La persecución religiosa y su impacto con el cierre de la UCA en Nicaragua

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo cerró y confiscó a la Universidad Centroamericana (UCA) hace ya un año, el 16 de agosto de 2023, pero los Ortega Murillo la comenzaron a ver como “enemiga” desde el 18 de abril de 2018, el día en que empezaron las protestas cívicas que desembocaron en la crisis sociopolítica que persiste en Nicaragua.

“Ese día la manifestación pasó enfrente de la UCA y la universidad estaba cerrada porque había huelga y no había estudiantes. La manifestación empezó a ser disuelta a tiros y la UCA abrió las puertas para que la gente se refugiara. Fue una labor de misericordia, humana, cristiana básica. Hay que ayudar al perseguido. Pero fue la fuente del odio de los Ortega Murillo”, explica a 100% Noticias padre José María Tojeira, designado por los jesuitas para ser el vocero en el caso de la confiscación de la UCA.

Tojeira señaló que los Ortega Murillo no quieren ningún tipo de compasión con los que consideran enemigos y cualquiera que se compadezca o se solidarice con ellos, automáticamente se convierte en enemigo”.

Como universidad católica, indica el sacerdote, la UCA seguía los lineamientos de la iglesia, a la cual la dictadura también persigue por hablar “la verdad.

“La UCA también era un lugar donde se hablaba con libertad, se hacían críticas, críticas a las violaciones de derechos humanos, había compasión de los perseguidos, eso les molestaba mucho también”, expresa Tojeira.

A los Ortega Murillo les habría molestado cuando la misma dictadura pidió que se mediara en el momento en que los estudiantes tenían tomadas varias universidades en Managua, y el entonces rector, el padre José Idiáquez, dijo que “los estudiantes en algunos reclamos tenían la razón”. “Eso también les sentó muy mal”, afirma Tojeira.

“Esas razones dejan ver que el odio a la iglesia no es por ser iglesia, sino por tener una serie de virtudes que las siente el dúo Ortega Murillo como opuestas a ellos. No quieren compasión con los enemigos de ellos, no quieren diálogo con nadie, no quieren mediaciones a favor de un cambio, no quieren nada”, sentenció Tojeira.

De esa forma, el cierra y confiscación de la UCA se enmarca dentro de la persecución religiosa que desde 2018 los Ortega Murillo han desatado contra la iglesia católica, que sufrió 870 agresiones de parte del régimen orteguista entre abril de 2018 y julio de 2024, según documento la investigadora Martha Patricia Molina en cinco informes que ha elaborado alrededor de los ataques a la iglesia católica originados por las protestas.

En ese periodo de casi cinco años, la dictadura ha enviado al exilio a 245 religiosos, a muchos de los cuales ha mantenido encarcelados, entre ellos el obispo Rolando Álvarez; ha prohibido 9,688 procesiones y actividades religiosas, 56 profanaciones de templos, confiscado cuentas bancarias de las parroquias y colegios católicos, cerrado 14 congregaciones religiosas, clausurado 22 medios de comunicación católicos, y cerrado otras universidades católicas como la Unica y la Juan Pablo II, entre otras muchas barbaries.

La represión contra la UCA

Los Ortega Murillo comenzaron su ataque a la UCA desde junio de 2018, cuando el padre Idiáquez fue amenazado de muerte, a lo cual siguió una “campaña de odio” y un “acoso financiero” contra la universidad, expuso la investigadora Martha Patricia Molina.

Luego, en 2019, los Ortega Murillo usaron al Consejo Nacional de Universidades (CNU) para castigar a la UCA, pues le redujeron “drásticamente” la asignación que le correspondía del seis por ciento. En el año 2022, la dictadura solo le entregó a la UCA un millón de córdobas, cuando en 2017, antes que estallaran las protestas, le entregó 256 millones de córdobas.

Los dictadores no se conformaron con esa enorme reducción y, en marzo de ese año 2022, la Asamblea Nacional dejó por fuera a la universidad de la asignación del seis por ciento.

En septiembre de ese mismo año, no dejaron entrar al país al padre Idiáquez y, días después, tampoco dejaron entrar al vicerrector académico, el científico Jorge Huete.

Un año después, los Ortega Murillo consumaron su odio contra la UCA, pues le congelaron las cuentas bancarias, le confiscaron los bienes inmuebles y finalmente la despojaron de la personería jurídica para crear, dentro de las instalaciones de la misma, otra universidad a la medida de la dictadura, la llamada Casimiro Sotelo.

Los daños

El padre Tojeira indica que la dictadura afectó grandemente a la Compañía de Jesús o jesuitas, los dueños de la universidad, pero también a más de 5,000 estudiantes que tenía la UCA.

Fueron canceladas dos personerías jurídicas, la de la universidad y de la Compañía de Jesús, que era dueña de una residencia que estaba a la par de la UCA y en la que se alojaban sacerdotes ancianos, de entre 87 y 100 años de edad, la mayoría enfermos.

La compañía también tenía una serie de cuentas bancarias para ayudar precisamente a los sacerdotes ancianos con medicinas y otras necesidades.

Dos de los sacerdotes, que estaban en sillas de ruedas, fueron sacados a El Salvador por temor a que sufrieron maltratos si eran expulsados del país por la dictadura. Los demás decidieron quedarse en Nicaragua para “ayudar en lo que pueden”. Uno de los sacerdotes cumplió 100 años en diciembre pasado, cuatro meses después de haber sido expulsado de la residencia por la Policía del régimen.

En el caso de la universidad, era dueña de importantes institutos, como la biblioteca, el Instituto de Historia, entre otros.

Además, tenía tierras dedicadas a la experimentación agrícola, como 120 manzanas en el kilómetro 14 de la Carretera a Masaya y otras 200 manzanas por Nagarote. “Se quedaron con buenas propiedades”, manifestó Tojeira.

Por otra parte, de los más de 5,000 estudiantes que tenía la UCA, solo se le pudo ayudar a unos 800 para que fueran reubicados en otras universidades jesuitas de Centroamérica, en El Salvador y Guatemala, aseguró el religioso.

Así fue el cierre de la UCA 

reveló que ni siquiera hubo una llamada a las autoridades universitarias para que respondieran a las acusaciones de traición y terrorismo, y no se permitió el derecho a la defensa ni hubo proceso judicial”. Lo único que hubo fue una “orden escueta de una jueza obediente al régimen”“orden escueta de una jueza obediente al régimen”.

El 15 de agosto 2023, la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, ordenó la incautación de todos los bienes inmuebles y cuentas bancarias de la UCA. Fue el 16 de agosto, que la UCA confirmó, en un comunicado, la confiscación y suspendió todas las actividades académicas y administrativas.

Un día “triste”

Fue “un día triste” ese 16 de agosto de 2023, dicen estudiantes y académicos de lo que fue la UCA, en Managua.

Por la mañana, habían pocas personas dentro de la universidad. El personal, algunos visitantes y unos pocos estudiantes, pues aún era tiempo de matrículas. Faltaban pocos días para que iniciara el segundo semestre.

En Registro Académico, un número de estudiantes que se podían contar con los dedos de las manos se apresuraban a tramitar sus notas. En el IHNCA unas personas cargaban cajas de libros y documentos en un carro liviano que se apostó en la salida trasera de ese instituto.

Por la tarde de ese día, circuló una foto que reveló los momentos de tensión que se vivieron horas antes, pues en la misma se observa a unos trabajadores de la UCA bajando apresuradamente un Cristotrabajadores de la UCA bajando apresuradamente un Cristo que los jesuitas tenían en el altar mayor de la capilla de la misma.

Y así en cada oficina, movimientos raros que no todos pudieron percibir, pues solo unas pocas personas sabían lo que estaba ocurriendo: que la dictadura Ortega Murillo había iniciado una causa judicial contra los jesuitas por el delito de terrorismo y una jueza ya había ordenado la incautación de la UCA con todos sus edificios, muebles, dinero de las cuentas bancarias. Todo.

El entonces Ministerio de Gobernación le dio el golpe final, el 18 de agosto 2023, al "aprobar la cancelación de la Personalidad Jurídica de la Universidad Centroamericana (UCA)""aprobar la cancelación de la Personalidad Jurídica de la Universidad Centroamericana (UCA)". Alegaron supuesto incumplimiento de presentación de sus estados financieros durante los periodos fiscales de 2020, 2021 y 2022 y supuestamente su Junta Directiva estaba vencida desde el 18/03/2022.

La pesadilla de los estudiantes

El cierre de la UCA no fue algo de un solo día, aclara Claudio. Siete días antes circuló la información del congelamiento de las cuentas bancarias.

“Desde el 2021 se rumoraba que la UCA iba a ser cerrada. Primero se le quitó el seis por ciento (asignación constitucional del Presupuesto General de la República). Después se le fue presionando, no se le quería acreditar por el CNEA (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación)”, expresó Claudio.

Por esos días, el régimen también inhabilitó, a través de la Dirección Alterna de Resolución de Conflictos (Dirac), el Centro de Mediación que funcionaba en la universidadCentro de Mediación que funcionaba en la universidad, lo que también afectó al Bufete Jurídico de la UCA.

Cuando congelaron las cuentas bancarias, comenzó la zozobra de los estudiantes. “Hubo una primera comunicación, en la que (las autoridades de la UCA) llamaban a la calma, que harían lo posible porque todo se restableciera. No fue posible. Cuando ya fue confiscada, la UCA no tenía comunicación directa con los estudiantes, todos los correos los cancelaron. Perdimos muchas cosas”, relata Claudio.

Un día después del cierre de la UCA, la dictadura, a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU), creó una nueva universidad dentro de las mismas instalaciones y la llamó Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, dándole el nombre de un antiguo guerrillero sandinista que fue amigo del dictador Daniel Ortega, cuando ambos estudiaron precisamente en la UCA en los primeros años de la década de 1960.

Los estudiantes no tenían idea de quien fue Casimiro Sotelo. “Buscamos en internet para saber quién era”, explica María, para quien la apertura de la “Casimiro”, le causó sentimientos encontrados. Por un lado, un alivio porque podría terminar la carrera de derecho. Por otro, pesar porque ya no saldría de una universidad con prestigio como el de la UCA.

Antes, María tuvo que esperar meses que se le hicieron eternos para regresar a clases, porque el régimen Ortega Murillo no pudo hacer funcionar tan pronto una universidad como la UCA. Tres veces se pospuso el inicio de las clases.

“Nadie cree en la Casimiro, pero se apropiaron de todas las notas”“Nadie cree en la Casimiro, pero se apropiaron de todas las notas, expresa Claudio, explicando que el inicio fue difícil para el régimen porque los estudiantes de la UCA no querían matricularse en la Casimiro y buscaron otras universidades que tuvieran un prestigio similar al de la UCA.

Una de esas opciones fue la Universidad Americana (UAM), propiedad del ejército, pero los estudiantes consideraron que ahí había “un mínimo de calidad educativa”, afirma Claudio. Fueron cientos los estudiantes que buscaron la UAM, se llegó a hablar de más de 600, pero a los pocos días de haberse matriculado la universidad les canceló la inscripción. Ni la UAM ni otras universidades aceptaron a los que llegaban de la confiscada UCA.

“Fue vergonzoso para la UAM que los obligaran a cancelar matrículas”, dice Ernesto Medina, quien fue rector de esa universidad.

Al cerrárseles las puertas de las demás universidades en Nicaragua, quienes no podían salir del país no tuvieron otra opción más que ingresar a la Casimiro, pero, cuando lo intentaron, no los admitieron. “A los que no habían asistido (desde que el régimen convocó a matrículas), los tacharon y no los dejaron continuar estudios. Fueron muchos los estudiantes de la UCA que no pudieron continuar en la Casimiro, aunque quisieran”, explica Claudio.

El líder estudiantil Edgard Blanco dice que ocurrió lo mismo que en las universidades públicas, donde se niega el derecho a la educación al estudiante del que se sospecha que no apoya al régimen. “Es una negación de matrícula con tintes políticos”, señala Blanco.

La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal) apoyó para que algunos estudiantes de la UCA fueran a estudiar a la universidad hermana de la UCA en El Salvador, llamada Simeón Cañas, así como en la también universidad jesuita de Guatemala, la Rafael Landívar, pero solo una minoría lograron aprovechar esas becas, porque el traslado a esos países implicaba abandonar a la familiar, así como gastos de transporte, alojamiento, alimentación, entre otros. 

Además, para esas universidades también fue complicado porque “no tenían contemplado” recibir a una avalancha de estudiantes, manifiesta Claudio. “No a todos les dieron becas. Fue una opción limitada”, añade.

El entonces rector de la UCA de El Salvador, el padre Andreu Oliva, dijo a los pocos días de la confiscación que unos 1,600 estudiantes tocaron las puertas de esa academia, pero que sería “difícil atenderlos rápidamente”.

“Nosotros estamos haciendo todo lo posible, pero ciertamente no podríamos hacerlo de manera inmediata. También ya tenemos los cursos iniciados en ambas universidades (la de El Salvador y la de Guatemala) y quizás no podremos responder y comenzaremos a hacer un trabajo hasta principios del próximo año (2024)”, dijo el padre Oliva a finales de agosto de 2023, en una entrevista con el medio Confidencial.

En total, señaló después el padre José María Tojeira, fueron cuatro mil los estudiantes de la UCA que buscaron continuar sus estudios fuera de Nicaragua.

La mayoría de esos estudiantes no lograron continuar sus estudios, unos porque no sentían seguridad de ingresar a la universidad que la dictadura creó en las instalaciones robadas a la UCA, la Universidad Nacional Casimiro Sotelo MontenegroUniversidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, y otros porque no tienen los recursos para estudiar en otro país, explica el dirigente estudiantil Edgard Blanco, del movimiento Acción Universitaria.

Los estudiantes de escasos recursos no tuvieron otro camino que ingresar a la Casimiro y algunos, como táctica, debido a que la dictadura secuestró los registros académicos, entraron solo para sacar las notas y luego continuar estudios en otra universidad, revela Claudio.

Otros estudiantes, muy pocos, han buscado seguir en otras universidades de Costa Rica, Estados Unidos y Europa.

Los docentes que se quedaron en la Casimiro “tienen miedo a expresar su pensamiento libremente”, afirma Medina, mientras que Blanco asegura que “los más críticos, los que apoyaron a los estudiantes, han tenido que salir” del país.

La ciencia, otra víctima

Ernesto Medina también se duele de que con el cierre de la UCA “hemos perdido el mejor centro de investigación de la historia de Centroamérica y Nicaragua”, como era el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), así como también se eliminaron valiosos centros de investigación científica, como el centro de biología molecular y muchos otros.

“Es un crimen contra el país”, sentencia Medina.

“No pensaron los dictadores ni en los institutos de investigación. No quiero ni pensar lo que está pasando con la biblioteca. El gobierno solo piensa en sostenerse en el poder. No les interesa la gente que piensa. Los jóvenes quieren educarse, pero ellos solo quieren que la gente diga gracias al comandante y a la compañera”, se queja en entrevista con 100% Noticias.

Medina revela que la UCA apoyaba a la Academia de Ciencias de Nicaragua con una oficina y una asistente para la junta directiva y todo eso también se perdió. “La UCA era la que apoyaba a la academia y por eso funcionaba”, dice.

La realidad de la Casimiro

“Las flores, los arbolitos y todo lo que era la UCA siguen bien cuidados”, explica María, quien no tuvo otra opción que continuar los estudios en la Casimiro.

Lo que no sigue igual es el orden, las condiciones tecnológicas, el ambiente de libertad y la calidad de la enseñanza que antes existió en la UCA, añade la joven.

Cuando la dictadura por fin pudo echar a andar a la universidad, en febrero de este año 2024, “había mucha desorganización”, señala María.

“Preguntabas información al personal y unos te decían una cosa, otros te decían otra, todo era contradictorio. Incluso, algunos nos decían no sé. Nadie sabía nada. No sabíamos dónde acudir. Todo era manual. Se producían errores, en nombres. Estábamos acostumbrados (con la UCA) a hacer todo tan fácil y desde la comodidad del hogar. (Los trabajadores de la Casimiro) se miraban cansados y confundidos”, recuerda la estudiante.

María también siente enormes diferencias en el trato con los docentes. Los de la UCA informaban bien sobre la materia a impartir, las fechas de los temas, la forma de evaluar. A los de la Casimiro parece que lo único importante es si los alumnos asisten o no.

“Muchos de ellos son desconocidos y ni siquiera les importa conocerte. No son abiertos, no son empáticos con la situación que nosotros estamos. Muchos no usan data show para hacer sus presentaciones, ni siquiera nos presentaron el syllabus de la clase, simplemente, llegaron, dijeron su nombre, no nos preguntaron el de nosotros, y comenzaron a dar su clase, no hemos tenido un libro, un temario en orden, sino que hemos recibido clases de acuerdo a lo que ellos consideran que conviene. La asistencia sí la están valorando bastante. Todos los días se pasa asistencia. Dicen, que, si uno no falla, eso acumula puntos”, expresa María.

Claudio, por su parte, explica que los maestros de la Casimiro tienen identificados a quienes eran de la UCA y “los presionan de todo tipo de formas”. “Les exigen excesivamente, o son rigurosos al evaluarlos. Hay cierto rechazo a ellos”, indica.

El líder estudiantil Edgard Blanco no fue estudiante de la UCA, pero desde el movimiento Acción Universitaria ha conocido de cerca el problema y dice que la dictadura organizó un espionaje político dentro de la universidad desde que comenzó a convertirla en la Casimiro.

“A las universidades las han convertido en cárceles. Hay cámaras por todos lados, micrófonos, infiltrados en los guardas de seguridad, personal de limpieza, espías políticos para que escuchen conversaciones”, asegura.

En la Casimiro no se permite que los estudiantes elaboren tesis que critiquen a la dictadura, ni de la forma más leve, agrega Blanco, y en ese afán se eliminan algunas que pueden ser innovadoras. 

“Quemar libros no lo han hecho de forma explícita, pero la quema de libros la han hecho cerrando universidades, desde que prohibieron cierta literatura, cambiando la historia de Nicaragua, qué se puede contar y qué no”, advierte Blanco.

El académico Ernesto Medina agrega que la UCA era un buen ejemplo de lo que es realmente una universidad, pero, al haber sido cerrada, el país pierde y se le suma el hecho de que “las instituciones en Nicaragua tienen un nivel científico bajísimo”.

“Una universidad que solo suple el mercado está lejos de serlo. Tiene que incluir la investigación y la reflexión. Las (universidades) estatales perdieron esa función al plegarse a la voluntad política del gobierno. Los investigadores se han ido. Los rectores son comisarios políticos. Los profesores tienen miedo a expresar su pensamiento libremente. Los estudiantes por la beca no dicen nada y sirven de comparsas en espectáculos tristes”, lamenta Medina.

Por último, Medina señala que “la Casimiro puede hacer cualquier cosa, menos formar a los estudiantes”. “No dejan pensar a la gente. Nos afecta a todos. Todos los nicaragüenses debemos preocuparnos por lo que pasa en Nicaragua”, indicó.