Imponen detención judicial de hasta 90 días al presidente y vicepresidente del Cosep

El Ministerio Público (MP) de la dictadura, a través de sus acostumbrados comunicados, informó que este jueves presentó solicitud de audiencia en los Juzgados de Managua contra Michael Edwin Healy Lacayo y a Álvaro Javier Vargas Duarte, presidente y vicepresidente del Cosep respectivamente, y que un juez -sin precisar el nombre del judicial y del juzgado correspondiente- les decretó la detención judicial de hasta 90 días.

Healy Lacayo y Vargas Duarte fueron detenidos este mismo jueves por oficiales de la Policía Sandinista (PS) supuestamente por estar siendo investigados por la comisión del delito de “lavado de dinero bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense y por violación a la Ley 1055".

Se desconoce si el presidente y vicepresidente del Cosep tuvieron la oportunidad de ser asistidos por un abogado de su elección o -al igual que otros presos políticos- les impusieron un defensor público. Ambos se convierten en los reos de conciencia número 38 y 39 capturados en los últimos cinco meses por la dictadura de Ortega y Murillo que han sido trasladados a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como “El Nuevo Chipote”.

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Llamamos al vocero del Cosep, Carlos Rostrán, para conocer detalles de la defensa de los detenidos, pero no contestó a nuestras llamadas.

Colectivo condena detenciones

Actualmente, la dictadura Ortega-Murillo mantiene a 162 presos políticos. En los últimos cinco meses ordenó la captura de 39 líderes opositores, precandidatos presidenciales, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros, quienes han enfrentado detenciones y procesos judiciales irregulares.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó “las detenciones arbitrarias e inconstitucionales contra Michael Edwin Healy Lacayo y Álvaro Javier Vargas Duarte, presidente y primer vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), por parte de la Policía en complicidad con la Fiscalía”.

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“Repudiamos las privaciones a la libertad realizadas en los últimos meses que confirman la sistemática represión y graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Estos secuestros se suman a las personas presas políticas que por meses y años han sufrido en el país torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.El Colectivo exige el cese de la persecución y aplicación de leyes inconstitucionales y arbitrarias y la libertad plena de las más de 155 personas presas políticas en Nicaragua”, exigió el Colectivo, a través de un comunicado.