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Estudiantes universitarios rechazan Ley que excluye a UCA de CNU

Luego de que el sancionado Gustavo Porras, quien usurpa el cargo de diputado en la Asamblea Nacional en Nicaragua, presentó una propuesta de reforma a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior en la que prácticamente pretende excluye a la Universidad Centroamericana (UCA) del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y de los fondos del 6% constitucionales, jóvenes del sector estudiantil de las organizaciones opositoras tildaron esta acción como una represalia ante la única institución que mantiene la libertad del pensamiento crítico y de cátedra.

Enrique Martínez miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco manifestó que esta propuesta demuestra ser un atentado más a la educación superior en Nicaragua que ha sido atacada por la dictadura y es una represalia contra esta institución que presenta un peligro inminente.

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“La propuesta de Gustavo Porras de la Reforma a la ley de autonomía de las instituciones de educación superior, para excluir a la Universidad Centroamericana, UCA pretende en cierta manera ser una represalia política a una de las instituciones que  ha mantenido viva la llama del pensamiento crítico dentro del estudiantado” aseguró Martínez en 100% Noticias

                                                         

Agregó que la Universidad Centroamericana, UCA, ha sido la única universidad pública que no ha permitido estar bajo la influencia político partidaria, lo cual la ubica como “una institución con prestigio y renombre que sigue empoderando a los estudiantes nicaragüense sobre lo que es realmente un modelo de educación superior con autonomía universitaria, con libertad de cátedra y esto representa un peligro inminente para la dictadura” señaló Martínez.  

Esta propuesta deja en evidencia que el régimen de Daniel Ortega quiere acabar con la autonomía universitaria en Nicaragua, según destaca Andrés Marenco, integrante de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y Justicia – CUDJ. 

“Vemos con gran preocupación las atribuciones que está iniciativas le está dando el CNU (Consejo Nacional de Universidades), el cual ahora aprobará y coordinará la política nacional de la educación superior del país, en función de recursos y situaciones existentes, así también aprobarán los perfiles y planes de estudio de las carreras o programas académicos de grado, pregrado y posgrado” manifestó Marenco.

También insistió que con esta iniciativa se cierra el círculo para el control del FSLN en las universidades “en donde la participación ciudadana de las y los estudiantes universitarios está secuestrada, censurada por la represión dentro de los mismos recinto”. 

María Laura Alvarado, del sector estudiantil e integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco destacó que lo que el régimen está pretendiendo al realizar esta reforma al sistema educación es aprobar el adoctrinamiento que están queriendo implantar en las tres universidades que recientemente pasaron al Estado, al cancelar las personerías jurídicas.

“Eso muestra justamente el objetivo que tiene ahorita el régimen, Ortega y Murillo quieren perpetuarse en el poder y para eso necesitan tener un sistema educativo que responda a sus necesidades, un sistema educativo que no innova, un sistema educativo que no se desarrolla y sobre todo un sistema educativo que no desarrolla el criterio propio de las personas y los estudiantes (...) eso es lo que ellos están pretendiendo, sobre todo al atacar a la última universidad pública o privada que es la UCA, están pretendiendo primero silenciar las voces de todos esos jóvenes que forman parte del sistema educativo de la UCA están tratando de asfixiar a más no poder para luego poder retirarla es la personería jurídica” dijo Alvarado a 100% Noticias.

Los jóvenes que ahora están en el exilio por levantarse a protestar contra el régimen de Daniel Ortega, coinciden en que la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez es “cómplice” de la muerte de la autonomía universitaria y de la masacre del estado contra estudiantes en abril del 2018. 

De igual manera Andrés Marenco enfatizó que se debe de nombrar con nombre y apellido quiénes han colaborado con la dictadura de Ortega y Murillo para aniquilar el pensamiento crítico y la educación de calidad en Nicaragua.

Contenido de la reforma

En el caso de la Ley de Autonomía universitaria plantea reformas a siete artículos. El primer cambio es en el artículo cuatro. El vigente divide en tres categorías a las instituciones de Educación Superior (IES): públicas, que incluye a la UNAN-Managua, UNAN-León, a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y a la Agraria (UNA); privadas, a la Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), la cual fue cancelada la personería jurídica en febrero de este año y los Centros de Educación Técnica Superior que incluía a las Escuela internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas (EIAG) y la Escuela de Agricultura y Ganadería de Estelí (EAG).

Con la reforma se establece que hay universidades estatales, comunitarias e interculturales, privadas, Centros de Educación Técnica Superior y Centros e Institutos de Estudios e Investigación por Ley para emitir títulos y grados académicos, sin mencionar nombres.

Otra de las reformas establece que ahora el CNU, según el nuevo artículo 56 que propuso Porras,  estará integrado por los rectores de las universidades estatales y señala a la la UNAN-Managua, la UNAN-León, la UNI, la UNA, la recién creada Universidad Nacional Politécnica (UNP)antes Upoli, la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés.

También fueron incluidos los rectores de los centros de educación superior Bluefields Indian and Caribbean University (BICU)y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (Uraccan). Y “una universidad privada designada por el CNU”, sin mencionar nombre.

El régimen mantiene al presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios de Nicaragua (Fesitun), pero saca a la Asociación de Trabajadores Docentes e incluye al representante de la Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior (Fepdes).

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 En la propuesta del diputado orteguista, en el artículo 57 se establece que el presidente y el vicepresidente del CNU serán electos por el voto de los rectores de las universidades estatales y comunitarias e interculturales, por un periodo de dos años. En la reforma se elimina también la participación del ministro de Educación quien tenía voz, pero no voto dentro del CNU.

Otro de los cambios es en las funciones del CNU, el cual ahora aprobará y coordinará la “política nacional de la Educación Superior del país, en función de los recursos y situaciones existentes”. Además, autorizará la creación de nuevas IES y podrá aprobar moratorias para autorizar nuevas instituciones de educación superior.

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