Organizaciones opositoras demandan al BCIE condicionar préstamos al respeto de los derechos humanos

Organizaciones de la oposición democrática nicaragüense desde Nicaragua y el exilio a través de un comunicado, solicitaron a los Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) expresamente que no se sigan aprobando más desembolsos al Estado de Nicaragua hasta que se respeten los derechos humanos y se restaure la democracia y el Estado de Derecho.

Las organizaciones recuerdan al BCIE que “el Tratado Marco de Seguridad Democrática indica que el desarrollo sostenible de Centroamérica sólo podrá lograrse con la conformación de una comunidad jurídica regional, que proteja, tutele y promueva los Derechos Humanos. Por tanto, las entidades regionales no deben estar al margen de estos parámetros y mucho menos proveer recursos económicos a regímenes que han sido abiertamente señalados por la comunidad internacional como violadores de derechos humanos, incluyendo crímenes de Lesa Humanidad” recordaron los opositores.

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De igual manera los grupos de opositores que firman esta carta manifestaron su desacuerdo ante las recientes declaraciones del presidente ejecutivo del BCIE durante su reciente visita a Managua, donde además de intentar legitimar las acciones del régimen las acciones del BCIE comprometen seriamente la estabilidad financiera de Nicaragua a mediano plazo, ya que a la fecha la deuda externa total del país supera al 100% del PIB.

Violeta Delgado, miembro del Consejo Político de Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), consideró que “el BCIE ha garantizado que regímenes autoritarios, cuestionados en sus actos y violaciones a derechos humanos, cuenten con recursos financieros para continuar violentando y reprimiendo a sus pueblos. Las denuncias de uso de los fondos del Banco para proselitismo político, sin la participación de la sociedad civil en mecanismos de auditoría ciudadana ejemplifica, entre otros aspectos, demuestran el nulo interés del BCIE con los principios de transparencia, participación ciudadana y derechos humanos”.

Por su parte, Damaris Rostrán, integrante de la Mesa de Trabajo de New Jersey y de la diáspora nicaragüense en EE. UU. expresó que con esta misiva la oposición nicaragüense “estamos enviando un mensaje a las autoridades del BCIE ya que es de suma necesidad que revisen su actuar y que dejen de financiar a la dictadura Ortega-Murillo”.

De igual manera recordó al BCIE que el régimen Ortega-Murillo es una de las dictaduras “más sangrientas que hemos tenido en Latinoamérica y esto evita el desarrollo de Centroamérica”.

 Asimismo, las organizaciones hacen un llamado a los gobernadores del BCIE “a revaluar el riesgo financiero y reputacional que para este banco significa continuar otorgando financiamiento a un gobierno ilegítimo como el que usurpa el Estado nicaragüense” y que tomen “nota sobre esta situación de violación a los derechos humanos e ilegitimidad del régimen Ortega-Murillo.

Organizaciones celebran resolución

De igual manera, dichas Organizaciones de la oposición, consideran que la política exterior implementada por el gobierno ilegítimo de Ortega no representa el sentir del pueblo y celebran la resolución aprobada el día de hoy por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. 

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Asimismo, la oposición expresó su preocupación por las tensiones diplomáticas generadas por las acusaciones y ofensas del régimen Ortega-Murillo contra países que tradicionalmente han sido amigos de Nicaragua. A su vez rechazan el respaldo otorgado por el gobierno ilegítimo de Ortega a la decisión de Vladimir Putin de reconocer la independencia de los territorios separatistas dentro de Ucrania, refrendando a Nicaragua como aliado latinoamericano de Rusia junto a los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Desaprueban el retiro de credenciales al Embajador de Colombia en Nicaragua, Sr. Alfredo Rangel Suárez, así como los improperios expresados públicamente contra el Estado Colombiano y, desestiman el desaire a la Embajadora de España, Sra. María del Mar Fernández-Palacios, quien fuera llamada a consulta por el gobierno español y no pudiera reingresar al Nicaragua por decisión del régimen OrtegaMurillo.