Arturo Cruz: "CxL no necesita a otra fuerza paga ganar

La afirmación del precandidato de Alianza Ciudadana resulta poco confiable, según el registro histórico de los resultados electorales desde 1990. Los datos son contundentes: un bloque opositor unificado es la posibilidad más clara de ganar una elección que, de antemano, está viciada y controlada por los Ortega-Murillo.

El precandidato de la Alianza Ciudadana, Arturo Cruz, aseguró este martes que el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) no necesita a ninguna otra fuerza política para ganarle a Daniel Ortega el próximo siete de noviembre del 2021, cuando están fechadas las elecciones generales. Sin embargo, la afirmación del exembajador del gobierno sandinista es poco confiable, según una comparación de los resultados electorales históricos desde 1990 a la fecha. 

Cruz pronostica algo que no ha ocurrido desde el 2001 cuando el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) derrotó al sandinismo con el 56% del total de los votos, en una elección que tuvo garantías de transparencia y credibilidad, contrario a lo que se proyecta para noviembre de este año, sumado el estado policial.

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En 2001 Enrique Bolaños ganó la presidencia de Nicaragua y relegó a Ortega al segundo puesto. El mandatario tuvo que aceptar su tercera derrota consecutiva después del fracaso en 1990 y 1996. En aquella elección el caudillo sandinista se presentó como el candidato de la “reconciliación”. Fue la primera campaña que Rosario Murillo dirigió. El rosado “chicha” se impuso sobre el rojinegro pero no consiguió su objetivo. El Frente Sandinista se conformó con ser la segunda fuerza al obtener 42% de los votos.

Aunque la tendencia del Frente Sandinista en las elecciones registradas entre los años 1990 a 2001 siempre fue la de quedar como segunda fuerza, en 2006 la división del liberalismo provocó que Ortega retornara al poder. Pero también el Centro Carter y el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) denunciaron el enigma del 8% de los votos válidos que el Consejo Supremo Electoral (CSE) nunca reveló. 

La victoria de Ortega en 2006 también fue gracias al pacto del caudillo sandinista con el expresidente del PLC y acusado de corrupción Arnoldo Alemán. El pacto, entre otras cosas, permitió la reforma de la Ley Electoral que dispuso que un candidato podía ganar la elección si obtenía al menos el 35% de los votos y un margen de 5% sobre el segundo lugar. 

En 2006 distintas voces recomendaron al liberalismo arreglar sus diferencias y competir en unidad para no dividir el voto. Sin embargo, ni Eduardo Montealegre, candidato de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN-PLI), ni Arnoldo Alemán, líder del PLC, lograron deponer sus diferencias.

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El resultado de la elección fue un 38% para el caudillo sandinista, 29% para Montealegre y el ALN-PLI, y 26% para el candidato del PLC, José Rizo Castellón. El Movimiento Renovador Sandinista (ahora Unamos) recibió el 6% de votos.

Si bien la oposición tenía la mayoría en la Asamblea Nacional, el pacto Ortega-Alemán abrió el camino para consolidar el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El control de los cuatro poderes del Estado iba a ser cuestión de tiempo. Y la unidad, de haber existido en la elección presidencial de 2011, no hubiera garantizado un triunfo de la oposición, porque el Consejo Supremo Electoral (CSE), dirigido por Roberto Rivas, sancionado en 2018 por corrupción, fue el artífice de la maquinaria del fraude sandinista.

En las elecciones de 2011 el CSE se negó a acreditar a los observadores nacionales e internacionales como el Centro Carter, el grupo Ética y Transparencia, el Ipade y Hagamos Democracia. El argumento del Poder Electoral fue que los organismos no eran neutrales. Desde ese momento, Ortega le declaró la guerra a la observación electoral nacional e internacional, y dicha vigilancia básica para la transparencia de toda elección fue anulada por completo. 

Sin observadores nacionales e internacionales que acreditaran la credibilidad del proceso, el resultado favoreció arrolladoramente al oficialismo. El candidato del PLI, Fabio Gadea Mantilla, consiguió el 27% de votos, mientras que el PLC a la cabeza con Arnoldo Alemán recibió el 5%. Los demás partidos no fueron una competencia real. Ese año el Frente Sandinista obtuvo el 62 por ciento de los votos y por primera vez en muchos años, consiguió el control absoluto en la Asamblea Nacional. El resultado amañado abrió puertas para reformas a la constitución a través de la cual aprobó la reelección indefinida, y posicionó a su esposa como primera en la línea de sucesión constitucional. Un resultado cuestionado que refrendaría en la posterior elección de 2016.

Una afirmación para justificar la desunión opositora

Después de realizar este recuento del récord electoral en Nicaragua, la afirmación de Arturo Cruz resulta poco confiable. Primero porque no se puede tomar como fiable un proceso electoral que no ofrece las garantías mínimas de transparencia. Y segundo porque está demostrado que la única forma de ganarle a Ortega es en una alianza opositora sin divisiones. 

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La decisión de la Alianza Ciudadana y CxL, que secunda Cruz, es muy arriesgada. Al no concretarse la unidad con la Coalición Nacional e inscribirse en solitario ante el CSE, la apuesta de obtener el voto útil de la ciudadanía tampoco es segura. Según analistas es toda una moneda al aire, que entra en el terreno de las posibilidades remotas. Lo mejor es simplificar el voto de la ciudadanía en una sola opción. La encuesta de Cid Gallup de febrero de 2021 refleja la enorme desconfianza que tiene la ciudadanía en los partidos políticos. Los datos muestran que el 62% no simpatiza con ningún movimiento opositor.

Y aunque Cruz diga que “la verdadera unión es la de los ciudadanos, esa que estamos construyendo en los campos, en las ciudades, en los barrios, casa a casa”, el panorama en las calles es de desconfianza ante un proceso viciado y controlado por los Ortega-Murillo. La declaración de Cruz tiene un tono más justificante ante la denuncia de la Coalición Nacional de que CxL pretende inscribirse solo ante el CSE este miércoles. Se corre el riesgo de que el voto “útil” al que apela Cruz se convierta en abstencionismo, algo que solo favorece a Ortega. El antecedente claro es la elección de 2016, cuando Ortega se enfrentó a una abstención de más del 70% según la oposición. 

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