Parlamento Europeo desconoce mandato de Daniel Ortega con 619 votos a favor, piden sancionarlo

Con 619 votos a favor el Parlamento Europeo aprobó una nueva resolución sobre Nicaragua en la que demanda al Consejo de la Unión Europea desconocer el mandato de Daniel Ortega, incluirlo en la lista de personas sancionadas, así como poner en libertad a los presos políticos

En la resolución, los eurodiputados señalan que el pasado 7 de noviembre el régimen de Ortega “orquestó una farsa para dar la apariencia de un proceso electoral en Nicaragua”, que no fue ni libre ni justo, totalmente antidemocrático, ilegítimo y empañado por el fraude.  

Por lo cual, rechazan la legitimidad de los resultados de las falsas elecciones, y por tanto la legitimidad democrática de cualquier autoridad institucional que surja de esa “votación amañada”

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También reiteraron su llamamiento en favor de la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos arbitrariamente, activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y periodistas, así como la anulación de los procedimientos judiciales contra ellos.

Asimismo, condena los continuos abusos psicológicos y físicos a los que se enfrentan a manos de la policía y las autoridades penitenciarias, e instaron a Nicaragua a cumplir las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Nelson Mandela).

A continuación los puntos aprobados por el Parlamento Europeo:

1. Condena la farsa electoral orquestada por el régimen Ortega-Murillo el 7 de noviembre de 2021, que violó todas las normas democráticas internacionales para unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes; rechaza la legitimidad de los resultados de estas elecciones falsas y, por tanto, la legitimidad democrática de cualquier autoridad institucional que surja de este voto amañado; apoya las declaraciones en las que se afirma que estas elecciones completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático;

2. Pide a las autoridades nicaragüenses que respeten y respeten los derechos humanos y que permitan al pueblo nicaragüense ejercer sus derechos civiles y políticos; pide que se celebren elecciones de conformidad con las normas internacionales y la Carta Democrática Interamericana para garantizar la realización de las aspiraciones democráticas del pueblo de Nicaragua, y que se permita el acceso al país sin restricciones a las organizaciones internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil;

3. Reafirma su solidaridad con la población nicaragüense y condena la violencia, la represión sistemática contra los dirigentes de la oposición política, la represión de los actores de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación, así como sus familiares, y en particular las muertes causadas, la impunidad generalizada por los delitos cometidos contra ellos y la persistente corrupción practicada por funcionarios del régimen nicaragüense; recuerda que estos actos constituyen una clara violación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, y muestran el continuo fracaso del Presidente Daniel Ortega, del Vicepresidente Rosario Murillo y de los funcionarios del régimen nicaragüense para defender esos principios y valores;

4. Reitera su llamamiento en favor de la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos arbitrariamente, activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y periodistas, así como la anulación de los procedimientos judiciales contra ellos; condena los continuos abusos psicológicos y físicos a los que se enfrentan a manos de la policía y las autoridades penitenciarias, de las que las mujeres son blanco particular, y la situación de detención en régimen de incomunicación de algunos de ellos sin acceso a sus abogados, familias o asistencia médica; recuerda que Nicaragua debe cumplir las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Nelson Mandela), que sigue siendo una obligación con arreglo al Derecho internacional; exige que el régimen proporcione inmediatamente pruebas de que las personas encarceladas siguen vivas y pruebas de su paradero; rechaza la decisión del régimen de Ortega de congelar los procesos judiciales en su contra, dando lugar a su detención preventiva indefinida;

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5. Exige justicia y rendición de cuentas para todas las víctimas, de conformidad con las leyes, compromisos y obligaciones internacionales de Nicaragua, mediante investigaciones imparciales, exhaustivas e independientes; insta a las autoridades nicaragüenses a que emprendan profundas reformas estructurales para garantizar las garantías legales mínimas y el debido proceso; condena, además, el aumento de la violencia y la intimidación a que se enfrentan los defensores de los derechos humanos, las personas LGBTIQ, las mujeres y los activistas indígenas en el país, incluidos los feminicidios; insta a las autoridades nicaragüenses a que pongan fin a la represión y a las violaciones de los derechos humanos y a que restablezcan el pleno respeto de los derechos humanos, en particular mediante la derogación de todas las leyes restrictivas e ilegítimas y el restablecimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de defensores de los derechos humanos; pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen la creación de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

6. Reitera que la única solución a la profunda crisis política en Nicaragua es un diálogo nacional inclusivo y significativo, y lamenta la reiterada desvinculación y la reticencia del régimen nicaragüense a hacerlo; observa que la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, el restablecimiento del Estado de Derecho y las libertades, el cese de la represión y el temor, la liberación de presos políticos detenidos arbitrariamente, el restablecimiento del estatuto jurídico de los partidos políticos que fueron cancelados arbitrariamente, el regreso de los exiliados sin exclusiones y con plenas garantías y el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos al país son condiciones sine qua non para cualquier diálogo con el régimen nicaragüense; pide a la Unión y a sus Estados miembros que acompañen los esfuerzos actuales y futuros de la sociedad civil para crear las condiciones para un diálogo que conduzca a una transición democrática, en consonancia con lo establecido en los acuerdos de marzo de 2019;

7. Apoya la declaración de la VP/AR considerando todos los instrumentos a disposición de la Unión para adoptar medidas adicionales, incluidas aquellas que puedan ir más allá de las restricciones individuales, al tiempo que pretenden evitar cualquier medida que pueda aumentar la penuria del pueblo nicaragüense; acoge con satisfacción la inclusión de Rosario Murillo junto con varios otros en la lista de personas sancionadas que se renovó hasta octubre de 2022; pide que se añada rápidamente a Daniel Ortega a la lista de personas sancionadas;

8. Subraya que la corrupción de la que se beneficia directamente la familia Ortega-Murillo y el patrimonialismo del régimen nicaragüense, que también incluye la devastación de los recursos naturales del país, son endémicas y generalizadas y están llevando al país a un colapso económico y humanitario; señala que la UE y sus Estados miembros deben mantener su ayuda humanitaria para apoyar a los más vulnerables, explorando al mismo tiempo medidas alternativas para luchar contra la corrupción generalizada; pide a la Unión y a sus Estados miembros, a este respecto, que supervisen que los fondos europeos asignados, incluso a través de instituciones multilaterales y financieras, no contribuyan a reforzar la corrupción del régimen;

9. Expresa su consternación ante la creciente criminalización y persecución de defensores del medio ambiente en Nicaragua; condena los continuos ataques y agresiones contra el pueblo indígena de Nicaragua; pide al Gobierno de Nicaragua que cumpla las obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo de Escazú;

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10. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que supervisen de cerca la situación sobre el terreno a través de sus representantes y embajadas en Nicaragua, en particular mediante la supervisión de los juicios y mediante la visita de críticos y dirigentes de la oposición en prisión o bajo arresto domiciliario, y que faciliten la expedición de visados de emergencia y proporcionen refugio temporal por razones políticas en los Estados miembros; destaca y elogia el papel clave desempeñado por la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y los periodistas en Nicaragua; pide que el Servicio Europeo de Acción Exterior refuerce su diálogo periódico con las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos y refuerce los mecanismos para apoyar su trabajo indispensable;

11. Lamenta la denuncia de la Carta de la OEA emitida el 19 de noviembre de 2021 por el Canciller de Nicaragua, y destaca que esta decisión también cerraría el acceso del país al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo e implicaría la retirada de sus mecanismos regionales de protección de los derechos humanos; recuerda que, a pesar de su renuncia a la Carta, Nicaragua sigue estando vinculada por sus obligaciones con otros instrumentos de la OEA, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos; subraya que esta retirada puede tardar hasta dos años en entrar en vigor;

12. Pide a la comunidad internacional y a los socios democráticos afines que aumenten su presión política sobre el régimen nicaragüense de manera coordinada en foros multilaterales con el fin de ayudar y conducir a una transición rápida en la que el pueblo nicaragüense pueda recuperar plenamente el orden democrático y la soberanía popular;

13. Recuerda que, a la luz del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos; reitera su petición de que, a la luz de las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación;

14. Reitera su llamamiento en favor de la extradición inmediata de Alessio Casimirri a Italia;

15. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al Parlamento Centroamericano, al Grupo de Lima, al Gobierno y al Parlamento de la República de Nicaragua.

Los resultados de la votación se conocieron al finalizar la sesión que se desarrolló en Estrasburgo, Francia, en la que también participó Josep Borrell, Alto Representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.