Acusaciones por lavado de dinero a ONGs en Nicaragua sin sustento, dice experta

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo -quienes usurpan la presidencia de Nicaragua- se han ensañado contras las organizaciones defensoras de Derechos Humanos críticas al régimen, a quienes por medio de los diputados de la Asamblea Nacional -quienes usurpan los escaños- han despojado de sus personerías jurídicas a más de 100 ONGs de forma exprés.

Los legisladores también han despojado de sus personerías jurídicas a varias universidades privadas, las que minutos después fueron confiscadas de facto por el régimen.

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Una experta en temas de lavado de dinero, bajo la condición de anonimato explicó a 100% NOTICIAS que la dictadura pretende criminalizar a las organizaciones que han sido críticas al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes son señalados por la Comunidad Internacional de violar los Derechos Humanos de los nicaragüenses.

A petición del Ministerio de Gobernación (Migob), dominado por la dictadura, los legisladores despojaron de la personería jurídica a 25 organizaciones sin fines de lucros, entre ellas a Operación Sonrisas, una entidad que se encargaba de operar gratuitamente a niños con labio leporino y paladar hendido.

“No sabemos con precisión a la cantidad de organizaciones que (la dictadura de Daniel Ortega) está persiguiendo, pero un dato que nos acerca a esto es que en el cuarto informe de seguimiento y recalificación del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) a  Nicaragua, que fue presentado en enero de 2020, el Estado de Nicaragua señaló que al 30 de septiembre de 2019, había identificado que habían 1797 organizaciones que podrían ser vulnerables en cuanto al financiamiento del terrorismo y que de estas 208 eran riesgo alto, 581 riesgo moderado y 1,008, están riesgo bajo. Esta cifra no sabemos de dónde la sacaron”, explicó la experta.

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La especialista también agregó que en Nicaragua no ha habido un análisis sobre las organizaciones sin fines de lucro que reflejan que podrían estar incurriendo en faltas.

“No hay una evaluación sectorial del sector de las organizaciones sin fines de lucro, porque esto sería un trabajo que pudiera haber dado estas luces. Creemos que este dato lo sacaron debajo de la manga para sustentar un poco esta criminalización contra las organizaciones amparándose en un delito tan delicado como es el lavado de dinero”, puntualizó la experta.

Confiscaciones de facto

La abogada también detalló que las expropiaciones que la dictadura aplica sobre los bienes de las organizaciones “son de facto”, puesto que se violentan las leyes al no cumplir con el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal y el Código Penal de Nicaragua. 

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“Parte del procedimiento es que una de las sanciones que se aplican es la cancelación de las personerías. El Ministerio de Gobernación se ha convertido en juez y parte. En lugar de hacer investigación, han condenado a las organizaciones sin ser jueces, sin que lleven un proceso judicial, ni investigaciones que nos muestran que estas organizaciones estaban en la criminalidad señalada”, sostuvo.

“Las confiscan como una medida sumamente arbitraria e ilegal, lo que señala la ley contra el lavado de activos, es que si esto fuera el procedimiento que realmente le están incorporando es que hay algunas medidas precautelares y cautelares que se le establecen a las personas que están siendo investigadas y pueden pasar a un tratamiento penal. Entre las medias están la inmovilización de recursos, -congelamiento de cuentas bancarias- y en la parte de la inmovilización de recursos están los activos propiedad, el patrimonio de las organizaciones, se habla de condición, que esto es temporal, no definitiva, si es que hay un proceso judicial”, detalló.

Hasta el momento, el Migob ha señalado que las organizaciones recibían fondos que venían de “organizaciones ilegítimas”, como una manera de desmoralizar a las ong confiscadas.

“Las ONGs recibían fondos de comunidades internacionales que están legalmente constituidas, además que tienen un mecanismo de rendición de cuentas exhaustivos que hace imposibles que a estas organizaciones (canceladas en Nicaragua) se les pueda involucrar con actividades de la criminalidad organizada”, señaló.

Hasta el momento, la única organización que ha sido llevada a los tribunales es la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), en donde recientemente la dictadura condenó a los extrabajadores, como revancha política después que su directora Cristiana Chamorro Barrios mostrara sus aspiraciones a la presidencia de Nicaragua, teniendo un amplio respaldo popular que hizo temblar a Daniel Ortega y a Rosario Murillo en la continuidad del poder.

“Ninguna otra organización ha sido llevada a los juzgados”, sostiene la experta en lavado de activos.

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Desde la experiencia de la abogada, si en un proceso judicial apegado a derecho se comprueba el delito de lavado de activos, el Estado de Nicaragua “decomisa los bienes como una medida de reparación por los daños ocasionados”, aseveró.

La abogada también explicó que en el caso que una organización es intervenida, se tiene que nombrar una junta de liquidación, para buscar el destino de los bienes y honrar los honorarios de las personas que trabajaban en la ONG.

“El gobierno lo único que busca en Nicaragua es callar las voces de las organizaciones que trabajan en Derechos Humanos”, finalizó la experta.