“Estado de derecho y derechos humanos en Nicaragua están deteriorados”, según la CIDH

El estado de derecho está debilitado y los derechos humanos están deteriorados en Nicaragua de cara a realizarse las votaciones este próximo 7 de noviembre, según el informe acerca de "Concentración de poder y debilitamiento del estado de derecho en Nicaragua" presentando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La concentración del poder por el ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales y paraestatales avalado por los demás poderes; en concertación con las instituciones de control. No existe en el país un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del ejecutivo”, asegura el informe.

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Este año, la CIDH constató la intensificación de la represión a través de la detención arbitraria y criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo 7 personas precandidatas a la Presidencia, las cuales permanecen privadas de libertad, algunas de las cuales cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En ese sentido, durante el 2021, la CIDH ha emitido 32 resoluciones de medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría, defensoras, líderes de opinión y opositoras al Gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras de derechos humanos y personas precandidatos presidenciales.

Dictadura busca perpetuarse

La CIDH recordó la cancelación de personerías jurídicas de tres partidos políticos y el continuo hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente.

“Con estas acciones, el Gobierno busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad, en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural”, advierte.

La Comisión analizó que esta situación se ha venido gestando desde hace más de dos décadas, con el llamado pacto "Alemán-Ortega" de 1999 mediante el cual se instauró un sistema bipartidista con el objeto de facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública, y que a la fecha continúa vigente.

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“El proceso de concentración del poder en el Ejecutivo se intensificó en el año 2007 al asumir el presidente de la República, Daniel Ortega, su segundo mandato, y se consolidó a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018”, reiteró la CIDH.

Instituciones sin independencia

El informe detalla que “estas acciones pudieron materializarse mediante el concurso de diferentes instituciones estatales, la Asamblea Nacional, las instituciones del Poder Judicial como la Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, así también por la falta de órganos de control independientes e imparciales. Además, se realizaron una serie de reformas en materia electoral, sucesivas hasta el 2021, las cuales, en conjunto, incorporaron reglas que restringen la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos”.

Sobre la permanencia y reelección de un dictador en el poder la CIDH considera de poco sano para una nación. “En la reciente Opinión Consultiva OC-28-21 La figura de la reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciales en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte IDH estableció que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.

Según la CIDH el gran desafío que enfrenta hoy Nicaragua es el restablecimiento de las garantías y libertades fundamentales de un Estado democrático de derecho que permitan retomar la democracia representativa y participativa y la separación efectiva de los poderes.

“Para ello se debe garantizar condiciones para que las elecciones sean justas, libres y transparentes, conforme a los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana. En este contexto, en el informe, la Comisión realiza una serie de recomendaciones al Estado de Nicaragua y a la comunidad internacional”, propone el informe.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.