Dictadura busca aumentar pena por el delito de “menoscabo a la integridad nacional” y confiscar bienes
De igual manera, los diputados buscan legalizar la figura de la “extinción” de los bienes de las personas condenadas por los delitos de menoscabo.
La dictadura de Daniel ortega y Rosario Murillo, la pareja que usurpa la presidencia de Nicaragua, por medio de los diputados -quienes usurpan los escaños en la Asamblea Nacional- buscan reformar el Código Penal (CP) para aumentar la pena a las personas condenadas por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”.
De igual manera, los diputados buscan legalizar la figura de la “extinción” de los bienes de las personas condenadas por los delitos de menoscabo.
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Actualmente, el delito de “Menoscabo a la integridad nacional” es la principal figura jurídica con que el régimen ha condenado a varios presos políticos que se encuentran bajo torturas en la Dirección de Auxilio Judicial.
En los pasillos de la Asamblea Nacional, los diputados conversan entre sí que con los “ajustes” al Código Penal, se crearán tres nuevos delitos para enjuiciar a “todos aquellos que atenten contra la integridad nacional”, así como “aumentar la pena por el delito de menoscabo”.
Actualmente, la pena por el delito de “Menoscabo” es de entre 10 y 15 años, mientras que con la reforma, se aumentará de 15 a 20 años la pena máxima de prisión para los condenados.
El pasado 27 de abril, la comisión de justicia de la Asamblea Nacional, recomienda la creación de una “Comisión Interinstitucional” para “realizar los ajustes a determinados artículos del Código Penal”, detallan mediante un informe en donde el régimen consultó con una serie de activistas y defensores de la dictadura, a quienes consideran “víctimas” del “golpe fallido de 2018”.
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Abogados independientes consideran que la reforma será utilizada para “castigar severamente” a los opositores enjuiciados o condenados por este supuesto delito.
Confiscaciones y van tras sacerdotes
Una de las penas contemplados en las reformas es la “extinción de dominio” que según el diputado Álvaro Rivera Herrera, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y vicepresidente de la Comisión de Justicia, en declaraciones a Expediente Público, detalló que los diputados del Frente Sandinista buscan crear esa nueva figura con el objetivo de apropiarse de los bienes de los acusados por este delito.
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“Le explico cómo funciona: si yo Álvaro Rivera fuese acusado próximamente por el delito de menoscabo, traición a la patria, una vez que sea declarado culpable y haya sentencia firme, todos aquellos bienes que están a nombre mío, con la extinción de dominio pasarían a ser del Estado de Nicaragua, ese es un nuevo delito que incorporarán en el Código Penal”, recoge Expediente Público en declaraciones del diputado Rivera.
100% NOTICIAS conversó con uno de los abogados que defiende a uno de los presos políticos condenado por el delito de “Menoscabo a la Integridad Nacional”, detalló que la figura del “decomiso” existen en el artículo 112 del Código Penal para “embargar los bienes” utilizó una persona para cometer el delito o los bienes que adquirió mediante la comisión de un delito o adquiridos con dinero sucio.
“El decomiso ya existe y es aplicado a como lo establece la ley, que quiero decir con esto, por ejemplo, si la persona mediante lavado de dinero o negocios ilícitos como el narcotráfico compró propiedades, vehículos y otras cosas y mediante juicio se comprueba que estos fueron adquiridos de forma ilícita o de actividad ilegal, son decomisados por el Estado de Nicaragua”, explicó el abogado que también imparte clases de Derecho Ciudadano en la Universidad Centroamericana.
El experto en Derecho planteó que con la figura de “extinción de dominio”, las propiedades de terceros y que sean familiares de los condenados, están en riesgo porque la dictadura podría confiscarlos debido a la falta de transparencia e independencia en las instituciones del Estado involucradas en las investigaciones.
La dictadura propone reformar cinco artículos del Código Penal que vendría a confiscar los bienes de los acusados son los siguientes.
1) Adicionar al Artículo 409 in fine del Código Penal: "Extinción de dominio, aplicado como pena accesoria para aquellos condenados que utilizaron o adquirieron bienes, en la comisión de delitos de Traición a la Patria, delitos que comprometen la paz, delitos contra la constitución Política y conexos, así como aquellos que fueron beneficiados con bienes entregados por el Estado"
2) Reformar el Artículo 410 del Código Penal.
En el delito de Menoscabo a la Integridad Nacional, se sugiere el incremento de la pena de 15 a 20 años de privación de libertad cuando el procesado incurra en este.
3) Reformar el Artículo 147 CPP in fine.
"obligación de guardar reserva al citado y/o entrevistado, por parte del Ministerio Público y/o la Policía Nacional, durante una investigación en curso" .
4) La necesidad de continuar fortaleciendo los programas para las víctimas del golpismo en la atención psicosocial, dirigidos a sanar los traumas causados, como también algunas reparaciones materiales dentro de las posibilidades reales del Estado.
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5) Las víctimas que asistieron a la consulta, expresaron: que "las penas deberían ser más severas y demandaron justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de Derechos Humanos que se involucraron en la aventura golpistas como dirigentes. Dijeron que en el carácter en que cometieron los delitos no fue como pastores representantes de Cristo, tampoco buscando cómo proteger y defender los derechos humanos, sino de manera personal, con saña y odio hacia la militancia sandinista y personas relacionadas con el GRUN. Es por esto, que deberían también ser juzgados y sus comunidades o asociaciones investigadas a fondo, ya que se escudaron tras Io religioso, como Io es el caso del Colegio San José de Jinotepe" . Además del respaldo al marco jurídico vigente, las víctimas expresaron: ¿Qué Ley repara el daño del dolor que dejaron las víctimas a sus seres queridos?.
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