Dictadura niega la entrada a Nicaragua de Monseñor Rodrigo Urbina, párroco de Sutiaba, León
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no permitió el ingreso al país de Monseñor Rodrigo Urbina, párroco de Sutiaba, en León, y sobrino del fallecido obispo Bosco Vivas.
Se conoció que el pasado 27de enero, Monseñor Urbina abordaría un avión en Miami para regresar a Nicaragua, pero ahí le informaron que no contaba con el permiso del régimen para regresar.
Nuestro medio aliado, DESPACHO 505 llamó al número telefónico de Monseñor Urbina, pero la comunicación fue atendida por otra persona quien, les dijo que la pregunta sobre la negación de ingresar al país del religioso, la podía responder el obispo de la Diócesis León, Monseñor Sócrates René Sándigo.
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Al obtener esta respuesta, llamaron a Sándigo y su asistente dijo que este no podía contestar porque “tiene la agenda apretada”. No obstante, el medio de comunicación asegura que la situación que enfrenta Monseñor Urbina se debe a desavenencias con el Obispo de la Diócesis.
DESPACHO 505 detalló que desde que murió el obispo Bosco Vivas, Monseñor Urbina se quedó sin protección y aseguran que no tiene buenas relaciones con Sándigo, por lo que especulan que este podría estar detrás de su exilio.
Ataques a la Iglesia
La hostilidad del régimen contra la Iglesia Católica ha llevado al exilio a decenas de sacerdotes, unos forzados y otros salieron huyendo por la inminente captura que pendía sobre ellos.
Los que no están exiliados y resultaban molestos al régimen están encarcelados, entre ellos monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, mientras tanto, los sacerdotes, diáconos y el laico que estaban con él en su secuestro en la curia de Matagalpa ya fueron enjuiciados y declarados culpables.
Los sacerdotes declarados culpables son Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la Universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa y su antecesor Sadiel Antonio Eugarrios Cano; además del diácono Raúl Antonio Vega; los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno; así como el reportero gráfico Sergio Cadena Flores, quien se desempeñaba como camarógrafo.
En su cuenta de Twitter, la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) denunció que el fiscal Manuel Rugama pidió 10 años de cárcel y 800 días de multas contra las siete personas que fueron declaradas culpables.