Noticias NicaraguaPolíticaFondo Catalán: "no éramos un estorbo en Nicaragua"

Fondo Catalán: "no éramos un estorbo en Nicaragua"

En los últimos años la cooperación catalana invirtió unos 14 millones de euros en proyectos de desarrollo local a través de hermanamientos con las alcaldías. Xavier Ruiz, el responsable para América Latina rechaza los señalamientos de la dictadura
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Xavier Ruiz (derecha), el responsable para América Latina del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo.
Cortesía

Quince proyectos de gran impacto local han sido obligados a cerrar esta semana en Nicaragua con la expulsión del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo, una decisión unilateral de la dictadura de Daniel Ortega que los señaló de no promover políticas de transparencia en el manejo de sus operaciones financieras. 

“Hemos cumplido con todo lo que nos han pedido, por tanto, la excusa que ponen para echarnos del país no está basada en la realidad”, responde en esta entrevista con DESPACHO 505 el responsable para América Latina, Xavier Ruiz, la primera que concede tras su expulsión de Nicaragua en el mes de junio.

El Ministerio de Gobernación dio un plazo de 72 horas para completar la salida de Nicaragua, que se vence hoy.  

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¿Al día de hoy ya se completó su salida de Nicaragua? 

Estamos en un proceso de cierre que hubiéramos querido que fuera mucho más ordenado, pero por desgracia hay un precedente ya en junio por el cual a mí se me obliga a salir del país inmediatamente, me dieron un plazo de 72 horas que yo cumplí. Desde ese momento empezamos un proceso de cierre, según nos lo marca la ley, cumpliendo, como siempre hemos hecho, con todas las obligaciones frente a las distintas administraciones del Estado. 

Esperábamos que de un momento u otro saliera la publicación en La Gaceta o el decreto ordenando el cierre definitivo del Fondo. Nos agarró en un momento en el que estábamos haciendo ya todo ese proceso.  

¿Su expulsión de Nicaragua se dio al comunicar que iban a trasladar la sede de Managua a Costa Rica? Es decir, fue una respuesta a ese anuncio o llegó como una medida unilateral. 

Teníamos un cierto pacto con altos responsables del Gobierno de distinto nivel en el sentido de que nosotros podíamos trabajar en Nicaragua si se cumplía una serie de requisitos, que es básicamente no inmiscuirse en cuestiones de política y no hacer más allá de lo que permite el trabajo de cooperación.  

En este momento hay unos mínimos indispensables para trabajar en Nicaragua. Nosotros después de realizar ese acuerdo seguíamos trabajando, pero el Gobierno decidió de manera unilateral que ese pacto se rompía en el momento que conoció la decisión de trasladar nuestra oficina a Costa Rica.  

Fue una decisión puramente operativa por las dificultades que ha habido en los últimos años en Nicaragua, para tener sedes permanentes con lo que eso significa en términos de burocracia, pues decidimos trasladar nuestra sede a Costa Rica y seguir trabajando con el resto de Centroamérica desde aquí.  

Cuando se conoce esa noticia todo cambia. Llega una orden de expulsión inmediata sin sentido totalmente, porque probablemente alguien politizó una decisión que para nosotros era meramente operativa y desde ese momento cambió el panorama. Nos obligan a salir del país de manera intempestiva y a cerrar todos nuestros proyectos.  

¿Qué va a pasar con sus bienes en Nicaragua? 

Tenemos la potestad de hacer donaciones a las contrapartes con las que trabajábamos en el país. Tenemos una lista de donaciones a más de una organización. Nuestros bienes no van más allá de algún vehículo, mobiliario y poco más. No teníamos sede física propia, sino que estábamos alquilando espacios.  

Aquí lo más preocupante es cómo van a quedar los más de 15 proyectos que teníamos activos en Nicaragua. Cómo van a quedar los miles de personas que estaban recibiendo, de una u otra manera, el apoyo, el financiamiento del Fondo. Esos proyectos van a quedar colgados sin la posibilidad de hacer seguimiento a ese trabajo.  

Antes de entrar en detalle en los proyectos, el Gobierno los señala de no promover políticas de transparencia en el manejo de los fondos. ¿Cómo responden? 

Siempre hemos estado dando respuesta a todas las demandas que el Gobierno nos hacía. Es cierto que ha habido un incremento de la fiscalización a través de distintas leyes para que las organizaciones internacionales cada mes de manera sistemática presentemos una serie de documentos. Esto lo hemos venido haciendo desde siempre, lo que pasa es que también el margen es muy estrecho en el sentido de que nosotros no somos una oenegé, somos la agencia municipalista de cooperación. Tiene un trasfondo político, nuestros jefes todos son alcaldes y, por lo tanto, nuestra consideración debería ser distinta al de las oenegés porque nuestra manera de trabajar es distinta.  

Esto ha sido algo imposible de conseguir. Hemos cumplido con todo lo que nos han pedido, por tanto, la excusa que ponen para echarnos del país no está basada en la realidad.  

¿Cuál es el impacto que tiene la salida del Fondo Catalán de Nicaragua? ¿A cuánto asciende la cooperación que estaban ejecutando? 

Teníamos activos 15 proyectos. En este momento, los recursos que estaban en movimiento suman aproximadamente unos 700 mil euros, pero nosotros a lo largo de los últimos años hemos estado apoyando a Nicaragua con unos 14 millones de euros en distintos proyectos.  

La cooperación municipalista no son proyectos de gran envergadura, sino que son de base local que se trabajan directamente con las alcaldías y en algunos casos con la sociedad civil. Son proyectos de pequeña magnitud, pero de gran impacto local.  

¿Qué tipos de proyectos se estaban ejecutando y en qué zonas del país? 

Estamos hablando de temas de infraestructura local, agua y saneamiento, gestión de residuos, temas educativos, sanitarios, el abanico es muy amplio.  

Nosotros trabajamos con hermanamientos de ayuntamientos de Cataluña, España y Nicaragua. Son hermanamientos a largo plazo, no son proyectos que terminan en un año.  

En los más de 20 años hemos trabajado en todos los departamentos desde la Costa Caribe hasta toda la costa Pacífico. 

¿Qué les han dicho los beneficiarios, cuál es el sentir de la gente en los territorios?  

Los beneficiarios son los más perjudicados. No ha habido una respuesta muy directa porque en este momento no hay canales suficientes para que las personas puedan expresarse con total libertad. A nivel personal he hablado con algunas personas que están lamentando esta situación. Además, si hubiera sido por las autoridades locales, incluso por algunos funcionarios de ministerios, nosotros seguiríamos trabajando en Nicaragua. Creo que la orden es vertical, que llega en determinado momento, sin mucha racionalidad. Nosotros no éramos un estorbo para Nicaragua y para nadie, lo que pasa es que hay decisiones que se toman desde muy arriba que no tenemos capacidad de cambiar. Lo único que podemos hacer es acatar y lamentar.  

Hay suscritos más de 30 hermanamientos activos y nuestra idea es seguir trabajando en Nicaragua. Nuestro compromiso sigue firme. Seguimos trabajando en todo el mundo en situaciones muy complicadas. Estamos en Ucrania, hemos estado en situaciones de guerra; en África estamos trabajando en países donde precisamente la democracia brilla por su ausencia. Nuestro compromiso sigue estemos dentro o fuera de Nicaragua. Evidentemente, no será de la misma manera porque no podemos utilizar los canales oficiales con los que íbamos trabajando a través de la cooperación.  

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En Costa Rica hay más de 200 mil personas solicitantes de refugio, hay población nicaragüense con la que podemos seguir trabajando a partir de los criterios que nos rigen. 

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