Los medios de prensa de Nicaragua, en la mira de Ortega

Incontables denuncias de acoso, amenazas y ataques de policías y paramilitares saturan desde abril pasado las redes sociales y espacios informativos de Nicaragua. Al asesinato del periodista Ángel Gahona, abatido a tiros por la espalda el 21 de abril en la ciudad de Bluefields, se han sumado agresiones físicas contra reporteros de canales de televisión, diarios y emisoras críticas al Gobierno de Daniel Ortega. Muchos han sido asaltados y despojados de sus equipos de trabajo.

Un caso reciente fue el de la periodista alemana Sandra Weiss, que llegó a Nicaragua para hacer un reportaje sobre la invasión de tierras en una empresa de cítricos de capital suizo en Chinandega y fue retenida por elementos armados que la obligaron a entregarles todas sus pertenencias.

A Weiss la liberaron después de varias horas, sin devolverle nada. De su tarjeta de crédito le sustrajeron 2.000 dólares y realizaron compras de combustible en una gasolinera de la empresa estatal Petronic, asociada a Ortega y su familia, según contó la corresponsal después de abandonar el país.

"Estamos en una lista de periodistas que supuestamente van a eliminar”, denuncia por su parte Jaime Arellano, conductor de un programa político en el canal 100% Noticias, uno de los más críticos al Gobierno. Aseguró que a él lo vigilan hasta con helicópteros que sobrevuelan su casa.

Su colega Luis Galeano, de la misma televisora, permanece en Nicaragua aunque ha recibido amenazas de cárcel y de muerte. "No van a detener mi decisión de hacer periodismo libre”, afirmó.

En las redes sociales, el rostro del joven reportero Yilber Idiáquez, corresponsal de la radio "Corporación” en la ciudad de Masaya, apareció en un "post” anónimo en Facebook al mejor estilo del Viejo Oeste, sobre una leyenda impresa que decía: "¡Asesino terrorista! Recompensa: 5.000 dólares”.

Según Fabio Gadea Mantilla, dueño de la emisora de férrea posición antisandinista, todos sus corresponsales en el interior "han recibido amenazas y son asediados constantemente” por policías, paramilitares y operadores políticos de Ortega organizados en comités barriales.

En tanto, el gerente del canal 10 de televisión, Carlos Pastora, se refugió esta semana en la embajada de Honduras en Managua, en medio de presiones del Gobierno que habría ordenado investigarlo por presunta corrupción y lavado de dinero.

Periodistas aseguran que el acoso a Pastora obedece a un interés presidencial de "apoderarse” del canal 10 y sumarlo a la larga lista de medios de comunicación que incluye una veintena de radios y televisoras bajo control de la familia gobernante.

Otro caso reciente fue el del bloguero Manuel Díaz, director de Bacanalnica.com, una conocida página de sátira política con más de 200.000 seguidores. Las amenazas a Díaz surgieron esta semana, tras una publicación en la que ironizó sobre el derrumbe del turismo a causa de la crisis.

"Hay un acoso real contra los hombres y mujeres de prensa por el hecho de estar informando. El Gobierno está criminalizando el trabajo periodístico”, subrayó Marcos Carmona, directivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Según datos divulgados por PEN Internacional filial Nicaragua, los daños económicos sufridos por medios de comunicación independientes desde abril alcanzan los 600.000 dólares. De ese total, 450.000 dólares corresponden a la destrucción e incendio de la emisora independiente "Radio Darío”, en la ciudad de León, por parte de activistas del Gobierno y paramilitares.

Otros medios afectados son los canales de televisión 12, 10, 23 y 100% Noticias, así como el diario "La Prensa”, la publicación "Confidencial” y cinco medios internacionales cuyos fotógrafos fueron golpeados, detenidos o despojados de equipos, de acuerdo a la misma fuente.

"La represión del Gobierno ha sobrepasado los límites no sólo de lo legal, sino de lo racional. El nivel de los ataques y amenazas ha ido aumentando mes a mes, en frecuencia y en violencia”, expresó la reconocida poeta y novelista Gioconda Belli, presidenta de PEN Internacional-Nicaragua.

Belli señaló que Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, tratan de "inventar un lenguaje capaz de dividir a un pueblo e incitarlo a enfrentarse como enemigos” para asegurarse su lealtad absoluta. "Eso es un crimen y condeno a quienes usan la palabra para matar y provocar la muerte”, enfatizó.