Fiscalía sin poder probar "delitos" en 6 días del juicio a Cristiana Chamorro y extrabajadores de FVBCH

La Sancionada Fiscalía, controlada por Daniel Ortega y Rosario Murillo -la pareja que usurpa la presidencia de Nicaragua- no ha podido demostrar la culpabilidad de Cristiana Chamorro y los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

La Fiscalía acusa a Cristiana Chamorro, su hermano Pedro Joaquin y tres extrabajadores detenidos de una serie de delitos prefabricados, como el “lavado de dinero”.

Lea: Buscan a niña nicaragüense arrastrada por el río Bravo en México

El juicio contra los extrabajadores de la FVBCH inició el pasado 3 de marzo y este miércoles, en un maratónico juicio, la dictadura culminó la audiencia a eso de las 11:30 pm. El régimen Ortega Murillo enjuicia en total a siete personas, dos de ellas en ausencia.

Los acusados son Cristiana Chamorro, ex presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Pedro Joaquín Chamorro, Walter Gómez, contador general, Marco Fletes, administrador financiero, Pedro Vásquez, conductor de la exprecandidata presidencial.

“Después de cinco días de audiencia que terminaron a una hora razonable, el Juez de la causa decidió ayer miércoles prolongar la audiencia hasta casi la medianoche de este miércoles 9 de marzo, una clara evidencia de que pretende evitar que la Fiscalía continúe quedando en el ridículo con los testigos que ha presentado”, denunciaron los familiares de los presos políticos mediante un comunicado.

Lea más: Defensora de derechos humanos, culpable de traición a la patria en Nicaragua

“Durante todos estos días de audiencia ha habido una total inexistencia de pruebas en contra de los acusados de cargos de lavado de dinero, administración abusiva y apropiación indebida, por ello el juez decidió prolongar la audiencia. El primer día de audiencia, los testigos civiles que declararon confirmaron que los acusados no cometieron ningún delito. En los días posteriores, los policías que declararon no pudieron aportar ninguna prueba en contra de los acusados y más bien mostraron contradicciones y falsedades que más bien los han dejado en condición de ridiculez”, añade el documento.
De acuerdo con una fuente que pidió no revelar su identidad, la dictadura pretende terminar el juicio hoy jueves, lo que sería una violación más al derecho a la defensa porque se limitaría el tiempo que requieren los abogados de los acusados para presentar sus alegatos.

Mientras la Fiscalía ha tenido acceso a hablar con los procesados y a toda la documentación del caso por más de nueve meses, los abogados de la defensa no han tenido acceso, ni siquiera, a entrevistarse con sus defendidos o al expediente del proceso que se ha mantenido en secreto.

Juicio plagado de arbitrariedades

Los familiares de los extrabajadores de la FVBCH, el juicio plagado de arbitrariedades y hasta de inequidades, puesto que a los fiscales se les permite tener computadoras, tabletas electrónica y celulares con acceso a internet, mientras que el equipo de defensa de los acusados no tiene derecho más que a sus documentos y bolígrafos, ni siquiera pueden hacer una llamada porque les retienen sus celulares en la recepción de la cárcel el Chipote, que es donde se realizan las audiencias que deberían ser orales y públicas en el Complejo Judicial.

“Es notoria la obsesión del juez por terminar el juicio hoy con el objetivo de limitar la argumentación, los alegatos y las pruebas contundentes que tienen los abogados de los procesados y en contra de esta farsa jurídica”, concluyó la fuente,

Los otros acusados

En la investigación contra la Fundación, el Ministerio Público también acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro, director de CONFIDENCIAL, por presunto lavado de dinero, gestión abusiva,  y apropiación y retención indebida, a pesar de que ni Chamorro ni CONFIDENCIAL tienen algún vínculo, legal, económico, o institucional con la FVBCH, ha reiterado en varias ocasiones el medio.

Lea también: Daniel Ortega retira al embajador de España Carlos Midence

El periodista se encuentra actualmente en el exilio por segunda ocasión, y desde 2018 ha sido víctima de la confiscación de las oficinas de sus empresas.

En el caso de Pedro Chamorro Barrios, se encuentra preso en el chipote desde el 2 de junio de 2021, mientras que Gómez y Fletes fueron detenidos y llevados a la Dirección de Auxilio Judicial desde la noche del 28 de mayo por agentes de la sancionada Policía.