Enrique Sáenz: A fin de cuentas ¿Para qué nos sirve el ejército?

En nuestro comentario anterior anotamos que las sanciones al jefe del ejército, si bien se presentan empacadas como medidas de carácter individual, en definitiva, están expresamente enfiladas hacia el principal pilar de sustentación del régimen, que es, no lo dudemos, el ejército. Es cierto que se afectan las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias y las inversiones del general Avilés, pero eso es lo de menos. Estamos ante una acción netamente política que desborda a la persona y contagia al conjunto de la institución.

¿Cuáles son las implicaciones inmediatas? De entrada, las primeras son de carácter legal. Conforme el Código militar, el jefe del ejército es el representante legal de la institución En tal carácter, es el único con capacidad de suscribir obligaciones a nombre del cuerpo armado. Lo predecible es que Ortega persista en mantener a Avilés en la jefatura, al menos en el corto plazo, sin embargo, para hacerlo, necesariamente tendrá que realizar reformas legales que reduzcan y trasladen competencias actuales del jefe del ejército. O sea que en breve estaremos ante unas fuerzas armadas con un comandante en jefe que legalmente no las representa. Será una aberración, pero, al fin y al cabo, este régimen camina de aberración en aberración.

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El jefe del ejército también preside el Instituto de Previsión Social Militar. En este caso es importante que sepamos exactamente qué es: El Instituto se creó con el propósito de administrar los fondos que aseguran la pensión de retiro de los oficiales. Una especie de INSS, pero solo para oficiales. Con el tiempo, y una cosita por aquí y otra cosita por allá, se ha convertido en un fuerte conglomerado empresarial que incluye empresas constructoras, hospitales, industrias, financieras, ferreterías, edificios de oficinas, residenciales, universidades, zonas francas, instalaciones turísticas, acciones en bancos, inversiones en el exterior. En síntesis, se trata del brazo empresarial del ejército. Un brazo fornido. Con las sanciones, no tienen de otra que eliminar de la junta directiva al jefe del ejército y alejar su firma lo más posible del manejo de los fondos: Jugar con el santo, pero no con la limosna, reza el refrán.

Pronto veremos pues a los sirvientes del régimen en la Asamblea pegando carreras para proteger el capital del ejército.

De otra parte, hay repercusiones propiamente militares e institucionales. Por ejemplo, las relaciones con las fuerzas militares norteamericanas, que tanto esmero pusieron en cultivar, quedan fracturadas mientras Avilés se encuentre al frente del ejército. Y por esta misma razón, se afectan las relaciones con los otros ejércitos de la región. La función de representación difícilmente puede delegarse en mandos de menor jerarquía.

Pero el fondo del asunto aquí es el crudo y rudo mensaje que envío la administración norteamericana, el cual debe medirse en clave estrictamente política, esto es, en clave de poder. El mensaje coloca al Consejo Militar, que está integrado por los principales mandos del ejército, ante un dilema crucial, muy parecido al que enfrentó la guardia nacional en la última etapa del somocismo: o se entierran con el dictador, o intentan re estructurarse para salvar la institución. No necesariamente es una decisión de corto plazo, en tanto que se trata de una decisión estratégica llevará su tiempo y sus formas. Pero una vez tocada la pieza mayor, no tienen alternativa: tienen que mover sus piezas, en una u otra dirección.

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Si hacemos un poco de historia, la guardia nacional tuvo una oportunidad de marcar distancia con Somoza, pero preservó su fidelidad hasta el momento mismo en que el dictador abordó el avión que se lo llevó en un viaje sin retorno. Hoy la guardia es solo un mal recuerdo, para quienes la recuerdan. Y aunque se reconoce que algunos oficiales fueron profesionales, al final todos fueron medidos con la misma vara. La “invicta” guardia nacional quemó sus naves y terminó incinerada.

Este hecho nos conduce a una reflexión final, viendo hacia el futuro ¿Para qué necesita un ejército una Nicaragua en democracia? Si repasamos nuestra historia, todos los cuerpos armados solo sembraron desgracias. Jamás desempeñaron un papel constructivo.

Con el actual ejército muchos esfuerzos se hicieron, muchas expectativas se alentaron, muchos sacrificios se remontaron para convertir el ejército sandinista en ejército nacional, y que por primera vez en nuestra historia tuviéramos un ejército profesional, apartidista, comprometido únicamente con la Constitución y las leyes. Pero la “prueba del ácido” amenaza con dejarlos en el camino.

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Y uno no puede dejar de ver nuestro vecindario. De un lado está Costa Rica, que hace pocos días fue admitido como miembro de la OCDE, la Organización para la Cooperación, y el Desarrollo Económico, un exigente club de países. Con menos recursos naturales, Costa Rica marca gran distancia con el resto de países de Centroamérica, que se debaten en la pobreza, la desigualdad, el atraso, la delincuencia y la falta de institucionalidad. Dos grandes diferencias jalonan esa distancia: Costa Rica abolió su ejército, después de una guerra civil, y otorgó prioridad a la educación de sus habitantes. Se generó así un círculo virtuoso, menos gasto militar, más inversiones en educación. Menos armas, más útiles escolares; menos tanques, más escuelas.