Nicaragua: Raza e Igualdad lanza campaña que demanda verdad, justicia, reparación y no repetición por crímenes de lesa humanidad

Washington D.C., 13 de abril de 2022.- En el cuarto aniversario de la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanza la campaña “Nicaragua, cuatro años de impunidad” para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo en el país centroamericano, y sumarse a las demandas de procesos que garanticen la verdad, justicia, reparación integral de las víctimas y no repetición por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco de la represión violenta y sistemática a la rebelión cívica de abril del año 2018. 

Asimismo, Raza e Igualdad urge a la comunidad internacional a enviar un mensaje de lucha contra la impunidad. 

Contexto

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una profunda crisis caracterizada por la represión estatal y paraestatal, el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho, restricciones al espacio cívico y la persistencia de una situación de impunidad generalizada. Esta situación se manifiesta en violaciones severas a los derechos humanos que hasta la fecha han resultado en: 355 victimas letales impunes, más de 2,000 manifestantes heridos, al menos 1614 detenciones arbitrarias, el exilio de más de 110,000 nicaragüenses, la creciente criminalización del ejercicio periodístico, el cierre de más de 114 organizaciones de la sociedad civil, el recrudecimiento de los ataques contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, y la permanencia de más de 170 personas presas políticas en condiciones que incumplen las Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) y la Ley interna en materia de derechos humanos, que pueden calificarse de tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas físicas y psicológicas. Estas condiciones vulneran particularmente a 14 mujeres, 13 personas de la tercera edad y personas con padecimientos crónicos que se encuentran privadas de libertad.

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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa incumpliendo todas las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos para el restablecimiento de la institucionalidad democrática y garantizar los derechos humanos en el país. El año pasado (2021), en el contexto pre electoral -principalmente en los meses de mayo y junio-, Daniel Ortega, en su afán de asegurar su cuarto mandato consecutivo, encarceló a 47 personas.

Entre estas personas se encuentran todas aquellas que manifestaron su voluntad de ser candidatos y candidatas a la presidencia de Nicaragua, así como liderazgos estudiantiles y campesinos, periodistas, empresarios, personas defensoras de derechos humanos, entre otras. 

Estas votaciones ilegítimas de noviembre pasado, que dieron la victoria a Ortega, dejaron entrever la erosión de la democracia y la perpetuación en el poder de un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos de la población nicaragüense, y fueron cuestionadas por el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta última aseguró que “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”, de acuerdo con las normas internacionales.

En febrero de este año (2022), el Sistema Judicial de Nicaragua controlado por el régimen, reanudó los juicios contra las personas detenidas arbitrariamente en el contexto pre-electoral y electoral, bajo leyes que restringen indebidamente el espacio cívico y democrático, particularmente la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (Ley 977) y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055).

Todos estos juicios estuvieron marcados por graves violaciones a las garantías del debido proceso como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la igualdad de las partes procesales, o el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Cabe destacar que, en todos los casos, las personas juzgadas fueron condenadas a penas desproporcionadas con supuestas pruebas que no demostraron la comisión de los delitos imputados. Asimismo, tampoco se respetó el derecho de defensa al no permitir la presentación de pruebas por parte de los procesados.

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El pasado 7 de marzo, en la presentación de su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, la Alta Comisionada Michelle Bachelet, denunció las faltas al debido proceso y las condiciones inhumanas que “han deteriorado progresivamente el estado de salud de las y los detenidos, particularmente de las personas mayores de edad y pacientes crónicos”. Igualmente, instó al Consejo de Derechos Humanos (CDH) a tomar todas las medidas para asegurar la rendición de cuentas. Para garantizar justicia, verdad y reparación frente a las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones de derechos humanos el Consejo aprobó una resolución que establece durante un año un “Grupo de Expertos de Derechos Humanos” con el mandato de investigación y rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde el año 2018. 

No obstante, en vísperas del aniversario de las protestas sociales, el régimen nicaragüense está repitiendo el patrón represivo contra familiares de las víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, personas periodistas y otras voces disidentes. El día martes 12 de abril, familiares de Darwin Potosme, víctima letal de la represión, denunciaron asedio policial, allanamiento de su vivienda y amenazas de encarcelamiento por parte de agentes de la Policía Nacional. La opositora Yolanda González sufrió el allanamiento de su vivienda en presencia de personas menores de edad, interrogatorios y vigilancia por parte de paramilitares. El cantante crítico al gobierno, Josué Monroy de la banda “Monroy y Surmenage”, el productor de “La Antesala”, Leonardo Canales; y las personas productoras de eventos musicales  de SaXo Producciones, Salvador Espinoza y Xochitl Tapia, también fueron detenidas por agentes policiales durante allanamientos a sus viviendas. 

Campaña

Dado este contexto, y como una forma de conmemorar el cuarto aniversario de la rebelión cívica de abril 2018, Raza e Igualdad iniciará este lunes 18 de abril una campaña que visibiliza los graves abusos a los derechos humanos en Nicaragua, el arduo trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de justicia, y el posicionamiento de la comunidad internacional en esta profunda crisis.

Entrevistamos a dos defensoras de derechos humanos nicaragüenses sobre la situación actual del país, las condiciones de las personas presas políticas en los centros de detención, sus juicios, condenas y el papel de la sociedad civil en la defensa de sus derechos. Adicionalmente, entrevistamos a la Relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, sobre los avances y desafíos de los derechos humanos en Nicaragua, el rol de la CIDH en el contexto actual, los mecanismos o instrumentos internacionales que existen para la rendición de cuentas, entre otros aspectos; y al Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, sobre el mecanismo o grupo de tres expertos en derechos humanos que investigará por un año las violaciones a derechos humanos cometidas desde abril 2018.

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Todos los productos de esta campaña se publicarán a través de las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, y el sitio web de Raza e Igualdad. Invitamos a la comunidad internacional, prensa nacional e internacional y a la sociedad civil a unirse y compartir el contenido usando los hashtags #SOSNicaragua y #Nicaragua4AñosdeImpunidad, para que el clamor por el cese de la represión y demanda de verdad, justicia, reparación y no repetición se escuche en Nicaragua y todo el mundo.