Régimen en Nicaragua otorga casa por cárcel a Edgar Parrales y Mauricio Díaz
Ya son cinco los presos políticos adultos mayores enviados a sus casas en menos de una semana.
El Ministerio Público de Nicaragua (MP) informó la noche del jueves que un juez autorizó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a “detención domiciliaria con custodia policial” de los presos políticos Edgar Parrales, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y Mauricio Díaz, exembajador de Nicaragua en Costa Rica. Ambos son adultos mayores con graves afectaciones de salud.
Edgard Francisco Parrales Castillo, de 79 años años de edad fue “detenido por ser autor de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”, indicó la Fiscalía en el documento.
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A pesar de tener medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Parrales cumplió 95 días de detención ilegal y sin acusación formal, explicó recientemente el doctor Noel Alonzo Cano, abogado defensor de Parrales, quien introdujo en los juzgados la solicitud del cambio de medidas cautelares el pasado 18 de febrero.
Parrales fue detenido el pasado 22 de noviembre por civiles que lo secuestraron por brindar declaraciones a los medios de comunicación independientes sobre la salida de Nicaragua de la OEA. Fue trasladado a las celdas de Auxilio Judicial en Managua, conocidas como El Chipote.
De acuerdo con el escrito presentado por Cano, su representado padece "hemicolectomía izquierda y colecistectomía, portador de síndrome de colon irritable, patrón de estreñimiento, diverticulosis, hernia post incisional en línea media y dislipidemia, y así mismo agregado a lo anterior padece de hipoacusia media adquirida irreversible, por lo que se requiere el uso permanente de auxiliar auditivo izquierdo y control audiológico anual y así mismo está padeciendo síndrome urinario bajo con urgencia urinaria y en ocasiones incontinencia”, explica el documento.
Caso Mauricio Díaz
En el caso de don Mauricio José Díaz Dávila, de 71 años de edad, la Fiscalía también solicitó el cambio de medidas cautelares de prisión preventiva a “casa por cárcel”. El exdiplomático fue detenido de forma violenta el 9 de agosto del 2021 por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”, indicó la Fiscalía en su comunicado.
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Mauricio Díaz fue condenado este jueves 24 de febrero a 9 años de cárcel por supuesta "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional". La sentencia la aplicó el juez orteguista Luden Quiroz García, encargado del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio.
La esposa de Díaz confirmó a 100% Noticias que el jueves le practicaron un electrocardiograma y resonancia magnética, que determinó soplo en el corazón del Dr. Díaz.
Al momento de su captura, los oficiales interceptaron a Díaz, golpearon a su hijo y al abogado que lo acompañó minutos antes a la Fiscalía que lo citó para declarar.
Díaz es miembro de Ciudadanos por la libertad, cuya personería jurídica fue cancelada por el Consejo Supremo Electoral, afín a Daniel Ortega.
El pasado 19 de febrero la Fiscalía solicitó el cambio de medida preventiva a arresto domiciliar para los presos políticos José Pallais de 68 años, Francisco Aguirre Sacasa de 77 y para Arturo Cruz de 68 años de edad.
100% Noticias alertó el 16 de febrero que don Arturo Cruz tiene síntomas de Parkinson y en el caso del Dr. José Pallais se desmayó en la sala de juicios.
Según la fiscalía hasta ahora se dan cuenta del estado de salud de estos dos presos políticos pese a que los familiares han denunciado de forma constante.
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“El Ministerio Público, ante el estado de salud de las personas referidas, por razones humanitarias, pidió a la autoridad judicial el cambio de medida cautelar de prisión preventiva, por detención domiciliaria, lo que fue autorizado por la correspondiente autoridad judicial”, finaliza el documento.
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