Consejo de la ONU insta a Daniel Ortega a realizar reformas electorales para resolver crisis

Este jueves, el Consejo de derechos humanos de Naciones Unidas resolvió acoger las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. La organización reiteró el llamado al régimen de Daniel Ortega a liberar a los presos políticos, reformas electorales y preocupación por las nuevas legislaciones represivas contra las voces disidentes.

“Sin dejar de preocuparse de que más de 100 personas continúan detenidas arbitrariamente, incluidas varias liberadas anteriormente en virtud de la Ley de Amnistía. Expresando profunda preocupación por la implementación de la legislación reciente por parte del Gobierno de Nicaragua, incluidas las enmiendas algunas disposiciones del Código Penal y la promulgación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, la Ley de Delitos Cibernéticos, Ley 1055 de Derechos de las Personas a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación por la paz, que excluye a quienes hablan a favor de sanciones internacionales procesos electorales, todo lo cual, contrario al derecho internacional de los derechos humanos”, reza la resolución.

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En el primer punto de la resolución, señalan reiteran el llamado a Daniel Ortega a realizar reformas electorales para la solución pacífica y democrática a la crisis de derechos humanos en el país.

“Elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, de conformidad con obligaciones y normas internacionales, son esenciales para una solución pacífica y democrática (...) participación sin trabas de los políticos de oposición y observadores electorales nacionales e internacionales independientes. Observando con grave preocupación la falta de avances del gobierno de Nicaragua en la implementación de reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones transparentes”, señalan.

Restablecer espacios cívicos 

El Consejo instó a Ortega a restablecer los espacios cívicos debido a que persisten las prohibiciones de manifestaciones públicas, uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía sandinista para reprimir protestas sociales.

La represión de la disidencia incluye actos de intimidación, hostigamiento y vigilancia ilegal o arbitraria de defensores de derechos humanos, incluidas mujeres, indígenas, Afrodescendientes y defensores de los derechos humanos ambientales, líderes comunitarios y religiosos, periodistas y otros trabajadores de los medios, estudiantes, víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares y personas que expresan opiniones críticas.

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“Insta autorice los actos pacíficos y públicos manifestaciones, derogar o modificar la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y asociación, a la privacidad y a participar en la dirección de los asuntos públicos”, refieren

Devolver medios confiscados

Respecto a la libertad de prensa, la resolución resalta el número creciente de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes obligados a cesar sus actividades debido a restricciones administrativas y financieras impuestas por reformas legales aprobadas desde 2018.

“Cancelaciones arbitrarias de sus registros legales y sobre el impacto que estos cierres (...) especialmente el derecho a las libertades de opinión y expresión, asociación y el derecho a la privacidad (...) e insta al Gobierno de Nicaragua a restablecer la legalidad registro de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes que han sido cancelado desde 2018, y para devolver los activos incautados, incluidos los bienes confiscados”.

Combatir la impunidad y garantizar

El Consejo señala que Daniel Ortega debe garantizar la rendición de cuentas y justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto del 2018, garantizar el retorno seguro de los exiliados, así como a mantener imparcialidad en el sistema de justicia.

“Insta al Gobierno de Nicaragua a que tome medidas efectivas para brindar un entorno seguro para las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos los ex presos políticos y miembros de la oposición, así como aquellos con lesiones y discapacidades a largo plazo; Exhorta al Gobierno de Nicaragua a que tome medidas efectivas para garantizar la independencia e imparcialidad del sistema de justicia y la Fiscalía”, indican.

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La medida también llama al régimen a permitir el ingreso y cooperar plenamente con la Oficina del Alto Comisionado, incluida su Oficina Regional para Centroamérica, el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, y la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH).

“Otorgando acceso ilimitado en todo el país y facilitando visitas, y considerar positivamente las recomendaciones en sus informes y ofertas de asistencia técnica, (...) mejore y amplíe la supervisión por parte del Oficina del Alto Comisionado y seguir informando sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua”, resaltan.

En los puntos finales, el Consejo insta al régimen a participar en iniciativas significativas e inclusivas negociaciones con la sociedad civil y los partidos y grupos de oposición y trabajar con organizaciones internacionales para adoptar antes de mayo de 2021, la resolución de la OEA “Reformas electorales e institucionales para garantizar la libertad, la equidad, la transparencia, la elecciones representativas y creíbles, de acuerdo con los estándares internacionales, que incluyan la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales independientes”, indica.