Nicaragua: lista de familiares y funcionarios de Daniel Ortega sancionados creció en últimos 5 años

Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Suiza han sancionado a más de 50 funcionarios e instituciones del régimen de José Daniel Ortega Saavedra por estar vinculados a violaciones a los derechos humanos y corrupción. Desde el 2017 a la fecha, el Departamento del Tesoro de EEUU es el que más sanciones ha impuesto al círculo de gobierno, que suman un total de 62 funcionarios y algunas  instituciones privadas y públicas. 

En la lista de los funcionarios sancionados figuran Rosario María Murillo Zambrana, esposa de Ortega y vicepresidente de Nicaragua, junto a sus hijos Rafael Antonio Ortega Murillo, Laureano Facundo Ortega Murillo, Juan Carlos Ortega Murillo y Camila Antonia Ortega Murillo.

En esta amplia lista también se encuentran Gustavo Eduardo Porras Cortés, actual presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), José Antonio Castañeda Méndez, el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), Salvador Mansell Castrillo y José Francisco López Centeno, Tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y quien fungió como vicepresidente de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa). De igual manera, Rodolfo Francisco López Gutiérrez, quien fue director gerente de DISNORTE-DISSUR, la Distribuidora Eléctrica del Norte (DISNORTE) y la Distribuidora Eléctrica del Sur (DISSUR). 

Luis Ángel Montenegro Espinoza, titular de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), el segundo titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), José Adrián Chavarría Montenegro, Ana Julia Guido Ochoa, máxima funcionaria del Ministerio Público (Fiscal General de la República) y Alba Luz Ramos Vanegas, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua.

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Entre los alcaldes sancionados están Francisco Ramón Valenzuela Blandón y Sadrach Zeledón Rocha, alcaldes de Estelí y Matagalpa, respectivamente. Y el alcalde de Jinotega, Leónidas Nicolás Centeno Rivera. 

Fidel Antonio Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua (ALMA) y el Secretario del partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Lumberto Ignacio Campbell Hooker, quien es actual magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua.

¿Quiénes son los jefes de la Policía sancionados?

El director general de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz Madriz, el comisionado general Juan Antonio Valle Valle, jefe de la dirección de la Brigada de Tránsito de Managua; el comisionado Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, jefe de la Policía del Departamento de León; Ramón Antonio Avellán Medal, subdirector de la Policía Nacional; al general Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, y el comisionado general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales.

También está sancionada Sonia Castro González; asesora presidencial y extitular del Ministerio de Salud (Minsa); Néstor Moncada Lau, asesor presidencial en asuntos de seguridad en Nicaragua, el asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce Castaño y Mohamed Farrara Lashtar, sobrino del fallecido dictador libio Muamar el Gadafi.

Los antes mencionados fueron castigados por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido en respuesta de lo que denominaron una “elección de pantomima”. Las sanciones se impusieron el pasado 15 de noviembre del 2021.

¿Quiénes son los jefes del Ejército sancionados?

Entre otros funcionarios sancionados están: Julio César Avilés Castillo, jefe del Ejército de Nicaragua, Iván Adolfo Acosta Montalván, primer funcionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Roberto José López Gómez, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Oscar Salvador Mojica Obregón, titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Francisco López, vicepresidente de Albanisa y Orlando José Castillo Castillo, director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). Este último falleció el 2 de junio de 2020.

Las medidas económicas alcanzaron a la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona Castro; al general de brigada Bayardo de Jesús Pulido Ortiz, que ocupa el tercer mayor grado del Ejército de Nicaragua y al mayor general Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, jefe del Estado Mayor.

Entre los sancionados está el general de brigada, Julio Modesto Rodríguez Balladares director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) del Ejército.

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Los dos principales de la Corte, CSE y Telcor

Las dos principales funcionarias de Telcor están en la lista de sancionados: Nahima Janett Díaz Flores y Celina Delgado Castellón, directora general y directora general adjunta (respectivamente) del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). Se suma a esta lista Ramón Humberto Calderón Vindell, un general del Ejército retirado y expresidente de la junta directiva de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).

Los dos magistrados de mayor rango en el poder electoral figuran entre los sancionados. La magistrada presidenta del CSE, Brenda Isabel Rocha Chacón junto al magistrado vicepresidente, Cairo Melvin Amador Arrieta.

Además de Ramos, la magistrada presidenta de la Corte Suprema, también está sancionado el vicepresidente de la CSJ, Marvin Ramiro Aguilar García. Las mismas sanciones llegaron a los diputados Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado y Edwin Ramón Castro Rivera. Se suma a Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) y José Jorge Mojica Mejía, uno de los hombres más confiables de la familia Ortega.

Las sanciones también alcanzaron al Ministro-Secretario Privado para Políticas Nacionales, Paul Herbert Oquist Kelley, quien falleció el pasado 13 de abril de 2021. De igual manera, el ex magistrado presidente del CSE, Roberto José Rivas Reyes, quien falleció el 5 de marzo de 2022. En total son 50 funcionarios sancionados.

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Entre las instituciones y empresas estatales sancionadas están la Policía Nacional de Nicaragua, el Ministerio Público de Nicaragua (Fiscalía General de la República), el Consejo Supremo Electoral (CSE), el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) y la Distribuidora de Petróleos de Nicaragua (DNP). Las empresas privadas son: Inversiones Zanzíbar, S.A., Servicio de Protección y Vigilancia, S.A. (El Goliat); el Banco Corporativo S.A. (BanCorp),  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional R.L. (Caruna), Difuso Comunicaciones S.A. y Mundo Digital S.A. En total son 12 instituciones y empresas sancionadas. 

¿Quiénes fueron los primeros sancionados?

El primer funcionario sancionado fue el ex magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto José Rivas Reyes. Estados Unidos le aplicó la Ley Global Magnistky el 21 de diciembre de 2017 por cometer fraude y corrupción.  

El 31 de mayo de 2018, Rivas Reyes presentó su renuncia después de 23 años como magistrado del CSE. Fue una carrera marcada por denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito, además de los fraudes electorales en favor del gobernante Frente Sandinista.

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El ex magistrado presidente falleció el 5 de marzo del 2022 a causa de un infarto, después de pasar cinco meses en una sala de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El funcionario habría ingresado el 3 de octubre de 2021 al Hospital Metropolitano "Vivian Pellas", en donde fue intubado por complicaciones al presentar Covid-19.

Sanción a Rosario Murillo y más en 2018

El 5 de julio 2018 fueron sancionados Francisco López, vicepresidente de ALBANISA; Francisco Díaz, quien era subdirector de la Policía Nacional en esa fecha y Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, por estar involucrados en graves abusos contra los derechos humanos o que se han involucrado en actos de corrupción.

Cuatro meses después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a dos de los socios más cercanos a Daniel Ortega: la vicepresidente de Nicaragua y primera dama, Rosario Murillo, y Néstor Moncada Lau, quien ha actuado como un Asesor de Seguridad Nacional del Presidente y Vicepresidente.

En ese momento, EEUU señaló: “La vicepresidenta Murillo y sus operadores políticos buscaron sistemáticamente desmantelar las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control sobre el poder”.

Ortega Murillo, Castro, Porras y Mojica sancionados 

En 2019 las primeras medidas económicas comenzaron contra el hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se trata de Laureano Ortega Murillo, el primer hijo castigado. 

"Laureano Ortega Murillo está siendo sancionado por ser un actual funcionario del Gobierno de Nicaragua. En su calidad de Asesor de Promoción de Inversiones de la agencia gubernamental nicaragüense ProNicaragua, actúa como una extensión del presidente Ortega y de la vicepresidente Murillo, supervisando las propuestas y proyectos de inversión. Sin embargo, a partir de 2018, Laureano se dedicó a negocios corruptos en los que los inversionistas extranjeros pagaban por un acceso preferencial a la economía nicaragüense", señaló el Tesoro el pasado 17 de abril de 2019.

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Y agregó: "Además, Laureano coordinó las tareas ejecutivas del proyecto del Gran Canal de Nicaragua, y fue el centro de su creación. A pesar de la pérdida de impulso del proyecto, figuras del régimen de Ortega, incluyendo a Laureano, continúan utilizando a la Compañía del Gran Canal de Nicaragua como medio para lavar dinero y adquirir propiedades a lo largo de la ruta del canal planeada".

Luego, el 21 de julio de 2019 Estados Unidos impuso sanciones contra figuras clave del régimen tales como Orlando Castillo, Sonia Castro, Óscar Mojica y Gustavo Porras, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851 que el presidente Trump firmó el 27 de noviembre de 2018.

Explicaban en el documento de las sanciones que Castillo es el jefe del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo “utilizado para silenciar y manipular a la prensa independiente del país”.

Castro, es la ministra de Salud de Nicaragua que “ha sido responsable directa de negar el derecho de atención médica a los manifestantes heridos, así como de despedir al personal médico que les brindaba ayuda”. 

Mojica es un mayor general en retiro del ejército nicaragüense y actual ministro de Transporte e Infraestructura. “Él acuñó y promovió inequívocamente la campaña sistemática de “exilio, cárcel y muerte” contra el pueblo nicaragüense”. 

Porras es el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua y “arquitecto en jefe de las estrategias legales punitivas del gobierno de Nicaragua contra ciertas organizaciones civiles, en un esfuerzo por paralizar cualquier y todo tipo de descontento” señaló EEUU.

Posteriormente, el 7 de noviembre del 2019 la OFAC del Departamento del Tesoro sancionó a otros tres funcionarios del gobierno nicaragüense, Ramón Avellán, Lumberto Campbell y Roberto López.

“Han tenido un papel en la dirección de entidades involucradas abusos de los derechos humanos, fraude electoral y corrupción”, indican.

En el último mes del 2019, el 12 de diciembre, el Departamento del Tesoro sanciona a otro hijo de la pareja de dictadores, se trata ahora de Rafael Ortega Murillo.

Estados Unidos manifestó a través de su comunicado que ha sido sancionado "Por lavado de dinero y apoyo a la corrupción", pero también sancionan a varias de sus empresas y otras que administra, como la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), Inversiones Zanzíbar S.A., y Servicios de Protección y Vigilancia "El Goliat".

Policía y jefe del Ejército sancionados en 2020

En 2020 por primera vez el Departamento del Tesoro incluye en la lista de sancionados a la primera institución del Estado, se trata de la Policía Nacional de Nicaragua. 

El 05 de marzo de ese año incluyó a la institución policial junto a tres comisionados de está organización. Entre los sancionados se encuentran: El general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, el general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) y el comisionado mayor Juan Valle Valle, jefe de la Dirección Brigada de Tránsito de Managua.

Dos meses después, el 22 de mayo de 2020, Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, por apoyar al corrupto régimen de Ortega. 

“Las continuas violaciones del régimen de Ortega de los derechos humanos básicos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo nicaragüense son inaceptables”, señaló el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.

El 17 de julio del 2020, la OFAC incluyó entre los sancionados a un tercer hijo de la pareja dictatorial, esta vez, Juan Carlos Ortega, así como a José Mojica, Difuso Comunicaciones y Mundo Digital.

"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega; José Jorge Mojica Mejía; y dos compañías que usan para distribuir propaganda del régimen y lavar dinero", se menciona en el comunicado.

El 09 de octubre del 2020, EEUU agregó a la lista de sancionados a la Fiscal General de la República, Ana Julia Guido, Paul Oquist Kelley, Secretario de la Presidencia, junto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (CARUNA).

El 21 de diciembre del 2020, se suman a la lista de  castigados al magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez y el jefe de la Policía en León, Fidel Domínguez.

Sanciones a Camila Ortega Murillo en 2021

En el 2021, el 09 de junio de 2021, el Departamento del Tesoro decide sancionar a la hija de los dictadores, Camila Ortega Murillo, así como al diputado sandinista Edwin Castro, al presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes y el general de brigada, Julio Rodríguez Balladares, director del IPSM del Ejército de Nicaragua. 

Las sanciones ocurren luego que Ortega ordenó el arresto de los aspirantes presidenciales de la oposición y otros disidentes con la llamada "noche de los cuchillos largos".

El 15 de noviembre EEUU sancionó al Ministerio Público junto a los alcaldes Leónidas Centeno, alcalde de Jinotega, Francisco Valenzuela, alcalde de Estelí, y Sadrach Zeledón, alcalde de Matagalpa.

También figuran los funcionarios públicos Salvador Mansell, presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), y Luis Ángel Montenegro, Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF).

En los designados también figuran los ciudadanos José Antonio Castañeda, José Adrián Chavarría, Rodolfo López y Mohamed Mohamed Farrara, quien es originario de Libia, pero con nacionalidad nicaragüense. En total nueve funcionarios y una institución. 

Cabe señalar que ese mismo día, Reino Unido aplicó sanciones a Rosario Murillo Zambrana, Gustavo Porras, Fidel Moreno, Ana Julia Guido, Alba Luz Ramos, Lumberto Campbell, Juan Valle Valle y Fidel Domínguez. En total son ocho los castigados.

También Canadá se sumó a las sanciones incluyendo a: Alba Luz Ramos, Bayardo Arce Castaño, Luis Ángel Montenegro, Mohamed Lashtar, Sadrach Zeledón, Leónidas Centeno, Francisco Ramón Valenzuela, José Adrián Chavarría, Rodolfo Francisco López, José Antonio Castañeda y Salvador Mansell. En total son once los funcionarios sancionados del régimen Ortega en esta ocasión. 

Más militares del Ejército sancionados

El 10 de enero de 2022, día de la posesión ilegítima de Daniel Ortega, EEUU designó al número dos del Ejército de Nicaragua, Bayardo Rodríguez Ruiz, general de división y jefe del estado mayor general del Ejército de Nicaragua y miembro de la junta directiva del IPSM.

También incluyeron en las sanciones a Bayardo Pulido Ortiz, general de brigada y jefe del departamento de personal y cuadros del Ejército de Nicaragua y miembro de la junta directiva del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), así como a Rosa Adelina Barahona De Rivas, ministra de Defensa de Nicaragua y miembro de la junta directiva del IPSM.

Las medidas alcanzaron a Nahima Díaz Flores; la directora de Telcor y directiva de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), Celina Delgado; y al militar en retiro, extitular de Petróleos de Nicaragua y presidente de la junta directiva de Empresa Nicaragüense de Minas, Ramón Calderón.

Ese mismo día la Unión Europea se sumó a las sanciones que incluyeron a siete personas y tres instituciones nicaragüenses: Policía Nacional, Consejo Supremo Electoral (CSE) y al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), que han sido señalados por organismos humanitarios de violar los derechos humanos.

También fueron sancionados los hijos de Ortega, Camila y Laureano, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo; la presidenta del CSE, Brenda Rocha; los magistrados electorales Cairo Amador y Lumberto Campbell; la directora de Telcor e hija del jefe de la Policía Nacional, Nahima Díaz, y el superintendente de Bancos, Luis Ángel Montenegro.

Daniel Ortega y Rosario Murillo no pueden entrar a EEUU

Hasta la fecha, Estados Unidos ha designado a 62 funcionarios, instituciones y empresas del círculo de Daniel Ortega. Mientras tanto, la Unión Europea ha sancionado a 21 funcionarios. Canadá ha sancionado a 35 funcionarios. Reino Unido ha sancionado a 15 funcionarios y Suiza impuso sanciones a 14 funcionarios.

Entre las medidas contra el régimen sandinista, el gobierno del presidente Joe Biden canceló la visa a 116 funcionarios de Daniel Ortega, a quienes responsabilizan de sostener al régimen socavando la democracia del país y los derechos de las personas que han alzado su voz contra la dictadura nicaragüense.

A esto se suma que Estados Unidos prohibió la entrada a Daniel Ortega y Rosario Murillo, a sus familiares y a todos los funcionarios por “la supresión de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua”, señala el comunicado de la Casa Blanca firmado por Biden.

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La medida también alcanza a otros funcionarios sandinistas, migrantes y no inmigrantes, por “implementar o beneficiarse de políticas o acciones que socavan o dañen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua”, se agrega en el comunicado.