Urnas Abiertas: “elecciones deben considerarse viciadas de origen e ilegítimas”

Organizaciones presentan radiografía de los abusos y delitos cometidos por la dictadura de Nicaragua en materia electoral para perpetuarse en el poder.

Los fundamentos legitimadores de un proceso electoral íntegro han sido conculcados de manera sistemática mediante la manipulación excluyente del padrón, la persecución judicial de opositores y la exclusión de candidaturas, el uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas y, en general, la falta de garantía de los derechos y libertades por parte del poder ejecutivo y la autoridad electoral, son las conclusiones del informe Nicaragua: Elecciones 2021: Un plan doloso para acabar con la democracia.

Dicho informe fue realizado por el observatorio ciudadano electoral Urnas Abiertas, en colaboración con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, (IDEA Internacional) y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, sobre las condiciones del proceso electoral y la situación general de los derechos humanos.

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“De modo que, la integridad del proceso está comprometida y, en consecuencia, las elecciones del 7 de noviembre de 2021 carecen de legitimidad. La autoridad electoral actúa fuera de los estándares democráticos de imparcialidad y transparencia. Las y los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y los organismos de administración electoral intermedia son militantes sandinistas, se encuentran bajo el dominio del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) o bien son señalados como colaboracionistas con el partido de Gobierno”, señala el informe.

Competencia eliminada y abuso de la dictadura

Urnas Abiertas recuerda que han sido cancelados tres partidos políticos opositores y detenidas arbitrariamente siete personas candidatas a la Presidencia; lo que constituye una inhabilitación de facto, que utiliza métodos ilegales y engañosos para eliminar toda competencia electoral.

“Se ha evidenciado una coacción sistemática para condicionar las preferencias del votante por parte de la autoridad pública. Hasta el 15 de septiembre, se registró uso de recursos del Estado para fines partidarios y electorales del oficialista FSLN. Estos reportes fueron recibidos desde los 17 departamentos y Regiones Autónomas y de 132 de los 153 municipios (86,27%) del país, con la participación de al menos 23 entidades públicas”, cuestionó.

En lo relativo al financiamiento electoral, el informe indica que no se obtuvo acceso a formas de monitorear el financiamiento de los partidos políticos, convirtiéndose este factor en otra fuente opaca de financiación para el oficialista FSLN y de prebendas para los partidos colaboracionistas que participan en las elecciones.

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Situación de los derechos humanos en contexto electoral

Según Urnas Abiertas, el Gobierno ha cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos contra los derechos de opinión, expresión, reunión pacífica, asociación y movilización, irrespetando los principios de no discriminación y no intimidación.

“Desde mucho antes de iniciado el período electoral hubo una continuidad en la persecución de personas opositoras al Gobierno, entre las que destacan aspirantes a candidaturas, periodistas, líderes sociales y personas naturales, en general opositoras. Las restricciones impuestas por el Gobierno se dieron de distintas maneras: intimidación, amenazas, agresiones, campañas de desprestigio, persecución judicial, detenciones arbitrarias, entre otras”, detalla el estudio.

También, la libertad de movilización ha venido siendo erosionada desde 2018 y, en el marco del proceso electoral, se ha observado una continuidad en las restricciones para que las y los nicaragüenses puedan movilizarse libremente, con la variante de que el principal objetivo ha sido limitar la participación política a través de la prohibición de actividades o manifestaciones políticas y sociales organizadas.

Discriminación e intimidación

El informe menciona que el actual proceso electoral ha estado dominado por un clima de discriminación e intimidación contra toda aquella persona que se oponga o se exprese en contra del Gobierno. “Con base en el Observatorio de Violencia Política de Urnas Abiertas, entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de septiembre de 2021, se han registrado 1.513 hechos de violencia política en el marco del proceso electoral”, contabilizó el organismo.

“El desarrollo ilegal y fraudulento del proceso en su conjunto impide toda posibilidad de que los comicios del 7 de noviembre próximo puedan conducir a un resultado que refleje la libre expresión de la voluntad popular, a como exigen los estándares democráticos y los convenios y declaraciones internacionales de derechos y libertades suscritos por el Estado nicaragüense. En consecuencia, estas elecciones deben considerarse viciadas de origen y, por tanto, ilegítimas”, exhortan las organizaciones.

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