Unión Europea condena cierre de emisoras católicas en Nicaragua
La Unión Europea condenó el cierre arbitrario de siete emisoras de radio católicas por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el cual consideran otra violación de la libertad de expresión y de la libertad de religión o de creencias en el país.
En una declaración, el portavoz de la Unión Europa, Peter Stano, señaló que en el asalto policial a la parroquia Divina Misericordia, el pasado 1 de agosto, hubo una fuerza policial “excesiva”
“Se utilizó una fuerza policial excesiva para ocupar las instalaciones y para intimidar y dispersar a los manifestantes desarmados con gases lacrimógenos y disparos. Esto constituye otra violación de la libertad de expresión y de la libertad de religión o de creencias”, indicó.
Al mismo tiempo, recalcó que desde el 2018 el régimen de Ortega ha desatado niveles de violencia sin precedentes contra su propio pueblo, recurriendo a asesinatos, desapariciones forzadas, encarcelamientos, acoso e intimidación contra opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos y otros líderes.
Stano subrayó que Nicaragua cuenta con más de 180 presos políticos, encarcelados sin respeto a la Constitución nicaragüense, el derecho penal y el debido proceso.
También enfatizó que, en el primer semestre de 2022, Ortega ha cerrado más de 1.200 organizaciones de la sociedad civil, sin una justificación adecuada. Como resultado, miles de nicaragüenses de los sectores más vulnerables se han quedado sin asistencia.
En este sentido, la UE llamó al régimen a poner fin a toda la represión y restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos.
“La UE reitera su llamado urgente al Gobierno nicaragüense para que libere inmediatamente e incondicionalmente a todos los presos políticos y anule todos los procesos judiciales contra ellos, incluidas sus condenas”, demandaron.
La UE sostiene que continuará siguiendo de cerca la situación y apoyando al pueblo de Nicaragua en su legítima aspiración a la democracia, al respeto de los derechos humanos y al Estado de Derecho.