CIDH: “seguiremos siendo incansables en promover los derechos humanos en Nicaragua; la impunidad y la injusticia no lograrán perpetuarse”

Al conmemorar tres años de la grave crisis socio-política y de derechos humanos en Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) entrevistó a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, sobre el rol que ha jugado este organismo en la situación que atraviesa el país desde abril de 2018 y cuáles podrían ser los próximos pasos para lograr verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de la violencia y represión.

Aunque hasta la fecha nada parece cambiar y el Gobierno más bien ha recurrido a nuevas estrategias para violar y restringir los derechos de la población y perseguir a la sociedad civil, la oposición , personas defensoras de derechos humanos y periodistas, Urrejola valora como positivo el hecho que –gracias al esfuerzo y compromiso de diversos sectores locales, regionales e internacionales—la situación de Nicaragua se mantiene visible y, por tanto, cree que la impunidad puede ser derrotada y que el país retornará eventualmente a un contexto democrático. 

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“Los esfuerzos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, suelen no tener efectos inmediatos, pero también es cierto que la historia muestra que se trata de esfuerzos que producen resultados finalmente”, asegura. 

¿Qué rol ha jugado la CIDH en la crisis de Nicaragua y cómo valora la respuesta que han recibido por parte del Estado, el rol de la sociedad civil y las víctimas?

Creo que el rol que ha jugado la Comisión en el desarrollo de la crisis de derechos humanos -que se inició con la represión de las protestas de abril de 2018 y que continúa hasta hoy- ha sido fundamental.

Para llegar a esta conclusión, basta observar objetivamente el despliegue de la CIDH  en este contexto: desde el inicio de la crisis se han aprobado cuatro informes de país, dos informes temáticos, 102 comunicados de prensa; se han realizado cientos de posteos en las redes sociales denunciando lo que ocurre en el país; se han otorgado 92 medidas cautelares que protegen a más de 300 personas y sus familias; se han obtenido más de 1700 testimonios que dan cuenta de las características de las violaciones de derechos que continúan ocurriendo en el país. Se debe decir además que la Comisión actualiza al menos tres registros relacionados con la crisis, el de personas fallecidas, personas privadas de libertad, así como el de los testimonios recibidos, directamente de las víctimas o de sus familiares. 

Gracias a este despliegue, me atrevería a afirmar que parte importante de la narrativa internacional sobre la crisis, es decir, la de las propias organizaciones internacionales, de la sociedad civil, así como de los Estados de la región y del mundo sobre la crisis de Nicaragua, ha estado marcada de manera relevante por el trabajo que la CIDH ha realizado a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y, en su momento, por el  Informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes). 

Ahora bien, no cabe duda que la labor de la sociedad civil ha sido fundamental en el ejercicio del mandato convencional de la Comisión Interamericana en Nicaragua. Ustedes mismos, Raza e Igualdad, junto a otras organizaciones de la sociedad civil internacional, por ejemplo, han sido actoras fundamentales en la denuncia y visibilización internacional de la situación de derechos humanos en el país o en la utilización de mecanismos de protección, como las medidas cautelares, en favor de personas cuyos derechos corren grave y urgente riesgo en el país.

Creo que la sociedad civil nicaragüense merece una mención especial cuando reconocemos a las actoras relevantes en esta crisis. Por razones de seguridad de las propias organizaciones y sus integrantes no me parece prudente exponer en detalle, y en su real magnitud, la maravillosa articulación de esfuerzos que la sociedad civil y particularmente las víctimas y sus familiares han realizado. Pero puedo mencionar algunos ejemplos: el registro y denuncia exhaustivo de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis, no sería posible sin la articulación de sociedad civil, del activismo, y de las víctimas y familiares que han constituido el “Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas”.  El silencioso, valiente y comprometido trabajo de registro de la Asociación de Madres de Abril (AMA), por poner otro ejemplo, son muestras específicas de lo esencial que, en el trabajo de monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua, ha sido la sociedad civil local. Tampoco es posible concebir las excarcelaciones que se han producido hasta ahora, sin la intervención de la Iglesia Católica y la Comisión de Verificación y Seguridad. Todas estas son iniciativas de la sociedad civil que tienen un valor inconmensurable en el abordaje de la crisis de derechos humanos que enfrenta el país.  

Como Relatora para Nicaragua usted ha mostrado un gran interés por el país y se ha pronunciado reiteradamente sobre la situación de este. Ahora, como presidenta de la Comisión, ¿De qué forma se plantea incidir para lograr que la CIDH y el MESENI puedan regresar a Nicaragua?

En esta materia siempre hay novedades que ofrecer, la labor que ha desarrollado la CIDH ha logrado el importante objetivo de mantener la atención internacional sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua, en medio de un ambiente muy acontecido en las Américas, en materia de derechos humanos, frente a los intentos desplegados por el Estado de instalar la sensación de normalidad, y en medio de la pandemia. 

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Pero este objetivo se ha logrado por medio de adaptarse a las circunstancias cambiantes de la crisis. En este sentido ya tenemos suficiente evidencia que el 2021 será un año diferente en Nicaragua y en dicho contexto, mantendremos a Nicaragua como parte inevitable de la agenda interamericana y universal, adaptándonos a las circunstancias especiales que ya están caracterizando este año. 

Los esfuerzos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, suelen no tener efectos inmediatos, pero también es cierto que la historia muestra que se trata de esfuerzos que producen resultados finalmente. Los Estados a veces, como sucede con Nicaragua ahora, parecen ser inmunes a los llamados internacionales, pero, como decía, la experiencia en nuestro continente nos muestra que los procesos de democratización se producen y que la impunidad al fin es derrotada por la memoria y la justicia. La CIDH sigue y seguirá ahí en la cotidiana labor de cumplir su mandato y estará ahí también, para colaborar con la sociedad nicaragüense y con el propio Estado, cuando esos procesos se produzcan  

El país se encamina a unas elecciones generales sin garantías mínimas y no da señales de realizar reformas electorales de aquí a mayo 2021, tal como exhortó la OEA, ¿Cómo valora el impacto que tendrá en la crisis de derechos humanos el no realizar dichas reformas oportunamente?

La Asamblea General de la OEA ha dictado una resolución el año pasado en que promueve que en Nicaragua se realicen elecciones “libres y justas” este año. En dicha resolución se hace un llamado al Estado para que, entre otras, reforme la normativa que regula el Consejo Supremo Electoral.

La Comisión Interamericana, ya a comienzos del 2018, hizo presente la falta de independencia y neutralidad del CSE como uno de los factores que inciden en la situación en Nicaragua, en que se observa una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático. Esa falta de neutralidad e independencia, se manifiesta, tal como ya lo señaló la Comisión, en decisiones que afectan a fuerzas políticas de oposición. 

La CIDH no ha sido ajena a estos asuntos y estará muy atenta a los desenvolvimientos de este año de elecciones, porque existen también estándares de derechos humanos que deben ser respetados en materia de derechos políticos. Esa sigue siendo una materia en que el Estado de Nicaragua debe realizar modificaciones institucionales para asegurar elecciones libres y justas.   

En medio de una crisis socio-político y de derechos humanos sin resolver, el Gobierno aprobó leyes y reformas, como la reforma al art. 37 de la Constitución y la reforma al Código Procesal Penal que han ameritado serios cuestionamientos en materia de derechos humanos, ¿Cómo puede incidir la Comisión para que el gobierno derogue estas leyes? 

La Comisión, así como sus relatorías competentes, ya se han manifestado de manera específica sobre la llamada Ley de Agentes Extranjeros, sobre disposiciones de la Ley Especial de Ciberdelitos, así como sobre la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, expresando que ellas no satisfacen estándares internacionales de derechos humanos y llamó en su momento a dejarlas sin efecto. Del mismo modo, se ha manifestado la preocupación por el uso eventualmente represivo que podría darse a las reformas a la Constitución sobre el establecimiento de la cadena perpetua y al Código Procesal Penal en la extensión de privación de libertad sin acusación fiscal. En el mismo sentido lo ha hecho la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Como le decía antes, estos llamados y pronunciamientos no son garantía directa e inmediata de que esas leyes se deroguen, pero sí inciden en la agenda internacional y ello a su vez influye en los cambios que deben producirse en Nicaragua. Nosotros no descansaremos y sé que la propia sociedad civil no descansará en promover esos cambios.

¿Cuál es su valoración sobre las dificultades que han encontrado las medidas cautelares para su cumplimiento por parte del Estado de Nicaragua y qué oportunidades ve usted de que dichas medidas sean implementadas, en el actual contexto? ¿En qué etapa está la definición de un Protocolo para su implementación?

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En las actuales circunstancias, dada la casi total falta de colaboración e información aportada por el Estado, no parece verse en el horizonte la adopción de un protocolo de implementación de medidas cautelares, que requeriría por supuesto de la colaboración y disposición del Estado.

De la misma manera, se puede afirmar que el Estado no ha dado cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Sin embargo, las medidas cautelares concedidas no han sido del todo estériles en materia de protección a las personas que son sus beneficiarias. Por poner solo un ejemplo, las 17 personas que fueron beneficiarias de medidas cautelares y respecto de las cuales la Corte Interamericana luego emitió medidas provisionales, fueron excarceladas. En medio de la crisis y del sufrimiento que ella causa a las personas, estos pequeños y aún insuficientes triunfos nos dan esperanza.

¿Qué mensaje le manda a la sociedad civil nicaragüense en el contexto del escalamiento de las represalias hacia las organizaciones que impera actualmente?

Que este será un año previsiblemente difícil luego de las leyes dictadas entre fines del año pasado y comienzos de este. En dicho marco, quisiera transmitirles que estaremos muy pendientes del día a día y muy preparados para denunciar públicamente las violaciones de derechos y tomar medidas de protección cuando corresponda.

¿Qué mensaje le envía a las víctimas y sus familiares? 

Que siguiendo su ejemplo, seguiremos siendo incansables en promover los derechos humanos en el país; que la impunidad y la injusticia no lograrán perpetuarse. Además, como siempre resaltamos en la Comisión, tengo que enviarles un mensaje de entrañable agradecimiento, pues su compromiso, valentía y trabajo hacen también posible el nuestro.