Régimen de Daniel Ortega agrava sufrimiento de presos políticos en Nicaragua destaca informe del Colectivo de DDHH

En una conferencia de prensa el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + presentó su VI informe sobre torturas y violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen de Daniel Ortega en contra de los opositores detenidos injustamente en Nicaragua. El Colectivo señala las autoridades judiciales han agravado el sufrimiento y han arriesgado la vida, integridad y salud de las personas presas políticas, dejándoles en desamparo y no haciendo valer sus derechos más básicos.

“La desprotección judicial se ha implementado como un mecanismo necesario para la concreción de la tortura y malos tratos, apartándose de su función, obligaciones jurisdiccionales impuestas por la Constitución Política, Leyes internas de la materia y Tratados Internacionales, todo ello para cumplir con una función política de castigo a personas críticas al actual gobierno” señala el Colectivo en su informe.

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Asimismo, señalan que la negación de justicia, la ineficacia de los recursos judiciales y la impunidad en los actos de torturas perpetrados, han sido actos judiciales intencionales, guiados bajo una óptica de castigo por la participación en actos de protesta contra el Gobierno, así como, tendientes a agravar por su omisión en sufrimiento de las personas procesadas, ampliando su sentimiento de desprotección, injusticia y frustración, además provocar enfermedades, padecimientos y dolores a las personas presas políticas.

“Los juicios por su configuración se han convertido en un mecanismo para hacer prevalecer la tortura, y, en algunas situaciones se podría configurar como acciones de “malos tratos”. El Poder Judicial continúa siendo instrumentalizado por el Poder Ejecutivo como un órgano de represión, criminalización y judicialización a las personas". 

Torturas

En su informe el colectivo manifiesta que las personas presas políticas son sacadas de su celda y llevadas a una sala que destinaron para las audiencias, sin conocimiento previo y sin que estuviera permitido por la ley, además de que los juicios fueron extensos, de duración de hasta 12 horas, extenuándoles física y mentalmente, profundizando algunas complicaciones de salud.

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“Las salas de audiencias están rodeadas de policías y personas de civil no identificadas. - No se les es permitido hablar ni rebatir lo externado por la Fiscalía. - Sus representantes fueron requisados abusivamente e impedidos de tener celulares y/o computadoras - Solo se permitió el ingreso de un familiar, sin posibilidad que ingresaran cartas, dibujos o fotografías enviados por otros familiares - Fueron negadas las solicitudes de la defensa respecto de cambios de medidas, evaluaciones médicas e incluso, copias de actas judiciales y revisiones de expedientes - Se realizó la aplicación de la normativa creada para juzgar a personas presas políticas, Ley 1042, Ley 1055 y Ley 1060, además de la aplicación de la 976 y 977 sobre Lavado de dinero. - Violación al principio de presunción de inocencia en cuanto el Ministerio Público se adelantara a emitir juicios acusatorios por medio de comunicados de prensa sin el debido proceso avalando el discurso político del ejecutivo” destaca el informe del colectivo.