La fábrica de apátridas de Daniel Ortega: la perversidad convertida en ley en Nicaragua

Kevin Solís supo que dejó de ser nicaragüense el mismo día que fue puesto en libertad. Amanecía en otro país al que llegó solo la ropa que llevaba puesta: un jean que alguna vez fue de color azul, una camiseta ajustada con un hedor que tardó días en espantar de su nariz y una biblia. Nada más. Los últimos tres años de su vida, Solís los había pasado en una prisión de máxima seguridad del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Lo que no sabía hasta entonces, era que al sabor agridulce de una libertad lejos de casa, se sumaba otro golpe: a él y a los 221 ciudadanos que ese día fueron desterrados a Estados Unidos, sus perseguidores los declararon apátridas. 

Dominada la mente por las emociones de aquel 9 de febrero del año 2023, Kevin se dijo a sí mismo, igual que la mayoría de los excarcelados políticos, que ya habría tiempo de entender lo que la apatridia significaría en sus vidas.  El momento era la libertad.  “Era vivir una hora a la vez, aunque todo muy confuso, era mejor que los barrotes”, cuenta el expreso político a DESPACHO 505 y 100% NOTICIAS.   
 
Ana Margarita Vijil, también parte del primer grupo de apátridas nicaragüenses, confiesa que de todas las cosas que ha tenido que vivir por oponerse a los tiranos que usurpan el poder en Nicaragua la declaración de apatridia es una de las que más le sorprendió. Y eso que sufrió secuestro, desaparición forzada y cárcel.  “Es año y medio y cuesta creer que hayan sido capaces de eso”, reflexiona. Para ella, una vida no se borra con un decreto: “Nací nicaragüense y moriré siéndolo”, sentencia.

Vijil y Solís, son parte de una lista de ciudadanos que, según Ortega y Murillo, no merecen ser nicaragüenses, porque gritaron en voz alta lo que miles le demandan desde abril de 2018: deben irse del poder y rendir cuentas ante la justicia internacional. El régimen, señalado como responsable de al menos 355 asesinatos de disidentes y de crímenes de lesa humanidad según expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas, tiene “afilada” la apatridia como una nueva arma represiva. 

La estrenó contra los 222 expresos políticos con los que también inauguró los vuelos de destierro. Seis días después, el 15 de febrero de 2023, sumó a 94 ciudadanos entre abogados, escritores, periodistas y activistas de toda causa que ya vivían en exilio forzado. A estos últimos los acusó en ausencia y dictó sentencia sin permitirles defensa y sin que mediara proceso legal. El régimen les arrancó la nacionalidad a través de jueces obedientes y mandó a robar sus bienes como remate de maldad.    

Perversidad en horas 

Ortega no admite que lo llamen dictador. Responde iracundo, pero lo que hace en un país que lo conoce bien no deja ni una sola duda, así reniegue de su propio reflejo: lleva más de 17 años consecutivos en el poder, los últimos seis sostenido solo por las armas. Dejar en condición de apátridas a sus enemigos políticos fue asunto de horas en complicidad con los poderes Legislativo y Judicial que deberían ser independientes de él y entre sí, pero que ha reducido a instrumentos represores y como tal, se prestaron a ejecutar lo que defensores de derechos humanos locales e internacionales han calificado de perversidad total. 

Ortega legalizó la apatridia en Nicaragua en un combo de cuatro reformas a la Constitución ordenadas en menos de seis meses del año pasado, un manoseo a la Carta Magna inédito en la historia reciente del país. La pérdida de nacionalidad quedó consignada bajo la figura de “traidores” en el nuevo articulado. La reforma fue aprobada en una “sesión de emergencia” con 89 votos de los 91 que le han jurado lealtad ciega al dictador.   

Esa vez, los diputados leyeron en voz alta que los opositores liberados eran considerados "traidores de la patria" y argumentaron que la razón era haber faltado a la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, otra disparatada ley política del orteguismo que más que ley de país, es un manifiesto de fidelidad que mandó Ortega a redactar tras la rebelión cívica de abril de 2018.  

En la reforma, los diputados modificaron el artículo 21 de la Constitución para adherir un párrafo que desde el año pasado se lee así: “la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”.  

Minutos después de la reforma, la Asamblea Nacional aprobó la llamada Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad en las que estableció que todo ciudadano nicaragüense condenado por violar la Ley 1055 “perderá su nacionalidad”. Una atrocidad aprobada de forma exprés en un poder legislativo de 90 diputados que ese año solo aprobaron 16 leyes inocuas y que le cuesta al país, más de 680 millones de córdobas cada año, unos 20 millones de dólares anuales. 

“Abrumadora acción represiva” 

Las acciones de Daniel Ortega en Nicaragua no dejan de sorprender. Su cambio de vestimenta de antiguo guerrillero de izquierda a un político corriente capaz de todo “truco sucio” por mantenerse en el poder, mantiene ranqueado a su régimen como una de las peores dictaduras que ha visto América Latina en los últimos años de acuerdo al analista Santiago Cantón y como un régimen “grosero”, una “dictadura hitleriana”, según el Papa Francisco que llegó a incluso a considerarlo en marzo del año pasado, un desequilibrado mental. 

Y es que mientras las Naciones Unidas, a través de su Agencia para los Refugiados, Acnur, anunció en noviembre de 2014 un plan de 10 años para acabar con la apatridia en el mundo, Ortega y Rosario Murillo, el matrimonio septuagenario que se ha apoderado de Nicaragua desde el 2007, sumó más víctimas a los casi 10 millones de apátridas que según la agencia internacional existían desde que anunció su plan global para terminar con el flagelo. 

“Lo que ha pasado en Nicaragua es abrumador”, dice al respecto Carolina Jiménez Sandoval, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Wola, por sus siglas en inglés. Para la activista, los dictadores, Ortega y Murillo,  elevan a máxima potencia sus acciones represivas al cometer una de las violaciones de derechos humanos más funestas del articulado internacional, que es despojar de nacionalidades a opositores, y además, lo hacen de forma “masiva, acelerada y arbitraria”. 

“No tenemos evidencia de una agresión tan fuerte a los derechos individuales como esto”, dice Jiménez Sandoval. “Esta acción ha roto los estándares internacionales de derechos humanos. Hasta el sol de hoy, no habíamos visto algo parecido en este continente en tiempos en el que el mundo lucha contra la apatridia”, reiteró.

Acnur, la agencia internacional de las Naciones Unidas que trabaja el tema de los desplazados en el mundo, señala que el derecho internacional define a un apátrida como “una persona que no es considerada como nacional por ningún Estado”. Explica el organismo, que los apátridas, tienen dificultades para ejercer derechos fundamentales como tener acceso a la salud, educación, empleos y libertad de movimiento. “La apatridia impacta de forma grave y de por vida a los afectados. El apátrida vive una vida llena de obstáculos y decepciones”, explica el organismo en su plataforma oficial.  

📜 El artículo 15.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que la nacionalidad "le pertenece" a la persona. Es un derecho que acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. #DUDH #Nacionalidad #Nicaragua pic.twitter.com/9ZpLokC7oZ — 100% NOTICIAS (@100noticiasni) August 23, 2024

Para Harold Villegas, un especialista en temas de migración y catedrático de derecho internacional de la Universidad de Costa Rica, “se trata de una situación delicada”. “Es preocupante porque se trata de una lesión a un derecho del individuo que tiene largo alcance, impacta a la persona, su vida social y la de su familia”, explica. Y para Jiménez Sandoval, la acción de Ortega y Murillo coloca al país a la par “de un grupo de países que han roto el vínculo jurídico de protección y de garantía que deben darle a sus ciudadanos, algo grave e inaceptable”. 

Ninguno de los especialistas exagera. Un informe divulgado recientemente por la organización Freedom House, incluye a Nicaragua en una lista negra de al menos 55 gobiernos de todo el mundo que utilizan la revocación de ciudadanías para castigar a sus ciudadanos por diferencias políticas. Como resultado, los nicaragüenses como Solís y Vijil y otras decenas de ciudadanos viven ahora las amargas realidades que solo viven ciudadanos de Medio Oriente y del norte de África, donde las autoridades de Bahréin, Egipto, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y juntas militares como la de Myanmar, por citar algunos, han revocado la ciudadanía a cientos de disidentes políticos, activistas de derechos humanos, periodistas y otras personas durante la última década porque se oponen a sus abusos. 

La apatridia: “el pinochetazo” de Ortega

Por apego al poder, Ortega no solo ha imitado a los dictadores de antaño que alguna vez dijo odiar al punto de asaltar bancos y matar gente desde la organización política-guerrillera a la que se integró desde los 16 años y por la que llegó a permanecer siete años en prisión, en medio de una guerra civil provocada por otra familia; los Somoza, que como la de él ahora, estaban convencidos que nacieron para gobernar hasta la muerte. 

En septiembre del año pasado, el dictador Ortega llamó “pinotechito” al presidente de Chile Gabriel Boric, porque le exigió democracia y respeto a los derechos humanos en Nicaragua. En una ironía más de las que acostumbra Ortega, lo comparó con el dictador suramericano Augusto Pinochet, que gobernó con mano dura a Chile entre 1973 y 1990, igual que lo hace él ahora, aunque ya sin uniforme militar ni pistola al cinto como si lo hizo en los años 80.     

Lo que Ortega no le dijo a sus seguidores, es que si alguien actúa como Pinochet es él y no Boric, un líder de izquierda que sí llegó al poder por las urnas en 2022 y que en su país, tiene una aprobación del 63% según las encuestas locales de este año. Así que  aplicar la apatridia por ejemplo, es un ejemplo del parecido de Ortega al fallecido dictador de Chile y no del presidente Boric. 

Antes de los arrebatos de nacionalidades de los nicaragüenses, las declaraciones de apatridias de Pinochet contra nueve opositores en su país hace 51 años, habían sido en América Latina el castigo más perverso de un dictador contra adversarios políticos. Hoy, Ortega es el dueño absoluto de ese terrible precedente en este continente.
    
El dictador y su esposa Murillo, hicieron lo mismo que Pinochet. Ambos reformaron las constituciones de sus países para las revocaciones de las nacionalidades como instrumento para castigar a la disidencia.  “Hablamos de cientos de personas viviendo ahora bajo una medida extrema y arbitraria”, comenta al respecto Jiménez Sandoval.

“Apátridas a granel”  

El doctor Juan Carlos Arce, asignado por el organismo defensor de derechos humanos Nicaragua Nunca+ para conocer el tema de la represión transnacional de Ortega y de Murillo contra los opositores exiliados, cree que desde la desnacionalización de los 222 y de los 94 ciudadanos después, los números de apátridas han ido en aumento como ha ido en aumento la represión dentro y fuera del país.
   
“En este momento le damos seguimiento a al menos 100 casos nuevos”, dice el especialista al hablar con DESPACHO 505 y 100% NOTICIAS. Menciona Arce, que otras organizaciones han denunciado a más de mil ciudadanos declarados apátridas desde la funesta reforma orteguista a la Constitución. 

 “Hay que tomar en cuenta que este régimen aplica un tipo de apatridia, digamos de facto, que es cuando un ciudadano que ha salido del país es impedido de entrar, entonces cae en este limbo. Y de esos casos, hay los denunciados y los que no se denuncian por miedo”, advirtió el abogado. 

Lesther Alemán, el universitario que en 2018 le plantó cara al dictador durante el fracasado Diálogo Nacional, dijo que cuando uno habla de los apátridas que ha producido el régimen Ortega-Murillo, se piensa solo en los 222 expresos políticos –de los cuales él forma parte—y de la lista de los 94 notables, pero que la realidad, supera cualquier especulación. “Esto es más que dramático”, dice. “Estamos hablando de más de 5 mil nicaragüenses que ya viven en el apatrismo”, denunció el opositor.

Arce cree por su lado, que esos números son posibles porque además de los desterrados con tribunales de justicia afines al régimen, deben contarse los expulsados, los que son impedidos de retornar al país y a los que les niegan libretas de viajes y deben salir por puntos ciegos para ponerse a salvo. 

“Uno se pregunta, ¿Qué pasa con aquel ciudadano al que se le niega retornar a su país?, ¿A dónde se quedan? ¿Cómo vivirán? ¿Cómo inician un proceso de estatus regular en un país extraño, sin documentos?, ¿Qué pasa con un ciudadano expulsado u otro que debe huir por puntos ciegos para evitarse un secuestro o una cárcel segura? Nicaragua, es un Estado convertido en una especie de fábrica de apátridas”, acusa el experto. 

Villegas explica que en casos como esos, el derecho internacional tiene claro que los apátridas pueden nacer en esa condición y otros pueden ser declarados por leyes y decretos injustos. “El derecho universal establece que vos pertenecés a un lugar, que es donde vos naciste. Esta gente (apátridas nicaragüenses) son nicaragüenses porque pertenecen al Estado de Nicaragua aunque hoy su gobierno les niegue el derecho”, explica.

La difícil vida de los apátridas de los Ortega-Murillo

Medardo Mairena Sequeira es un campesino que dice a DESPACH0 505 y 100% NOTICIAS que a sus 47 años, lo único que sabía, era hacer producir la tierra. Apresado dos veces por el régimen Ortega-Murillo por liderar marchas, plantones y protestas contra el intento de construcción de un Canal Interoceánico que por años solo estuvo en la cabeza del dictador y su familia, ahora vive en el exilio y en condición de apátrida también. Llegó a Estados Unidos en el mismo vuelo en el que llegó Solís y Vijil.
     
“Yo no acepto la apatridia”, es lo primero que dice cuándo habla del tema.  “Soy nicaragüense. Punto. El señor Ortega puede decir lo que quiera, pero soy nicaragüense, muero y vuelvo a nacer nicaragüense”, reitera. El campesino admite que el exilio ha sido “duro”, como también lo ha sido vivir sin la identidad legal que les niega el régimen. “Claro que ha afectado a muchos. El exilio se puede llevar, es parte de una lucha, pero muchos (exiliados) sé, que han tenido problemas aquí sin papeles, por el problema de la apatridia”, contó. 

Dice que varios campesinos de su movimiento que se cuentan entre los 222, incluyéndolo, han tenido que trabajar en oficios que no tienen nada que ver con lo que han hecho toda una vida. “Hemos sido hombres de campo, de siembros y aquí (en Estados Unidos a donde fueron desterrados) había que hacer otra cosa, con otro idioma. Es difícil, los permisos de trabajo, las identidades, lejos de la familia, en fin. No ha sido fácil”, explica.

Mairena, igual que Solís llegó a Estados Unidos solo con lo que llevaba puesto. “Aquí ningún familiar te esperaba y el día siguiente pues era incierto”, señala el líder campesino. Solís admite por su lado que si a algo le tenía miedo era “a ese amanecer”. “¿Qué hacer mañana?”, dice que solía preguntarse. “Si amanecías en la cárcel, sabías que no podías ir más allá de los barrotes, ¿pero aquí?”, se preguntó. 

Solís recuerda que su único bien al montarse en aquel avión que muchos llamaron “vuelo a la libertad”, era la biblia que le había llevado su madre a la cárcel en una fecha en la que ni él, ni ella recuerdan ahora, debido a que los carceleros orteguistas no se la dieron hasta ese 9 de febrero que fue desterrado.

“Todo exilio debe comenzar en una oficina, con una identidad”, explica por su lado el abogado Yader Morazán. Él es uno de los 94 ciudadanos que conoció --mientras estaba “fuera de casa”-- que el régimen lo había declarado apátrida según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM. Se había ido al exilio tras la persecución de su familia durante la violenta respuesta del régimen a la rebelión de abril de 2018.   
  
 “La medida deja vulnerable los derechos más elementales de los ciudadanos”, señala. “¿Con qué iniciar un proceso para asilo en un país de acogida?”, es el primer problema jurídico que dice él, muchos de los apátridas han enfrentado.  Morazán explicó que Ortega y Murillo, “borraron con leyes torcidas” nombres y apellidos de decenas de ciudadanos, su domicilio y se tomaron por asalto, los bienes que por años lucharon para obtener. “Este régimen atentó contra todos los atributos naturales adquiridos al nacer, con los derechos más básicos. Una barbarie”, califica.  

Añade que en Estados Unidos como en cualquier país del mundo, la identidad es clave para el acceso al mercado laboral, al sistema de salud, para una licencia de  conducir o para la adquisición de algún bien necesario para vivir como el de un automóvil y hasta la necesaria renta de una vivienda, por citar algunos ejemplos. “Un empleo formal te permite acceso a salud, a educación. ¿Cómo lo obtenés sin un estatus legal definido?”, reiteró Morazán. 

El abogado coincidió con Mairena Sequeira sobre lo complicada que ha sido la  situación de los campesinos declarados apátridas. “Ellos como todos, han enfrentado un problema sociocultural grande”, añade. “De pronto son enviados a una ciudad grande, con otro idioma, otra cultura, sin familiares. Básicamente lo tiras al vacío, de verdad, es un desafío gigante y que claro, también tiene una repercusión psicológica”, señaló el jurista que hace unos meses fue nacionalizado por España. 

Hasta junio de este año, ese país europeo ha otorgado ese estatus a al menos 116 nicaragüenses de los 316 desterrados por la dictadura Ortega-Murillo. “Ha sido un gesto generoso que yo agradezco”, dice Vijil “adoptada” por España también. Confió que cuando España hizo la oferta, “la pensó primero”. “Yo dije no, no, yo soy nicaragüense, pero al hablarlo con la familia y verlo con sangre fría, pienso que es una oportunidad extraordinaria que puede ayudar. Se que otros han pasado dificultades por la apatridia”, comparten Vijil a DESPACHO 505 Y 100% NOTICIAS.  

Contra derechos universales 

Villegas dice que ha llevado el caso de los apátridas nicaragüenses a las cátedras que dicta para que estudiantes de derecho internacional lo analicen. “Cuesta creer que se pueden ver cosas como estas hoy”, dice. “La mayor parte del tiempo se analiza la historia, pero esta pasa ahora mismo”, explica. 
   
Cuenta el especialista que en sus aulas se ha discutido los orígenes de la apatridia y que los escenarios más aceptables distan de lo que pasa en Nicaragua. “La apatridia es una secuela en tiempos de posguerra, digamos entre dos países y se originan los desplazados que ninguno de los gobiernos quiere después reconocer por asentarse en territorios que son parte de una disputa. O el problema de los pueblos ancestrales, siempre por el problema de los asentamientos”, explica Villegas.

Ahora –agrega— está la tercera causa: producto de regímenes verticales. Se utiliza como método represivo, pero igual, de este lado del mundo eran cosas que ocurrían hace 30 o 40 años. Sobre los nicaragüenses, hablamos de apátridas que fueron declaradas en el camino de su vida y producto de la situación política especial de represión, no es que ellos nacieron en esa condición. 

Para el especialista, ese origen es clave para una solución futura. “Lo primero, es que habrán países que admitirán esa apatridia, pero la gran mayoría la rechazará. Y ya vemos que hay naciones que han ofrecido darles una nacionalidad y ofrecer su Estado para proteger sus derechos ciudadanos, Chile y España, por ejemplo”, recuerda. 

“Lo segundo, es que dada esa circunstancia, es reversible. Ningún régimen autoritario es para siempre y lo que se hizo de manera, digamos irracional como ley, también se deshace cuando un nuevo gobierno restablezca el derecho, el orden y la justicia en los países que como Nicaragua, ahora padecen los abusos de un sistema autoritario”, añade Villegas. 

En marzo de este año, en San José, Costa Rica, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que investiga las violaciones de derechos en Nicaragua bajo el régimen de Ortega y de Murillo, incluyó el caso de los nicaragüenses a los que la dictadura les ha impedido el retorno a su país y que según el doctor Arce, se convierten apátridas por una acción de facto.   

Los expertos internacionales de la ONU cifraron en al menos 145 los afectados con esa medida durante el año reciente. “La prohibición de entrada al país de nacionales ha sido utilizada, por parte del régimen, como una herramienta más para mantener una espiral de silencio, empleada en este caso en contra de personas opositoras o percibidas como tales y de sus familiares”, citó el informe. 

Según los investigadores de la ONU, la decisión de prohibirle a los ciudadanos  el ingreso a su propio país “viola el derecho a no sufrir injerencias arbitrarias o ilegales en la vida familiar, el derecho a la libertad de circulación y a la libertad de elegir su residencia, consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua”.

Para los expertos, en cuyos informes anteriores han dejado claro que Ortega, Murillo y su régimen violento ha cometidos crímenes de lesa humanidad, estas personas a los que se les ha negado  el derecho de volver al país donde nacieron y viven, pueden considerarse "apátridas de facto" al enfrentarse a una situación similar a la de un apátrida, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.

Los expertos documentaron que entre 2021 y 2024, entre los desterrados al intentar volver a Nicaragua se cuentan 66 mujeres, 79 hombres y 15 niñas y niños. “El patrón se intensificó en 2022 y 2023, en particular después de la expulsión masiva de 222 personas en febrero de 2023 y se ha utilizado también contra ciudadanos exiliados”, dice el informe. 

Crímenes de lesa humanidad 

El doctor Arce dice que los ciudadanos afectados y los organismos de derechos humanos deben mantener la denuncia relacionadas a este abuso. Cree, igual que lo cree Villegas, que el régimen debe ser llamado a rendir cuentas en instancias internacionales.
        
Arce explica que el Estatuto de Roma, que le da jurisdicción a la Corte Penal Internacional, no enlista la apatridia como un crimen de lesa humanidad, aunque sI la causa que llevaron a los ciudadanos nicaragüenses a esa condición. “La apatridia por persecución política lo podría constituir”, dice.  “El  Estatuto de Roma –agrega-- establece que los hechos que constituyen un crimen de lesa humanidad son acciones que cometen a través de ataques sistemáticos contra una población civil y es lo que aquí hemos visto contra un grupo de personas civiles”, dice Arce.
 
“Estas personas son víctimas de persecución y desterradas de su país de forma discutible”, señala por su lado Villegas. “Es un ataque en masa, a un grupo civil identificado plenamente y que se basa en motivos meramente políticos. Cabe pensar que estamos ante la ejecución de un crimen muy grave”, añade a la conclusión la directora de Wola. 

Este reportaje fue elaborado en colaboración de 100% NOTICIAS y DESPACHO 505, con el apoyo de la RedProDePaz y la Red Internacional de Derechos Humanos de Europa (RIDHE).