialistas en el tema. | Redacción Abierta

Más allá de legislar, aprobar y derogar leyes, expertos en derecho constitucional como Eliseo Núñez consideran que ahí radican las razones por las cuales la oposición debe procurar esos votos. “De lo contrario tendrías una suerte de ingobernabilidad”, sintetiza. O peor: no habría capacidad para desmontar el actual sistema orteguista.

Opositores sin consenso

La oposición ha definido algunos mecanismos para la escogencia de candidatos presidenciales. De hecho, ambos bloques han abierto sus inscripciones, pero la selección de diputaciones no ha sido definida.

Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), aseguró que las diputaciones son el mayor factor de división de la oposición. Monterrey aseguró que el tema no ha sido abordado “con nadie”, pero asume que muchos tendrán el interés de ver una cuota de diputados porque, “más que la presidencia, es importante la Asamblea Nacional”.

En el otro bloque opositor —la Coalición Nacional— el tema se ha abordado, pero queda pendiente el proceso de selección. La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), miembro de la Coalición Nacional, creó listas preliminares de precandidatos que fueron filtradas en las redes sociales. Como se mencionó antes, los listados fueron leídos con resquemor por sectores de la población que expresaron su rechazo ante la falta de explicaciones de la UNAB y el prolongado silencio que procedió tras la filtración.

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Alexa Zamora, miembro del actual Consejo Político de dicho movimiento, admite que hubo un error de comunicación y franqueza hacia la población. Si bien es cierto que no irán a unas elecciones sin garantías —dice—, esto no significa que deban dejar de prepararse ante cualquier escenario.

“Es un proceso necesario y que no se debe dejar de trabajar. Creo que como oposición en general hemos sido deficientes al comunicarlo de manera efectiva a la gente”, admite la integrante de la UNAB.

Alexa Zamora, representante del sector de la sociedad civil durante la toma de posesión de miembros del consejo político 2021 de la UNAB. | Redacción Abierta.

Según Zamora, dentro de su movimiento se reconoce la importancia de las diputaciones en un contexto donde el partido de gobierno se ha adueñado de toda la institucionalidad. Ciertos cambios para devolver la independencia de poderes, como la despartidización de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría de la República y la Fiscalía, requieren contar con una mayoría absoluta en el Parlamento. Si la oposición la obtuviese, podría lograr desde la Asamblea dichos cambios.

“Si no presentamos ahorita esas propuestas de ciudadanos que aspiran la Asamblea, vamos a caer en la misma cultura nicaragüense del dedazo”, agrega Zamora. Se refiere a las cuotas de diputados que los partidos políticos del país se han repartido entre ellos mismos y sin la representación de la población.

Desde la Coalición Nacional, el exdiputado José Pallais asegura que es fundamental procurar la mayoría opositora en el Parlamento. “Es la única forma si queremos aspirar a restablecer la institucionalidad democrática del país. También para modificar una serie de leyes antidemocráticas que el régimen ha aprobado y que implica tener la mayoría necesaria para derogarla o modificarla”, asegura el opositor.

Pallais dice que la escogencia de diputados debe ser en consulta popular con la población, a través de macroencuestas y otros procesos que están a la espera de definirse. Sin duda, la oposición se muestra consciente de la relevancia de este tema, pero las dificultades de unificar los bloques opositores impiden que el tema trascienda más allá de las reuniones de cada movimiento. “A todas luces es esencial rozar o superar la mayoría más alta exigida en la constitución para las tomas de decisiones en los asuntos”, asevera.

REDACCIÓN ABIERTA intentó contactarse con José Dávila, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para consultarle sobre este tema, pero no obtuvo respuesta. La Alianza ha reiterado a otros medios de comunicación que no han sostenido conversaciones internas al respecto.

Desmontar la autocracia Ortega-Murillo

Actualmente, el gobierno ha sobrepasado el umbral de la mayoría parlamentaria, que consiste en tener dos tercios de los votos. El FSLN cuenta con 71 diputados que dominan el plenario y acogen las disposiciones del presidente sin mayores dilaciones. Como ejemplo de ello, en 2020, en menos de tres meses la bancada sandinista aprobó un combo de leyes represivas ordenadas por Ortega, que limitan los derechos políticos. Estas son la Ley de Ciberdelitos, Ley de Agentes Extranjeros y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo. Organismos de derechos humanos han identificado que cada una de ellas lleva ingredientes para perseguir a opositores, manifestantes, periodistas y activistas.

Mediante la Asamblea Nacional, el FSLN ha hecho una serie de reformas a la Constitución Política de Nicaragua para instaurar su proyecto político. | Redacción Abierta.

Mediante el control del Parlamento, Ortega también ha reformado la Constitución a su antojo. De esta forma selló a nivel constitucional su pacto con los grandes empresarios al endosar un “co-gobierno” mediante una reforma al artículo 98. En 2014 se eliminó el artículo 147, que ponía un candado a la reelección, debido a que la Corte Suprema lo declaró inaplicable. En el artículo 150 se le otorgó al presidente la posibilidad de dictar decretos ejecutivos de aplicación general, es decir, le otorga discrecionalidad a Ortega de dictar normativas sin necesidad de pasar por el Plenario.

Ortega hizo dichos cambios cuando obtuvo una mayoría en el Congreso. Pero fue hasta 2016, tras los comicios generales de ese año, cuando superó todo umbral. Tras los resultados finales de una contienda marcada por la abstención de hasta un 70%, según el conteo independiente de los partidos políticos, el tribunal electoral le otorgó al FSLN 71 escaños. El resto de sillas fueron relegadas a los partidos colaboracionistas. En julio de ese mismo año, el mandatario sandinista dio un golpe que vaticinaba el control absoluto que lograría en noviembre con las elecciones: el CSE desaforó a 20 diputados opositores del Partido Liberal Independiente (PLI) y su aliado, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

Para el exdiputado Víctor Hugo Tinoco, uno de los legisladores desaforados en ese periodo, la oposición debe procurarse esos dos tercios, para “no andar haciendo concesiones” con una segunda fuerza como el FSLN. Encuestas independientes como CID Gallup ubica al partido de Ortega en un 20% de preferencia. Es decir, si se dieran unas elecciones libres, solo ese porcentaje votaría por Ortega, por lo tanto perdería las elecciones.

“Los dirigentes que dicen vamos en dos bloques, vamos en tres bloques; no están actuando con compasión hacia el pueblo. Este pueblo requiere eso (una mayoría absoluta) si no la situación en el país se va a complicar de manera sumamente grave”, reitera Tinoco.

No basta con un presidente

Con la actual crisis sociopolítica y de gobernabilidad no basta la figura de un presidente. Abogados constitucionalistas como Julio Icaza Gallard han asegurado que la actual Carta Magna necesitará reformas profundas para volver a establecer un sistema democrático.

La Constitución es apenas uno de los retos con los que un futuro Parlamento opositor deberá lidiar. Y para esto se requiere el voto favorable del sesenta por ciento de los diputados, según se establece en el artículo 194 de la Carta Magna. Es decir, al menos 56 legisladores que voten “sí” a los cambios.

Los principales aspectos a reformarse según un análisis a la Constitución realizado por REDACCIÓN ABIERTA y consultados por expertos constitucionalistas, son: 

●  Devolver el candado que impide la reelección e inhibir al cónyuge del presidente a cargos de vicepresidencia.

●  Reformar el artículo 98, a través del cual se establece un “co-gobierno” entre el sector empresarial y el régimen.

●  Eliminar la cadena perpetua revisable que el Gobierno anexó a finales de 2020 por “crímenes de odio”.

●  Destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional y el Consejo Supremo Electoral, por colaborar activamente en el aparato represivo que cometió crímenes de lesa humanidad y fraudes electorales.

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