Nicaragua resiste un régimen que actúa “sin Dios y sin Ley”, dice CETCAM

La sistemática represión contra la Iglesia Católica en Nicaragua, la expulsión de sacerdotes y monjas así como los ataques a clérigos y cierre de medios de comunicación católicos ponen en evidencia que la dictadura que presiden Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo desprecia al catolicismo y actúa “sin Dios y sin Ley” afirma un análisis publicado por el  Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), que además advierte que en nivel de violencia contra la institución religioso está aumentando.

El  estudio publicado por el CETCAM,  indica que, con los últimos ataques contra el clero nicaragüense se ponen de manifiesto que “la confrontación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la Iglesia Católica está llegando a uno de sus puntos más álgidos y los quiere forzar a tomar uno de tres caminos: el silencio ante la situación del país, la cárcel o el destierro en el caso de que no acepten bajar la cabeza”.

El centro de estudios afirma que la tercia de la dictadura contra el catolicismo pretende resolver un pendiente “aunque parezca una locura o irracionalidad”, y es que la escalada de confrontación de los Ortega-Murillo en contra de la Iglesia en realidad se corresponde con su estrategia de “institucionalizar el estado policial” sobre Nicaragua y esto pasa por terminar de silenciar todas las voces críticas o no subordinadas que existen y por ello, busca a toda costa que los sacerdotes “se callen”.

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Esa es la razón, según el análisis, por la que la Iglesia y particularmente ciertos líderes religiosos, son vistos por Ortega y Murillo como “enemigos” que dificultan la imposición de su poder dominante. Buscan desesperadamente que la Iglesia le otorgue la legitimidad “que le negó la ciudadanía en las elecciones pasadas y el rechazo de la comunidad internacional”. 

El CETCAN señala que en los últimos meses los ataques se han incrementado e incluyen la detención y procesamiento de dos sacerdotes católicos por supuestos delitos de orden común. Durante los primeros días de agosto, el régimen emprendió un ataque directo en contra de monseñor Rolando Alvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, a quien la Policía mantiene en arresto domiciliario de facto y bajo investigación por supuestamente organizar grupos violentos para atentar contra el Estado.

En su afán por someter a los líderes católicos, la dictadura ha ignorado que la Iglesia Católica en Nicaragua “es la institución que tiene los más altos porcentajes de confianza y credibilidad ciudadana desde hace varias décadas”. señalan.

No obstante y a pesar de la relevancia de la Iglesia católica entre la sociedad nicaragüense, los andinistas han atacado a la institución desde los años  80.

Asimismo, afirman que uno de los primeros roses y distanciamientos entre el régimen  Ortega-Murillo en este segundo momento de gobiernos sandinistas se da por la “manipulación de los símbolos religiosos de parte de Rosario Murillo.

Otro aspecto que los dictadores no perdonan a la institución religiosa, es que el Episcopado nacional haya dirigido una carta pública a Ortega que llevó como título “En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor”.

Le molestó a la dictadura que la jerarquía católica le haya señalado las precarias condiciones económicas y sociales de la población, la situación de los derechos humanos, el discurso pseudo religioso del gobierno, la libertad de expresión, la importancia de la institucionalidad democrática y el rumbo político del país.

Además, los obispos le propusieron a Ortega la realización de un gran diálogo nacional y reformas políticas al sistema electoral. Ortega ignoró la carta y acentuó el distanciamiento que terminó en represión.

El activo papel que ha tenido la Iglesia protegiendo a la población de la represión, le ha generado la animadversión del régimen y en diferentes momentos no ha dudado en atacarlos directa y abiertamente como sucedió el 9 de julio de 2018 en el departamento de Carazo, cuando un grupo de obispos y sacerdotes encabezados por el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua fueron atacados por una turba sandinista. Luego el atentado contra la Catedral de Managua que el régimen calificó de accidente pero que el cardenal Brenes confirmó que se había tratado de “un ataque cometido por un hombre”.

A partir del 2018, la guerra de la dictadura contra la Iglesia subió de tono y ha escalado día con día. Durante el 2021 y la primera mitad de 2022, los ataques contra la iglesia se han dirigido a impedir la entrada al país de clérigos, retirarles la residencia a los sacerdotes extranjeros o bien, negarles la salida y privar de su pasaporte a religiosos nicaragüenses.

El padre Edwin Román fue forzado a exiliarse; meses después los Ortega-Murillo expulsaron al representante del Vaticano, monseñor Waldemar Sommertag. En 2022 los ataques se han dirigido a cancelar las personerías jurídicas de diferentes organizaciones religiosas, confiscar sus bienes y expulsar a quienes las manejaban tal como ocurrió con las Misioneras de la Caridad, que fueron obligadas a salir de Nicaragua.

“Es muy probable que por el nivel de violencia que está empleando el régimen, el número de ataques y agresiones se incremente. También es posible observar que el nivel de agresividad se ha incrementado sensiblemente sobre todo a partir de 2021 no solamente en contra de las autoridades eclesiales sino también en contra de los feligreses”, advierte el análisis.

El silencio, la cárcel o el destierro 

A raíz de la expulsión del representante de El Vaticano a inicios de 2022, los ataques y la persecución contra los religiosos se ha incrementado. El nivel de presión y violencia política ha llevado a varios religiosos a la cárcel, al silencio forzado y al destierro. Varios sacerdotes como monseñor Silvio Báez y el padre Edwin Román fueron forzados a salir del país en 2019 y 2021, respectivamente, igual que las recién expulsadas Misioneras de la Caridad.

En los primeros meses del año se produjeron abusos, intentos de detención y sitio al menos a tres religiosos: los sacerdotes Uriel Vallejos (actualmente clandestino) y Harving Padilla, párrocos de las Iglesias en Sébaco y Masaya, respectivamente; y el obispo Rolando Álvarez. 

En junio, el sacerdote de la localidad de Nandaime, Manuel García Rodríguez, fue apresado por la policía después de ser expuesto al acoso de simpatizantes gubernamentales.

En julio, monseñor Leonardo Urbina de la ciudad de Boaco también fue apresado y enjuiciado por el supuesto delito de abuso sexual a una menor. 

La policía tiene cercado al obispo Álvarez dentro de la curia de de Matagalpa, ha ocupado todos los locales vecinos y dispuesto un gran dispositivo policial que impide a cualquier persona acercarse al lugar y mucho menos, facilitarle alimentos o medicinas a él y las personas que se encuentran acompañándolo. Rosario Murillo acusó al Obispo matagalpino de cometer “crímenes de lesa espiritualidad”, un delito que no existe.

No obstante, las muestras de respaldo han sido amplias, tanto de parte de la población como de parte de órdenes y autoridades religiosas dentro y fuera del país. 

También personalidades e instancias políticas como el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, respaldan a Álvarez. Mientras El Vaticano recientemente propuso “colaborar” para que las partes en Nicaragua encuentren una salida dialogada a la crisis.

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Según el análisis del Centro de estudios centroamericanos, la iglesia Católica enfrenta un gran reto. Creen que es probable que ante la represión sistemática, algunos sectores o religiosos cedan y se queden en silencio priorizando la prédica pero la mayoría del clero se sumará a lo que haga la jerarquía.