Oscar René Vargas: Nicaragua: el escenario macroeconómico probable

El producto interno bruto (PIB) ha sido adoptado como el principal rasero para medir el éxito o el fracaso de un gobierno. La más obvia de las objeciones a la asociación mecánica entre el PIB y el bienestar tiene que ver con que el tal indicador es una abstracción matemática y que el PIB per cápita promedio no refleja el grado de equidad en la distribución de la riqueza generada por el país en un año determinado.

Su objetivo es cuantificar el valor de la producción de bienes y servicios y sus variaciones, a fin de conocer el comportamiento de la economía nacional en su totalidad, de sus actividades de sectores y ramas, determinar así donde hay crecimiento, estancamiento o decrecimiento. No es un indicador del desarrollo, de la distribución del ingreso y la riqueza, del avance o retroceso social, ni del bienestar.

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Teniendo claro que la medición del ingreso promedio no necesariamente refleja el grado de bienestar de la población, que no toma en cuenta factores como la salud, educación, vivienda, hacinamiento, alimentación, concentración de la riqueza, servicios básicos (agua potable, electricidad, drenaje, telefonía e internet) y la armonía de la sociedad con el medio ambiente.

Teniendo claro que resulta improcedente calcular el bienestar del país a partir del incremento de su renta nacional individualizada; sin embargo, dado las limitaciones de los datos oficiales utilizamos el cálculo como un indicador incompleto. El coeficiente de Gini es un complemento indispensable al PIB per cápita para determina el contexto de igualdad o desigualdad en el que se presenta el crecimiento económico.

Teniendo en cuenta las limitaciones señaladas, podemos decir que el PIB per cápita ha retrocedido en términos reales como resultado de 9 trimestres consecutivos de contracción económica (abril 2018-junio 2020). Es decir, en ese lapso de tiempo la economía no ha logrado crecer a un ritmo más allá del que lo hace la población.

De acuerdo a la información proporcionada por el economista Maykell Marenco, el PIB per cápita del 2017 era de US$ 2,165.17 dólares y su proyección para finales de 2020 será de US$ 1,869.62 dólares. Es decir, una contracción de -13.65 por ciento. En el segundo trimestre de 2020 (abril a junio) se espera una contracción más profunda de la economía. Esta fuerte contracción económica causará “pérdidas cuantiosas” en la recaudación de los ingresos generados por el cobro de los diferentes impuestos. Por ejemplo, por efecto de la pandemia cayeron los ingresos tributarios en el mes de abril. Para poder contrarrestar el déficit se requiere hacer un recorte al gasto público.

La alianza del gran capital y el régimen impuso un modelo fiscal regresivo y defectuoso, lleno de agujeros legales fácilmente explotables por las empresas y los dueños de grandes capitales, que en los hechos constituyó una legalización de la evasión fiscal para los estratos más privilegiados.

Estamos frente a una pandemia de duración incierta, el riesgo de una escasez de alimentos ya está a la vista. Se avecinan tres peligros. 1) Los agricultores pueden producir menos, por la falta de mano de obra o por el incremento de los fertilizantes y otros bienes necesarios para la producción. 2) El crédito, del que depende el flujo de bienes, se ha vuelto más escaso lo que obliga a disminuir el área de siembra. 3) Que los gobiernos de los países desarrollados o de la región centroamericana, temiendo la escasez en sus propios países, decidan restringir el comercio de alimentos y acumular suministros.

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Una crisis en el comercio de alimentos sería perjudicial para todos. La crisis alimentaria es perfectamente posible. La alimentación correcta para todos no está garantizada. Es necesario un ingreso básico para asegurar el poder de compra de la canasta básica alimenticia, pero es preciso no sólo garantizar ese ingreso, sino también la oferta suficiente de alimentos, mediante la producción privada (pequeños y medianos productores) y la comunitaria.

El hambre, la enfermedad, la desnutrición, la miseria que atenaza a cientos de miles de nicaragüenses, es intolerable. El hambre comienza a manifestarse, el hambre de quién perdió su trabajo, del jubilado que no puede comprar todos los alimentos, de los trabajadores informales, de los que viven en pobreza, de los que sufren desnutrición; es decir, el hambre de los más vulnerables. Sin embargo, el régimen no ofrece, propone ninguna solución a esta realidad.

La actividad económica va sufrir este año 2020 una caída del PIB entre el 6 al 10 por ciento. Este comportamiento económico tendrá impactos negativos inevitables sobre el empleo formal, con una pérdida de unos 100 mil empleos formales en el 2020.

Esta estimación no considera la ocupación informal, en la que se refugia cerca del 70 por ciento de la fuerza de trabajo y siendo una mayoría de jóvenes que dominan el mercado laboral nicaragüense en sus diversas modalidades.

En el primer trimestre del año 2020 el comercio mundial cayó un 5.0 por ciento debido a la pandemia del coronavirus, informó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), ente que prevé que para el cierre de 2020 la contracción del comercio internacional será de menos 20 por ciento. En el plano macroeconómico, hay tres escenarios probables: el gris, el oscuro y el negro. Ninguno es bueno, en los tres escenarios describen caídas en la producción. Y en el plano del empleo, se anticipa que más personas se quedarán sin trabajo en la economía formal.

Dos factores son los que van a influir de manera determinante que el escenario probable sea gris, oscuro y negro. El primer factor, la política del régimen por el coronavirus es contraria a todas las recomendaciones de la OMS. En la medida que hay más contagiados y más muertos, la caída de la economía será proporcional al número real de contagiados y muertos.

El segundo factor es que ciudadanos, siguiendo la propaganda oficial, continúan asistiendo a las aglomeraciones promovidas por el régimen y centenares de personas prosiguen viéndose sin cubrebocas en las calles, familias completas, que deberían estar en casa y sólo salir por alguna razón de fuerza mayor. El no mantenimiento del distanciamiento social, el no uso de las mascarillas y no quedarse en casa habrá más contagiados y muertos, con la consecuencia de menos crecimiento económico.

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El régimen Ortega-Murillo después de ignorar las llamadas de atención que hicieron los especialistas nacionales e internacionales sobre el peligro que entrañaba el coronavirus, ahora quieren ocultar la barbarie ocasionada por la implementación de su política de “contagio de rebaño”. Pandemia, crisis económica y barbarie gubernamental se ceban ahora en contra de los más necesitados. En medio de esas calamidades el régimen mantiene la represión contra la población, en ese marco desolación otro dramático hecho se suma a la zozobra ciudadana: el hambre.

La peste tiene olor a cataclismo. Se están muriendo diariamente decenas de personas. Las funerarias que creman están al tope. Los hospitales están repletos. El sistema de salud está colapsado. La pandemia ha agravado el liderazgo de la oposición formal, justo cuando más se necesitaba lo contrario. La dictadura se aprovecha para reconfigurar su estrategia. Después de muchos años de controlar los tiempos políticos, el arrogante dictador no pudo calibrar el peligro de la pandemia condenando a muerte a centenares de ciudadanos inocentes. Tal como aconteció en abril 2018, el coronavirus es otro punto de inflexión en la política nacional por el demoledor impacto en la sociedad nicaragüense.

La crisis sanitaria del coronavirus está generando una bancarrota en sectores de la pequeña y mediana empresas, en el comercio al detalle y la profundización de la recesión. El dictador pareciera creer que, con la quiebra de buena parte del sector privado, él tendrá la cancha libre para construir su sistema ideal, es la idea de someter a todos los poderes fácticos para asegurar la construcción de una dinastía, similar a la de los Somoza. Estamos, en otras palabras, ante el delirio de un caudillo.

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Ortega es un dictador que se siente por encima de la ley cuya toma de decisiones sólo está dirigida por el afán de perpetuarse en el poder pisoteando lo que haga falta mientras esos escombros le sirvan de sostén para seguir anclado al poder. El dictador no duda en pasar por encima del marco legal o de distorsionar el papel de las instituciones, es una persona con dificultades para separar lo personal de lo oficial en el ejercicio de sus funciones. Todas sus decisiones políticas sólo tienen un criterio: su ganancia política personal. La lucha democrática debe ser, también, por establecer un gobierno de las leyes, no de las personas.

A finales de junio 2020 la recesión económica alcanzará nueve trimestres con una caída cercana a menos -20 por ciento entre abril 2018 a junio 2020 y estaremos al borde de entrar técnicamente en depresión económica en el mes de septiembre 2020. ¿En esas condiciones puede irse a la quiebra algún banco? Sólo cabe desear que, si los Idus de Marzo (considerados como negativos), si se han de repetir, su repetición sea más benigna.