Abogados del Pueblo interpone recurso de amparo contra ocupación ilegal de Oficinas de OEA en Managua

El pasado 26 de abril, la Procuradora General de la República decretó la declaratoria de la sede de la OEA en Managua de utilidad pública para la creación del “Museo de la Infamia”.
Consejo de Comunicación y Ciudadanía

Abogados Defensores del Pueblo interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte suprema de Justicia (CSJ) por declararse de utilidad pública la propiedad donde funcionaban las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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El pasado 26 de abril, la Procuradora General de la república decretó la declaratoria de la sede de la OEA en Managua de utilidad pública para la creación del “Museo de la Infamia”. 

“Nosotros dejamos ver que el acto que ella realiza es ilegal porque para poder decretar esa resolución debe estar revestida de legalidad. Ella debe de haber sido abogada por diez años y un diario de circulación nacional deja entre ver que la procuradora fue incorporada por la CSJ en 2018, es decir apenas lleva cuatro años”, dijo José Antonio López de los Abogados del Pueblo en referencia al presente recurso de inconstitucionalidad.

Asimismo, López explicó que de acuerdo al artículo 161 de la Ley 114, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República obliga al procurador y Subprocurador a ejercer la profesión de abogado por lo menos diez años. Argumentando su recurso.

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“Sino está revestida de la legalidad para poder emitir ese Acuerdo Ministerial 10-22, carece de legalidad y eso puede dar pase a los dueños de esta propiedad de demandar al Estado de Nicaragua por daños y perjuicios”.

En este punto, López añadió que, si los propietarios mantenían un contrato de arriendo con la OEA, el mismo se incumplió, sumado a la procuradora que no estaba revestida de legalidad.

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De acuerdo con La Gaceta Diario Oficial, Wendy Carolina Morales Urbina fue nombrada en el cargo de Procuradora General de la República el 9 de mayo de 2019. Desde once de enero de 2019 esta funcionaría ejercía como Sub Procuradora General de la República, según Acuerdo Presidencial 01-2017 publicado entre el 10 y 16 de enero.

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