EEUU rechaza cancelación de 25 ONGs, estado autoritario y unipartidario impuesto por Daniel Ortega
El organismo internacional “Raza e Igualdad” también mostró su enérgico rechazo a las múltiples violaciones a la libertad de asociación perpetradas por la dictadura de Daniel Ortega.
Brian A Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, condenó la cancelación de las personerías jurídicas de 25 Organizaciones no Gubernamentales, que trabajaban en favor de los más necesitados.
“Ortega-Murillo ha despojado a otras 25 ONG de su estatus legal, privando a los nicaragüenses de servicios sociales vitales, información confiable, y oportunidades. En su impulso por crear un estado autoritario y unipartidario, el régimen arrastra a todo el país a un camino oscuro”, escribió el diplomático norteamericano en su cuenta de Twitter.
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En la última arremetida de los diputados -quienes usurpan los escaños en la Asamblea Nacional-, los legisladores despojaron de su personería jurídica a Operación Sonrisas Nicaragua, que atendía de forma gratuita a niños con labio leporino y paladar hendido.
De igual manera, los legisladores, a petición de Daniel Ortega -quien usurpa la presidencia del país- también cancelaron la personería jurídica de varias organizaciones civiles, entre ellas la Asociación de Periodistas de Nicaragua, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y al Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Caribe Nicaragüense (CEJUDHCAN), entre otras.
Raza e Igualdad rechaza cierre de organizaciones
El organismo internacional “Raza e Igualdad” expresó su enérgico rechazo a las múltiples violaciones a la libertad de asociación perpetradas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el año 2018, las que se han intensificado en los últimos cuatro años con la cancelación de la personalidad jurídica de más de 130 organizaciones.
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Raza e Igualdad, también lamentó la cancelación de la personería jurídica de CEJUDHCAN, un espacio para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua.
“En la cancelación de las personalidades jurídicas, preocupa especialmente la cancelación de CEJUDHCAN, pues su trabajo en favor de los pueblos indígenas y defensa de los derechos humanos con enfoque en los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, es de suma importancia para las poblaciones que se encuentran en situaciones vulnerables y que históricamente han sido olvidadas por los gobiernos de turno, incluido el gobierno sandinista en los años 80 y, nuevamente, desde el período 2007-2022”, denunció Raza e Igualdad en su sitio web.
El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Caribe Nicaragüense ha advertido de un aumento significativo de la violencia protagonizada por “colonos” que han invadido las tierras que les pertenecen a los pueblos indígenas que habitan en el territorio.
Ortega-Murillo ha despojado a otras 25 ONG de su estatus legal, privando a los nicaragüenses de servicios sociales vitales, información confiable, y oportunidades. En su impulso por crear un estado autoritario y unipartidario, el régimen arrastra a todo el país a un camino oscuro — Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) March 18, 2022
“Las agresiones han sido tan graves que, el 11 pasado de marzo, el Gobierno Indígena del Territorio Mayangna Sauni Arungka, decretó un estado de alerta ante una posible invasión de tierras luego que uno de sus miembros fuera torturado y asesinado, tras haber desaparecido durante varios días cuando trabajaba una parcela de tierra”, se lee en el pronunciamiento del organismo internacional.
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“La cancelación de CEJUDHCAN demuestra el irrespeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas consagrada en la Constitución de la Nación. Además, demuestra la falta de voluntad del gobierno a la organización de los pueblos indígenas como comunidades autónomas”, añade el documento.
Raza e Igualdad se muestra preocupada por el cierre de CEJUDHCAN, lo que agrava aún más la situación de grupos que han sido históricamente vulnerabilizados en Nicaragua, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, y mujeres; así como el cierre de más espacios participativos y de diálogo, la censura y el recrudecimiento de la represión, finaliza el documento.
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